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23 de noviembre.- Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que aunque técnicamente las 176 recomendaciones que hace casi un mes hizo esta organización al país aún no han sido procesadas en términos de la aceptación del Estado mexicano, existe buena disposición del gobierno para cumplir.
“México es tal vez el lugar del planeta en el cual hemos tenido la mayor y más eficaz acogida en lo que ha sido la conceptualización, la definición metodológica y la elaboración de estos marcos de política”, destacó.
Las 176 observaciones las hizo la ONU a nuestro país el 23 de octubre pasado en la Segunda Evaluación Periódica Universal en Ginebra, Suiza, de las cuales declaró convencido que al menos tres de ellas van a ser admitidas “porque son consistentes con la política pública de México y tienen que ver con el programa nacional de Derechos Humanos”.
Refirió que Paquistán dijo específicamente que México debe continuar el fortalecimiento y desarrollo del programa nacional de derechos humanos 2013 -2018; Ucrania afirmó que México debe asegurar que este programa tome plena nota de las recomendaciones aceptadas por el gobierno en el segundo ciclo del UPR (Examen Periódico Universal) por sus siglas en inglés.
Montenegro, añadió, también dijo que se acepten, recomendó a México que se adopte el anunciado programa de derechos humanos que deberá servir para definir y medir los cursos y líneas de acción para asegurar el cumplimiento de los principios constitucionales relacionados con los derechos humanos.
“Esto dice que hay un diálogo, un diálogo constructivo y muy dinámico, entre lo que hace y la manera en cómo es visto lo que se hace en México, la forma en que México puede devolver, no sólo como respuesta a recomendaciones, sino como aporte a la construcción de este tipo de marco de políticas, a esos otros países que son la comunidad internacional”.
“En ese sentido este acto no es menor, es parte del esfuerzo local, que de inmediato se proyecta en un contexto federal e internacional”, subrayó al referirse al Programa Estatal de Derechos Humanos, que el jueves presentó el gobernador Rubén Moreira Valdez, elaborado bajo parámetros internacionales.
Dicho programa tiene por objetivo proteger las garantías constitucionales de los coahuilenses y migrantes que cruzan o se quedan a vivir en esta entidad, lo que convierte a Coahuila en el primer estado de la actual administración federal en contar con este programa y el segundo en la historia del país, luego del Distrito Federal.
Rubén Moreira declaró que el nuevo esquema trata de cumplir las aspiraciones de un pueblo para ser mejor: “Para terminar con las injusticias y que la gente sea feliz”.
Mientras que el representante de la ONU refirió que al inicio de la administración actual en el Pacto por México, uno de los 95 compromisos fue la elaboración e impulso de un programa nacional de derechos humanos y los parámetros de ese programa, su reingeniería, su revisión, están en correcta y acelerada producción.
Ante cientos de personas, de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón, funcionarios de la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Miriam Cárdenas Cantú, diputadas y senadoras, quienes llenaron el patio de Palacio, Hernández Valencia, anticipó que este plan tendrá impacto nacional e internacional.
“Porque no solo y en esto hay que ser generosos, no solo es que responde a recomendaciones, sino que aporta a ellas, son pocos los países que pueden presentar estos productos y México es tal vez el lugar del planeta en el cual hemos tenido la mayor y más eficaz acogida en lo que ha sido la conceptualización, la definición metodológica, la elaboración de estos marcos de política”.
Por tanto confió en que muy prontamente sea presentado el programa nacional, los mecanismos de seguimiento y evaluación y felicitó a los coahuilenses que colaboraron en el proceso.
Durante el evento el mandatario estatal firmó la iniciativa de Decreto que enviará al Congreso Local para reformar el Código Civil, a fin de facilitar los registros
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