Mérida, Yucatán a 29 de marzo de 2016

A solicitud de los representantes de la Barra de Abogados de Yucatán, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeras y consejeros de la Judicatura del Estado sostuvieron una reunión esta mañana para escuchar los planteamientos de esta agrupación, sobre temas que inciden en la resolución de casos en los juzgados.

El magistrado de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Rivero Evia y la magistrada presidente de la sala penal de este máximo órgano, Ligia Aurora Cortés Ortega, expresaron a los abogados su apertura y voluntad para atender sus consideraciones, con el fin de que la impartición de justicia sea cada vez más eficaz, en bien de los ciudadanos.

El presidente de la Barra de abogados de Yucatán, William de Jesús Acevedo Azarcoya, señaló, mediante la lectura de un escrito, sus “apreciaciones relativas a la administración de justicia, que se imparte específicamente en los juzgados civiles, mercantiles, pero principalmente en los familiares” y también hizo una serie de propuestas de ese grupo colegiado, para resolver algunos de los problemas expuestos.

Al comentar las observaciones que se hicieron a lo largo de la reunión, la magistrada presidente de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo explicó que los amparos concedidos por la justicia federal en temas familiares han obligado a los jueces a hacer investigaciones más profundas, para poder estimar los ingresos de los obligados cuando se trata, por ejemplo, de pensiones alimenticias, lo que alarga los procesos y el tiempo para la toma de decisión del juez.

Con respecto a la ética y el comportamiento de los jueces, otro de los temas planteados, dijo que sus opiniones serán valoradas, pero también expuso que en ocasiones los litigantes caen en actitudes de falta de respeto a la autoridad judicial o tratan de presionarla cuando las decisiones no les favorecen o incluso cuando están fuera de tiempo para presentar recursos.

Por su parte, la consejera Melba Angelina Méndez Fernández, presidenta de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, expuso a los abogados que el sistema de oralidad familiar no se ha podido estabilizar en los tres años que lleva su implementación, a causa de carencias presupuestales que limitan el personal, el espacio y la tecnología.

Expresó que la oralidad familiar tuvo que ser implementada en Yucatán, por ley, en cuestión de meses y sin recursos federales, contrario al sistema penal que fue gradual y al ser federal sí recibió recursos de esa vía.

“No es lo mismo legislar en el papel que aplicar los cambios en la realidad, se requiere presupuesto”, añadió la Consejera de la Judicatura.

En su oportunidad, el magistrado Rubén Ruiz Ramírez, presidente de la sala mixta del Tribunal Superior de Justicia, resaltó la importancia de que los abogados impulsen la mediación, y que insten a las partes a llegar con voluntad a los procesos, en búsqueda de una solución pronta.

Por su parte, la consejera Sara Luisa Castro Almeida ofreció que la comisión de disciplina que preside, está abierta a recibir quejas o denuncias contra servidores públicos, incluidos los jueces.

Con respecto a la queja de los abogados por falta de personal en los juzgados familiares, dijo que por cuestiones presupuestarias no es posible aumentar el personal, pero que se trabaja con los jueces para establecer mecanismos de mejora con el mismo personal con que se cuenta.

En la reunión estuvieron también presentes la magistrada Adda Lucelly Cámara Vallejos, integrante de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado de la sala penal Luis Felipe Esperón Villanueva, así como la magistrada de la sala mixta Leticia del Socorro Cobá Magaña y la consejera de la Judicatura Silvia Carolina Estrada Gamboa, presidenta de la comisión de desarrollo humano de ese organismo.