MEXICO, D.F., 2 de septiembre.- Las fracciones del PRI, PAN, Verde, Panal y una parte del PRD en la Cámara de Diputados acordó integrar propuestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la Ley del Servicio Profesional Docente que reconoce expresamente los derechos laborales de los maestros y la pluriculturalidad educativa, además de rediseñar y fortalecer el Sistema de Normales Públicas.

La Ley deja abierta la posibilidad de que el maestro impugne la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, es decir elimina el proceso sumario.

Además, la ley que fue consensuada entre los líderes de San Lázaro y los dirigentes del magisterio, desincorpora de la evaluación docente a los profesores del Instituto Politécnico Nacional para que se sujeten a su propia normativa.

Incluso contempla que las autoridades educativas, organismos descentralizados y miembros del servicios profesional docente sean sujetos a evaluaciones.

Además, una vez en marcha la legislación, durante los dos siguientes años las convocatorias para concursos de oposición para el ingreso de la educación básica será sólo para egresados de las Normales, y en caso de no cumplir con las vacantes se emitirán convocatorias públicas abiertas.

También establece que la información que se genere de los resultados del concurso de oposición quedará sujeto a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales, es decir será confidenciales.

La Ley de Servicio Profesional Docente contempla que todo aquel docente que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en “será separado de su responsabilidad”.

Sin embargo, deja abierta la posibilidad de que el maestro impugne la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, es decir elimina el proceso sumario y les da a los trabajadores de la educación la posibilidad de defenderse.

También reconocer que las funciones de los docentes, de dirección de escuelas y supervisión deben reunir cualidades personales y competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y culturales promueva el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Obliga al Estado a proveer lo necesario para que el personal docente y en funciones de dirección y supervisión en servicio tenga opciones de formación continua, actualización desarrollo profesional y avance cultural.

Se contempla que una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base después de seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente.

Asimismo, los profesores de nuevo ingreso durante un periodo de dos años tendrá un acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa. Las instancias correspondientes le realizarán una evaluación el primer año escolar, al tiempo que le brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente.

Al término del periodo señalado se volverá a evaluar al maestro para determinar si en la práctica favorece el aprendizaje de los alumnos y cumple con las exigencias de su función. (Agencias)