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A mediados de los sesenta, comienza a desarrollarse un espíritu de civilidad entre los yucatecos, especialmente en Mérida. El movimiento en contra de la tarifas del agua potable encabezado por el doctor Francisco Solís Aznar y los problemas por falta de oficio político de los delegados de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de Obras Públicas fueron los detonantes. Las diferentes clases sociales, en todos los rincones de Mérida, emprendieran una lucha cívica.
Era en contra de un gobierno en ese entonces calificado de autoritario, que tenía al estado en una crisis económica. La sociedad estaba harta de ser objeto de desprecio por parte de las autoridades municipales y estatales, todas ellas en el poder con la bandera del PRI, partido que, utilizando prácticas antidemocráticas, se aferraba al poder por medios sin escrúpulos.
Época de grandes cambios a nivel mundial —en plena "Guerra Fría"— en la que muchos respiraban un espíritu de transformación como resultado de los cambios en la Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II.
1967 fue un singular momento para el PAN. Fue un año en el que se presentaron dos contiendas electorales: para diputaciones federales a mediados de año y para presidentes municipales y diputaciones locales el 26 de noviembre.
Los meridanos se encontraban con la coyuntura de un gobierno del estado cuyo titular, Luis Torres Mecías, era repudiado por su carácter autoritario; además producía división entre los mismos priistas. Víctor Cervera Pacheco era un fuerte adversario político del gobernador.
El caso del agua potable incidía en el ánimo de los ciudadanos en combinación con todo lo descrito. La ciudad se encontraba en un estado vergonzoso de descuido. Los baches eran "lo normal", tan profundos que el negocio de las sopandas de los autos llegó a estar en auge. Durante las noches, la ciudad se encontraba sumergida en una profunda obscuridad por el deterioro de las escasas luminarias instaladas. Se encontraban en total abandono parques y canchas deportivas. Cualquier presidente municipal que pasara era lo mismo: desinterés.
Ello llevó a que se despertara un sentimiento de hartazgo, al mismo tiempo de un despertar de civilidad entre los yucatecos y en especial los meridanos.
Solís Aznar —un prestigiado pediatra— encabezó la lucha para que los yucatecos tuvieran un servicio de agua potable con tarifas justas y un servicio de buena calidad.
Esta lucha le valió para que la dirigencia y militancia del PAN le ofreciera la candidatura a la presidencia municipal de Mérida 1968-1970. Solís Aznar, una persona honesta, realista y de firmes convicciones, rechazó el ofrecimiento alegando no ser apto para dicho encargo. Formó parte de la planilla como regidor, con Víctor Manuel Correa Rachó como alcalde.
Demostró amor a la niñez luchando no sólo contra los procesos infecciosos que diezmaban a la población infantil, sino contra la pobreza y la miseria generalizadas en esa época.
Durante la campaña Solís Aznar pedía no sólo un cambio para tener mejores autoridades, sino alcanzar un cambio de sistema. Acusaba a las autoridades emanadas del PRI —a las que le llamaba camarillas o pandillas— de imponer a personas en cargos públicos sin preparación además de poco o nada dotados para el trabajo.
En un mitin que se realizó con una numerosa participación de vecinos de la colonia Itzimná y de la colonia Alemán en su discurso Solís Aznar hacía responsables a los gobiernos del PRI de haber hecho de nuestro estado una zona de miseria, un estado subsidiado, donde el campesino sólo tenía libertad para emborracharse y morirse de hambre.
Como regidor del ayuntamiento fue designado por Correa Rachó a la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas donde se desempeñó con excelentes resultados.
Fueron muchos los panistas y más los ciudadanos que con mucho valor se enfrentaron al sistema apabullante que el PRI imponía.
A principios de 1965, con la campaña a diputaciones federales, comenzó un movimiento cívico que fue de menos a más. José Hadad Interián participó como candidato a diputado federal. Fue un hábil comerciante, trabajador, sensible y de mucho valor civil.
Hadad Interián perdió en aquella ocasión y expresó su desacuerdo en cómo se llevaron a cabo las campañas electorales por parte del PRI, ya que se cometieron infinidad de irregularidades características de ese partido, como colocar propaganda política a favor del PRI en los edificios de los ayuntamientos de todo el Estado.
Finalmente sería diputado federal tras ganar las elecciones para la LII legislatura que comprendió el periodo 1982-1985.
Fueron muchas las arbitrariedades cometidas por el gobierno en contra de la sociedad y en especial de las personas afines al PAN.
