Mérida, Yucatán, a 20 de noviembre de 2013.-Los profesionales con conocimientos en peritaje antropológico se vuelven una suerte de aliados de los ciudadanos de las comunidades étnicas de México, a menudo los más desprotegidos y con mayor desventaja cuando se les aplica la justicia al cometer un delito.

Esta situación se da debido a los particulares usos y costumbres que tiene toda comunidad con autonomía cultural y alguno de sus habitantes podría caer en alguna acción o práctica considerada ilegal o delictiva por las leyes de nuestro país, aunque ellos no estén plenamente conscientes de estar violando alguna norma.

Tras ser detenidos por la autoridad y procesados judicialmente, los peritos antropológicos entonces pueden proveer al juzgador de elementos que permitan entender mejor sus costumbres, idioma, motivos y antecedentes culturales que lo hicieron infringir la ley.

De esta manera se puede llegar a sentencias más justas para la población étnica de nuestro país, principalmente cuando la parte afectada comparte los mismos usos y costumbres.

Por ello, para brindar un panorama general sobre las diversas especialidades de la Antropología y conocer la problemática y los retos en la tarea del peritaje, hoy fueron inauguradas en Mérida las primeras Jornadas sobre Peritaje Antropológico, con la aportación de reconocidos especialistas nacionales y locales en esta área de investigación.

El evento, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Yucatán Siglo XXI” y finaliza el viernes próximo, reúne a antropólogos, abogados, lingüistas, etnólogos, estudiantes y académicos, entre otros profesionales interesados en el tema.

Se discuten temáticas como bienes muebles e inmuebles; derechos específicos sobre población vulnerable: indígenas, no indígenas, género y violencia, diversidad sexual; antropología forense: identificación de restos óseos, identificación de individuos vivos, muertos; tierras, códices, derechos lingüísticos, recuperación y restauración de obras de arte, entre otros.

Las Jornadas son organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INAH-Yucatán, con apoyo del Gobierno del Estado. Se desarrollan de 16:00 a 20:30 en la sala 5 de los cines y el acceso a las conferencias es libre.

En la inauguración, el coordinador nacional de Antropología del INAH, Diego Prieto Hernández, afirmó que este evento ayudará a entender la diversidad de disciplinas y podremos comprender mejor los distintos enfoques de la sociedad, entender y resolver los problemas que pueden presentarse al momento de aplicar las leyes e impartir justicia.

“Los antropólogos, al igual que los abogados, deben fortalecer el diálogo con el Derecho y dimensionar su importancia en la vida social”.

Dentro de los órdenes civiles y políticos en la sociedad moderna, dijo, ya no existe una sola concepción del Derecho, de modo que hay que entender plenamente el delito, la responsabilidad penal y el castigo de quien ha trasgredido la norma.

“Y esto importante porque si imponemos un solo esquema de Derecho, entonces ponemos en condiciones de desventaja a quienes entienden la norma jurídica de otra manera”.

Por su parte, el delegado del INAH en Yucatán, Eduardo López Calzada, dijo estar seguro de que las aportaciones de estos especialistas contribuirán a llenar ciertos vacíos que se presentan en el trabajo cotidiano, así como en la conservación y defensa del patrimonio.

López Calzada deseó que sea la primera de muchas ediciones de estas Jornadas, buscando que sean periódicas, ya que también tienen el propósito de mostrar el trabajo interdisciplinario entre abogados y antropólogos.

En el evento se reconoció la dedicación del Dr. Pedro Lewin Fischer, coordinador académico de estas Jornadas, y de la subdirectora de Capacitación y Actualización del INAH, Gloria Santos, que hicieron posible organizar este encuentro por primera vez en Yucatán.

En la inauguración estuvo también el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro, en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, y el magistrado Pablo Monroy Gómez, del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida.