México (8 de febrero).-

Estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY participaron en la “Jornada Conmemorativa del Centenario de la Constitución de 1917: Evolución y Perspectivas”, la cual motivó una reflexión colectiva en torno a la vigencia de la Norma, pero también la necesidad de ampliar el reconocimiento de nuevos derechos humanos.

El Abogado General de la Universidad Autónoma de Yucatán, Renán Solís Sánchez, manifestó que “hablar de la Constitución Política Mexicana siempre será una cuestión mayor y siempre debe ser un privilegio abordar su análisis”.

Frente a investigadores, especialistas y Magistrados, el Abogado refirió que el debate sobre la vigencia de la Carta Magna se debe enfrentar con una mayor entereza, pues lo fundamental es que a pese a todo, nuestro pueblo cuenta con una Constitución vigente y válida. “A pesar de que tenemos 229 decretos y 699 modificaciones y aún, cuando la Constitución ha crecido notablemente respecto del texto original, hay que sostener que tenemos una Constitución vigente y válida, de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los mexicanos”, subrayó. El encuentro incluyó Mesas Panel sobre “Referencias de las Constituciones: Cádiz” y “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aportaciones y reflexiones”. También las conferencias “Aportaciones de Yucatán a la Constitución de 1917” a cargo del Dr. Marcos Celis Quintal, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; y “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Autonomía Universitaria”, a cargo del Abogado General de la UADY, Renán Solís Sánchez. Durante su conferencia, Solís Sánchez, refirió sobre los antecedentes, límites y alcances históricos de la autonomía universitaria y comentó sobre varias propuestas que son necesarias para fortalecer la soberanía de la comunidad universitaria. Consideró que, en lo particular, la autonomía universitaria requiere ser fortalecida con algunas modificaciones que permitan agregar figuras protectorias para el principio de soberanía. Citó, como ejemplo, la suspensión oficiosa para el caso de amparos o bien, para el caso de reformas a la Ley Orgánica, que exista una consulta obligada hacia las universidades, entre otros aspectos. Solís Sánchez recalcó también sobre el principio de concordancia universitaria, que él mismo se ha encargado de impulsar, en el sentido de que las relaciones obrero-patronales deben armonizarse con los fines de la institución para hacer prevalecer la autonomía universitaria. En su turno, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Dr. Marcos Celis Quintal sostuvo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es norma vigente, que garantiza y salvaguarda las garantías y derechos de los mexicanos. -No hay razón para pensar en otra Constitución, pero sí hay que pensar en un reordenamiento desde el propio capitulado, así como el reconocimiento a derechos como el de la intimidad y el del agua como un bien escaso, cada vez más importante la vida, apuntó. Lamentó que algunas voces se hayan encargado de descalificar la vigencia de la Constitución, sin embargo, consideró que eso solo supone que buscan alcanzar reformas con el afán de obtener “condecoraciones” personales. Expuso que “a veces la pragmática de la vida nacional, nos lleva a la necesidad de reflexionar sobre cuáles son las instituciones que fundaron nuestro país y si realmente estamos cada vez más cerca o lejos de aquellas, como el federalismo, democracia, representación popular, entre otras”. Como parte de su ponencia, Celis Quintal opinó que también es momento de analizar el federalismo y el propio sistema de gobierno con el fin de determinar la fuerza de éste sobre otros Poderes. Durante su ponencia, hizo un repaso histórico sobre los fundamentos que dieron origen a la Carta Magna vigente, así como a las aportaciones que tuvieron en su momento, los yucatecos Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón y Héctor Victoria, en el sentido de sus valiosas aportaciones para fortalecer al federalismo, la institución del amparo, así como el reconocimiento de los derechos sociales en torno a la jornada laboral.