La violencia se daba con frecuencia en los mítines organizados por el PAN. El PRI, en una campaña sucia y calumniosa lanzó desde un avión alquilado miles de volantes que calumniaban al licenciado Correa Rachó. Esto motivó que el General Rosendo Flores Cital, jefe de la 32a. Zona Militar, reprendiera enérgicamente al piloto del avión, ya que además de ser ilegal aumentaba el rencor y la violencia.
Como medida de presión en contra de los empresarios que con mucho valor se definían en contra del PRI-Gobierno y a favor del PAN, se desató una oleada de terrorismo fiscal. Desde la Ciudad de México fueron enviados a Mérida una veintena de auditores, con el fin de practicar auditorías a los comercios cuyos propietarios estaban identificados como panistas o simpatizantes del PAN.
Cuatro auditores fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apoyados por elementos de las tres policías locales que portaban armas largas irrumpieron en la Farmacia y Droguería Nueva, S.A., propiedad de Milton Canto y Canto —quien fue candidato a regidor en la planilla del PAN— y su familia, para tratar de apoderarse de los libros de contabilidad. Esos hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 1967, tres días antes de que se efectuaran las elecciones en la que resultó victorioso Víctor Correa Rachó.
Según una nota publicada en el Diario de Yucatán al día siguiente de los hechos y que se resume a continuación, los sucesos comenzaron a la una de la tarde cuando un supervisor de auditores de la Secretaría, el CP José Calderón Trujillo, acompañado de tres auditores más, llegaron a la farmacia y sin permiso penetraron a la oficina del gerente, Jorge Canto Canto, estando éste ausente. Sin autorización abrieron los cajones del escritorio y otros muebles del despacho, se apoderaron de libros y documentos y los introdujeron en cuatro cajas de cartón, que luego sellaron. En ese momento llegaron los Sres. Canto Canto, quienes impidieron enérgicamente que se llevaran la documentación. Poco después llegaron los Sres. Armando y Arturo Millet Molina, representantes de la Cámara de Comercio de Mérida, para comprobar que se estaba cometiendo una ilegalidad por parte de los auditores. Para dar fe de las arbitrariedades, el Sr. Canto y Canto llamó al notario público, Lic. Gustavo Monforte Luján, quien levantó un acta. El CP Calderón Trujillo, por su parte, llamó al notario público Mario Berzunza.
Horas después llegó el Lic. Víctor Correa Rachó como asesor jurídico del Sr. Canto y Canto. Correa Rachó, con la ley en la mano demostró la arbitrariedad.
Después de varias horas de negociaciones y no llegar a acuerdo alguno, Calderón Trujillo solicitó la fuerza pública.
Momentos más tarde llegaron policías de las distintas corporaciones de Mérida y el Estado, portando armas de grueso calibre y gases lacrimógenos. También llegó el agente del Ministerio Público Federal Lic. Jorge Ortega Rosado y varios agentes federales. Ortega Rosado, al constatar que los auditores no estaban secuestrados —como le habían denunciado— y al comprobar que, según la ley, los libros deberían quedarse en la farmacia, se retiró del lugar junto con todas las fuerzas policíacas, así como los auditores, entre silbidos de varios cientos de personas reunidas en la calle que apoyaban a los Canto y Canto. Los libros finalmente se quedaron en la farmacia.
En un documento desclasificado de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, marcado con el expediente 100-29-18, actualmente en poder del Archivo General de la Nación (AGN), se encuentra un informe dirigido al Director Federal de Seguridad (entonces Cap. Fernando Gutiérrez Barrios). El documento está fechado el 23 de noviembre de 1967, el mismo día de los hechos. Este documento y otros más de días posteriores —ahora en propiedad de Artículo 7— cuentan los hechos de ese día y las consecuencias o repercusiones.
Según estos documentos, los candidatos del PAN en sus mítines ya habían denunciado el acoso sobre los panistas por parte de la Federación, al ordenar auditorias fiscales en sus negocios.
También aparece un telegrama que envió Augusto Fernández Arce, gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, al C. Presidente de la República —Lic. Gustavo Díaz Ordaz— en los siguientes términos: "Incalificable y abusivo proceder Jefe de Inspectores Fiscales Sr. José Ángel Calderón Trujillo en contra de firma asociada nuestra, Farmacia y Droguería Nueva, S.A. ha ocasionado profundo malestar a esta ciudad, suplicamos respetuosamente valiosa intervención a fin de destituya a dicho Supervisor de Auditores Calderón Trujillo.-Respetuosamente.- Cámara Nacional de Comercio de Mérida."
La Cámara de Comercio días después convocó para el 28 de noviembre al cierre de comercios en repudio a lo ocurrido en la Farmacia Nueva y para exigir el cese de Calderón Trujillo, como finalmente ocurrió.