Una demanda, posible intento de extorsión política contra el diputado local panista Daniel Ávila Ruiz

Transcribimos a continuación el comunicado de prensa del diputado.

En primer lugar quiero dejar en claro que no conozco, ni he visto jamás al señor Ernesto Alejandro Ojeda Dagostino. Lo que dice de "un intento de acto de corrupción" es totalmente falso.

Además la idea de que siendo un integrante del Poder Legislativo puedo manejar las facultades que únicamente le corresponde al Ayuntamiento de Mérida es insultante.

Yo no practico el tráfico de influencias. Entiendo que soy la piedrita en el zapato para la aplanadora priísta, por eso quieren descalificar mi trabajo público.

Utilizar  las instancias de justicia para perseguir ciudadanos y afectarlos públicamente sólo refleja la molestia del PRI-Gobierno cuando se le señalan sus anomalías.

En mi calidad de diputado panista electo por los ciudadanos del X distrito local no he faltado a las responsabilidades que la ley nos marca. Los ciudadanos de mi demarcación conocen mi trabajo y trayectoria, así como las gestiones que he realizado en mi calidad de representante popular.

Como legislador soy secretario de la comisión de hacienda del Congreso del Estado, y he trabajado para responder a mi labor fiscalizadora del uso de los recursos públicos. Entre las denuncias públicas que he realizado destacan las irregularidades detectadas en la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero del Gobierno del Estado: cheques por 600 mil pesos, entregados al secretario técnico del Programa Estatal de Apoyo a los Productores Yucatecos; recursos que se informan como entregados, pero que consta, por escrito, que nunca los recibieron los beneficiados; excesos en el consumo de gasolina sin el sustento de su aplicación, por mencionar algunos.

Asimismo hice público el incumplimiento de contratos federales de la COUSEY ahora IVEY. Cabe señalar que este asunto fue enlistado por la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión como una auditaría a realizarse en los próximos meses.

Denuncié públicamente la falta de pago a proveedores por parte del Poder Ejecutivo, señalamientos que al principio fueron rechazados para posteriormente ser aceptados por los funcionarios encargados de las finanzas en el Estado.

Asimismo presenté la solicitud de juicio político al presidente municipal de Peto por diversas irregularidades en el manejo de los recursos, faltas a la transparencia, actos de nepotismo y posibles de corrupción. La demanda fue avalada posteriormente por ciudadanos que pidieron el mismo procedimiento para el primer edil.

Sobre el municipio de Tizimín, el cual pertenece al distrito por el que fui electo, pedí una auditoría a las finanzas de la Comuna, solicitud que fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado.

Esto es sólo por mencionar algunas de las acciones que he realizado en contra del PRI-Gobierno.

Me reservo el derecho a demandar por difamación y calumnia, ya que tengo la conciencia tranquila y esperaré el llamado de las autoridades para dejar en claro que este acto sólo busca lastimar mi trayectoria y trabajo político realizados por Yucatán.

Por último, quiero dejar en claro que si con este tipo de acciones el PRI-Gobierno piensa que va a detenerme, está equivocado. Al contrario, seguiré denunciando con firmeza todos los actos de irregularidades que se cometen en contra de los yucatecos.

Es una responsabilidad ciudadana y política que no dejaré de hacer por intimidaciones o persecución de los aparatos de justicia del Estado.