Mérida, Yuc., México, julio 1 de 2017

Ante la presencia de empresarios y representantes de asociaciones civiles, los 11 candidatos al cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) comparecieron en el Congreso del Estado donde expusieron sus propuestas para ocupar el puesto, su trayectoria profesional y opiniones sobre el proceso de fiscalización.

En reunión de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia con la presencia de legisladores de todas las fuerzas políticas, los aspirantes contaron con 10 minutos para presentar sus planteamientos en un orden que fue sorteado en presencia de los mismos.

“Fue un excelente ejercicio que nos permitió conocer de manera más puntual las trayectorias de cada uno de los aspirantes, sus propuestas y los motivos por los cuales quieren ser auditor, nos sentimos muy complacidos de esta reunión y estaremos revisando para tomar la mejor decisión”, resaltó la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI).

Los candidatos a Auditor Superior del Estado, comparecieron ante los diputados con el fin de dar a conocer sus propuestas.

El presidente de la comisión, Marco Vela Reyes (PRI), indicó que este ejercicio es necesario para recabar las opiniones y posturas de los candidatos a dicho cargo para contar con mayores elementos a efecto de emitir una decisión, a través del voto, en una sesión ordinaria subsecuente.

“Reiteramos el compromiso para conocer a los candidatos, con la apertura hacia la sociedad civil y las cámaras empresariales, fortalecemos a nuestras instituciones y lo haremos en conjunto sociedad y gobierno”, enfatizó.

Exponen propuestas de trabajo

El primero en participar fue Juan Vázquez Pereira, quien detalló que la sociedad está en un momento histórico ante la próxima aprobación del sistema estatal anticorrupción y no es tiempo de simplicidades e improvisaciones, por lo que se le debe dar una estructura necesaria a la ASEY para que tenga fuerza y solidez que pueda decidir sin injerencia alguna.

Luis Góngora Medina, segundo en turno, presentó un proyecto de plan estratégico que incorpore las reformas en materia de anticorrupción para el plan de acción de la ASEY, con el fin de dotar de nuevas atribuciones a las tareas de fiscalización superior, en un documento normativo que traza cuatro ejes rectores. El tercer candidato, Jorge Mimenza Orosa, mencionó que tiene la experiencia y la capacidad suficiente para ser mejoras a las normas de auditoría y principios de responsabilidad, porque existen varios profesionales en la entidad que puedan llevar a cabo las tareas adecuadas y se pueden hacer más expeditos.

Carlos Parra Arceo, cuarto en el orden, resaltó que observa con interés que las leyes actuales en la materia ejercen mejor revisión, para fortalecer otros órganos de fiscalización, respetando las leyes pero ahondando en el efecto e impacto del buen uso de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El quinto participante, Mario Can Marín, informó que tiene preparado un programa de trabajo para mejorar la calidad y utilidad de los servicios que presta la ASEY, también para incrementar la imagen institucional, al igual que mejorar la comunicación interna y externa que refleje y trabaje qué posición juega el órgano fiscalizador en cuanto al combate a la corrupción y transmitirla hacia la sociedad que está deseosa de conocer la información y qué se hace con los recursos.

Crescencio Mac Haas, sexto aspirante, consideró que la entrada en vigor del nuevo sistema estatal anticorrupción será una vertiente para fortalecer la fiscalización porque permitirá intercambiar experiencias, metodologías e incluso información, que se traducirán en mejores prácticas, que a su vez le darán confianza y transparencia a la ciudadanía, tranquilidad que todo el mundo está buscando dentro de la fiscalización de la cuenta pública.

El séptimo en exponer fue Wilberth Salazar Durán, quien se comprometió a revisar y analizar los recursos con los que cuenta el órgano; los planes de trabajo para tener un contexto adecuado; capacitación intensiva referente a los cambios con la expedición de nuevas leyes; una fiscalización exhaustiva de la cuenta pública garantizando la imparcialidad, eficacia y transparencia en cada informe; así como la responsabilidad que en ella se desprende.

En el mismo sentido, el octavo candidato, Alejandro Domínguez Nicoli, propuso implementar de manera inmediata un programa anual extraordinario para que la ASEY emerja de los rezagos, que prevalezcan los principios rectores de imparcialidad y transparencia, además de crear un comité de participación ciudadana para la revisión de las cuentas públicas y para el desarrollo de las acciones el auditor que debe contar con la confianza de los ciudadanos.

José Escalante Aguilar, noveno en turno, manifestó que cree en una nueva armonización fiscal contable de las entidades públicas sujetas a la fiscalización para dar certeza a la ciudadanía y romper esa inercia de los nuevos equipos administrativos que llegan con buena voluntad pero sin experiencia alguna, de manera que deben tener información de los lineamientos de la rendición de cuentas y se puedan tener mejores herramientas.

La única mujer, Leticia Cano Álvarez también expuso un plan estratégico con base en cinco ejes mediante investigación, la calidad y unidad de los servicios, mejorar las competencias institucionales, fortalecer los vínculos, promover de manera interna y externa la identidad institucional e impulsar los sistemas estatales.

Por último, Erick Acosta Palma propuso homologar la ley de fiscalización y rendición de cuentas con la federal, así como revisar la estructura orgánica de la ASEY para motivar al personal existente, al igual que el proceso de fiscalización de la cuenta pública que otorga autonomía técnica presupuestal.

Solicitan dictámenes en materia de Justicia

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Daniel Granja Peniche (PRI) solicitó a la Secretaría General la elaboración de dos proyectos de dictamen para su revisión posterior de la iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Así como otro para modificar el Código Penal y la Ley de la Fiscalía General del Estado en materia de combate a la corrupción, además de avanzar en la agenda relacionada con el tema de abuso sexual.

Informó que se enviará previamente a los correos electrónicos institucionales de los integrantes del cuerpo colegiado y permanecerá en comunicación con los mismos para poder avanzar en este tema.

Referente al Tribunal de Justicia Administrativa, Moisés Rodríguez Muñoz (PAN) presentó una propuesta respecto al objetivo de dicho órgano que contenga los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, entre otros términos; al igual que se pretende reducir a dos años el período del cargo de presidente y que éste rinda un informe anual ante el Congreso local.

Por último, se distribuyó entre los miembros de la comisión la lista de las asociaciones civiles que serán consideradas dentro del análisis del tema de abuso sexual que cuenta con aportaciones de las diputadas Celia Rivas, Verónica Camino Farjat (PRI) y Jazmín Villanueva Moo (Morena), así como del diputado David Barrera Zavala (PRD).

Daniel Granja indicó que a las mencionadas organizaciones se les enviará un oficio para que den a conocer sus opiniones y posicionamientos al respecto del punto abordado.

Continúa análisis del Sistema Anticorrupción

En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, continúo el análisis de la propuesta de Morena para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución del Estado y la del PRI para expedir la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Celia Rivas, recordó considerar que algunos puntos propuestos en las reformas a la Constitución Política estatal ya fueron analizados y aprobados por esta soberanía apenas el año pasado.

Además de la iniciativa para modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, La Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas del Estado.

Sobre esta propuesta, Rafael Montalvo Mata (PAN) presentó observaciones de técnica legislativa, así como referentes a la Constitución, duración en el cargo y desempeño de los titulares de los órganos internos de control en la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.