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Los afectados indicaron que la familia de Saidén Ojeda están operando nuevas rutas de transporte urbano en Kanasín, protegidos por elementos de la SSP.
Concesionarios de líneas de transporte urbano de Kanasín denunciaron la intromisión del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda para imponer y proteger el nuevo servicio de rutas que ahora prestan sus familiares en ese municipio.
Además, acusaron al titular de la SSP de sitiar Kanasín con oficiales, antimotines y policías vestidos de civiles para evitar que se manifiesten en contra de esa situación.
Destacaron que esa represión también incluye el decomiso de sus camiones con las excusas más variables.
En visita a Artículo 7, los concesionarios, encabezados por Jorge Iván Herrera Herrera, dijeron que la intromisión de la familia de Saidén Ojeda dentro del servicio de camiones es ilegal porque se basa en una concesión que perdió vigencia y que además se refería a otras rutas.
Al respecto, el diputado panista, Jimmy Ambrosio Camargo, quien presenció la represión hacia los permisionarios y también estuvo presente en la entrevista, dijo que era algo que ya se venía preparando desde hace algún tiempo, pues a los concesionarios se les negó en diversas ocasiones las solicitudes de ampliación de rutas.
—Es más, también se les ha puesto todo tipo de obstáculos para no regularizar sus camiones, con miras a que al poner en marcha este nuevo servicio, el Ayuntamiento de Kanasín, a través del director de la policía municipal Edwin Díaz, quien se ha tomado atribuciones que no le corresponden a su cargo.
Explicó que la policía a su cargo está deteniendo camiones de los concesionarios afectados exigiéndoles documentos, como licencia y llevándose a quienes, según ellos, no están regularizados.
Jorge Iván Herrera Herrera indicó que semanas antes de la puesta en marcha del nuevo servicio de camiones pertenecientes a la familia de Saidén Ojeda, el Ayuntamiento de Kanasín pidió a los checadores del transporte urbano que realizaran un acomodo de horarios para incluir a más unidades.
Agregó que el municipio también procedió a colocar indebidamente paraderos incluso en el centro de Kanasín.
—Pero el colmo fue que el mismo Saidén Ojeda mandara a "sus" policías para impedir que nos manifestáramos en contra de esta situación, porque honestamente ¿cómo vamos a poder quejarnos si nos están amedrentando con este abuso de poder y de dinero?
Manifestó que quizá por esa situación, los medios de comunicación han ignorado sus quejas al respecto.
En cuanto a las concesiones que consideró ilegales, dijo que la familia de Saidén Ojeda —que incluye a Enrique Bashir Saidén, padre del titular de la SSP, a su hijo, Luis Saidén Quiroz, y a otro pariente suyo, Bashir Saidén Pérez— está haciendo uso de una concesión que expiró hace mucho tiempo y que además correspondía a otras rutas.
Precisó que de acuerdo con la Dirección del Transporte Estatal el concesionario sólo tiene de 10 a 30 días después de autorizada la concesión para ponerla en marcha y si esto no se cumple, entonces se pierde.
—A nosotros nos negaron la posibilidad de dar el servicio que ahora presta la familia del secretario de seguridad con el argumento de que no hay familias en los nuevos fraccionamientos. Entonces, ¿por qué a esa gente sí se la entregan?
Señalaron que ante esa situación, acudieron al Palacio de Gobierno para pedir audiencia con la gobernadora del Estado, Ivonne Ortega Pacheco, pero les dijeron que la mandataria sólo podría recibirlos en unos ocho meses.
—¿Y así dice que "escucha"? No cabe duda, Yucatán no es tierra de sueños, sino de pesadillas.
Dio a conocer que debido a ese desolador panorama ya solicitaron un amparo para evitar que les decomisen más camiones y para que las unidades de la familia de Saidén Ojeda continúen prestando el servicio.
Finalmente, informó que se han visto afectadas por esta situación unas 150 personas, muchas de ellas, por tener decomisadas unidades que recientemente adquirieron a crédito y que no podrán pagar si no trabajan.