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México (23 de agosto).- La organización no gubernamental Greenpeace México calificó al derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto en el río Sonora como el “peor desastre ambiental” en ese estado norteño.
Hace 16 días se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente al Grupo México; cuyo dueño es Germán Larrea, el tercer hombre más rico del país.
Mediante un comunicado, Greenpeace señaló que el derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 70% de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenir.
La laxitud de leyes, agregó la asociación, permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un “pago” o la “reparación del daño” en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades”.
“Por ejemplo, el derrame en el río Sonora no solo afecta a las comunidades aledañas al afluente sino también vulnera derechos de otras, como la tribu Yaqui que por años han luchado para evitar que se les restrinja el acceso al agua para actividades agrícolas, a cambio de que el líquido llegue a la zona urbana de Hermosillo a través del Acueducto Independencia, cuyo funcionamiento fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia”.
Ese mandato judicial podría desobedecerse ya que el río Sonora - que llevaba agua a la ciudad de Hermosillo desde la presa El Molinito, de la cual se extraían 8 millones de metros cúbicos- está contaminado.
Greenpeace demandó que se cumpla a cabalidad el compromiso de la empresa Grupo México y el gobierno para una verdadera remediación que incluya:
•Reconocimiento total por parte de la empresa sobre las afectaciones socio-ambientales de este derrame a los siete municipios aledaños a la zona del vertido.
•Saneamiento completo de la Cuenca con el fin de que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico.
•Reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por esta fuga de contaminantes; aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como puede ser el caso de la salud.
•Transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos y de las medidas acordadas y acciones de la empresa y el gobierno.
•Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.
•El cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista.
•Inspecciones al resto de instalaciones de Grupo México, a fin de evitar futuros accidentes en otras regiones del país.- (RedPolítica)