Ciudad de México, México, febrero 26 de 2017

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un modus operandi de corrupción en el que incurren algunas universidades públicas.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2015 se descubrió que cuatro instituciones propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.

El método consiste en simular contratos e incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas de nivel superior que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para cumplir con lo que se les solicita.

A su vez, las universidades subcontratan a terceros que tampoco cuentan con la documentación que compruebe o dé constancia de que los servicios fueron realizados, lo que ha provocado que la ASF lleve a cabo “auditorías forenses”, pida procedimientos administrativos a servidores públicos, imponga multas a empresas, exija al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaciones a contribuyentes y presente denuncias ante la PGR.

La Auditoría Superior de la Federación descubre un modus operandi de corrupción: reciben contratos públicos y a su vez subcontratan.

Así, se supo que la Universidad Autónoma de Zacatecas incurrió en un daño por 219 millones 430 mil pesos. La Sagarpa suscribió un convenio con esa institución por 219 millones 430 mil pesos para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y llevar a cabo la ejecución de acciones de política pública para la realización de 36 proyectos.

Para cumplir, la Universidad contrató a 16 empresas, por lo que la ASF pidió a la contraloría interna de la escuela iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a los funcionarios que mintieron para obtener el contrato sin tener capacidad para realizar los trabajos.

Simulan contratospor 831 MDP

Desde hace cuatro años, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un modus operandi de corrupción en la que incurren las universidades públicas. Tan sólo en 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos, cantidad que representa casi el doble de lo que este año destinará la Secretaría de Educación Pública a Educación Inicial y Básica Comunitaria.

El modus operandi consiste en simular contratos, incluso dependencias federales otorgan contratos a instituciones educativas de nivel superior que no cuentan con la capacidad técnica ni humana para llevar a cabo las labores acordadas.

A su vez, las universidades subcontratan a terceros que tampoco cuentan con la documentación que compruebe o dé constancia de que los servicios fueron realizados, lo que ha provocado que la ASF lleve a cabo “auditorías forenses”, pida procedimientos administrativos a servidores públicos, imponga multas a empresas, exija al SAT investigaciones a contribuyentes y presente denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República.

El informe de la Auditoría

El informe de la cuenta pública 2015, presentado la semana pasada, revela que cuatro universidades incurrieron en un probable daño patrimonial por 831 millones 141 mil 905.60 pesos al aplicar este modus operandi.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl incurrió posiblemente en un daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 319 millones 121 mil 103.60 pesos; la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos; la Universidad Politécnica de Texcoco por 156 millones 505 mil 576 pesos y la Universidad Técnica del Sur de México por 136 millones 85 mil 226 pesos.

Esto se precisó en cuatro auditorías forenses, es decir, aquellas que hace la Auditoría Superior de la Federación para la investigación y documentación de un presunto delito. Son las auditorías más exhaustivas que hace el órgano de fiscalización superior.

Así, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) suscribió un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas por 219 millones 430 mil pesos para operar el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y llevar a cabo la ejecución de acciones de política pública para la realización de 36 proyectos en beneficio de 24 personas físicas y 12 personas morales.

La Universidad contrató a otras 16 empresas para llevar a cabo los trabajos, por lo que la Auditoría Superior de la Federación pidió a la contraloría interna de la escuela que inicie el procedimiento administrativo correspondiente para sancionar a los servidores públicos que mintieron para obtener el contrato sin tener la capacidad para realizar los trabajos.

La indagatoria

La Auditoría Superior de la Federación realizó visitas domiciliarias y solicitudes de información a los beneficiarios del programa, de los cuales en 15 casos presentaron diversas irregularidades, toda vez que no reconocieron haber firmado ningún trámite con la Sagarpa ni con la Universidad, por lo que se “presume el uso indebido de datos personales y la alteración de la documentación relacionada con el expediente técnico de los supuestos beneficiarios”.

Mientras que la Secretaría de Desarrollo Social contrató por 136 millones 85 mil 226 pesos a la Universidad Técnica del Sur de México para coadyuvar con las actividades de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la política social de nueva generación, promover la coinversión de recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), verificar la existencia física de obras y asesorar a funcionarios estatales. La dependencia precisó que la institución educativa sí tenía los elementos para cumplir con el contrato, aunque esto no era cierto pues la escuela contrató a terceros para el trabajo.

Estos esquemas, concluyó la ASF, le permitieron a la Universidad simular los servicios, contratar a proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana y no llevar a cabo los servicios solicitados.

Otro caso

La Sedesol suscribió un convenio por 156 millones 505 mil 576 pesos con la Universidad Politécnica de Texcoco para que ésta combinara actividades de manera integral e impulsara los trabajos relacionados con el FAIS. El mismo modus operandi se detectó, pues la escuela subcontrató a la empresa Vazme para el trabajo y ésta contrató a otras compañías para las labores.

La ASF inició procedimientos de imposición de multa a la empresa Grupo Corporativo Integral Vazme por la falta de documentación comprobatoria relativa a los entregables, a la empresa Izarre por no proporcionar documentación requerida y a la empresa Infraestructura Astoria por los mismos motivos. Los recursos pagados por la Sedesol no fueron aplicados al objeto del convenio original.

Por último, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl también firmó un convenio con la Sedesol por 319 millones 121 mil 103 pesos similar al que signó, por su parte, la Universidad Politécnica de Texcoco.

De hecho, la Universidad subcontrató al Grupo Corporativo Integral Vazme, la misma empresa que subcontrató la escuela de Texcoco.

Igualmente, no se comprobó que los servicios fueran realizados, incluso se pidió al Servicio de Administración Tributaria que audite a dos contribuyentes, “ya que se presume un esquema de facturación a través de la simulación de operaciones que evidencia que facturan una presunta prestación de bienes o servicios”.

¿Qué es la “auditoría forense”?

• La “auditoría forense” es una técnica que tiene por objetivo investigar fraudes, en actos conscientes y voluntarios, en los cuales se eluden las normas legales y se llevan a cabo a través de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico, procesales y con habilidades en áreas financieras, para proporcionar información y opiniones ante la justicia.

• Es una técnica de gran utilidad para la investigación de cuerpos de abogados, departamentos de investigación policial, fiscal y judicial, pues esclarece posibles actos ilícitos o delitos.