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Mérida, Yucatán, 12 de octubre de 2015.- Agentes Ministeriales adscritos a la Comandancia de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de José Francisco M.G. y Nelson Ariel M.R. por su presunta participación en el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciados por Norma Magaly Ch.C. y Jennifer Marbella S.A. respectivamente.
En el primer caso, el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial emitió la cita orden cumplida cuando el denunciado caminaba sobre la calle 56 por 65-A y 67 del centro de esta ciudad y tras leerle sus derechos fue trasladado ante la autoridad que lo reclama.
El denunciado contrajo matrimonio con la quejosa en 1996 y procrearon dos hijas, pero decidieron separarse. Ante ello, acudieron ante el Juez de Paz de Sinanché, donde acordaron que José Francisco pagaría la cantidad de 250 pesos semanales para manutención y 600 pesos, igualmente de forma semanal, por concepto de tratamiento médico de la afectada.
La quejosa señaló que desde junio de 2012 dejó de pagar los 600 pesos, y ante la situación precaria por la que atraviesa, decidió interponer la formal denuncia para que se definiera la situación legal del hoy detenido.
En el segundo caso, el Juez Cuarto Penal del Primer Distrito otorgó la orden correspondiente, cumplida cuando el indiciado caminaba sobre la calle 96 por 67 de la Colonia Mulsay de esta ciudad.
De las indagatorias del caso se desprende que Nelson Ariel y Jennifer Marbella empezaron a vivir en unión libre en el año 2000, y de dicha relación procrearon dos hijas, actualmente menores de edad; la quejosa señala que constantemente el hoy detenido faltaba a su casa, hasta que en diciembre de 2007 dejo de acudir al domicilio familiar.
La afectada señala que desde que dejó la casa el indiciado se desentendió de sus obligaciones, motivo por el cual en el año 2010 amenazó con denunciarlo si no respondía por sus hijas, por eso empezó a pagarle 500 pesos semanales, pero en septiembre de 2012 dejó de hacerlo de forma permanente y ante la difícil situación para sostener a sus hijas, la quejosa decidió interponer la formal denuncia para que la autoridad defina la situación legal del indiciado.