La denuncia de un ciudadano puso al descubierto la impunidad con que concesionarios del transporte público de pasajeros aumentan la tarifa de sus servicios en la fecha y porcentaje que se les antoje, sin que la autoridad les aplique sanción alguna.

Las quejas del denunciante ante diversas instancias obligaron al Lic. Henry Aron Sosa Marrufo, director general de Transporte en el Estado, a reconocer hace apenas tres semanas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que la única que puede aprobar dichas tarifas es la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y luego se debe publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado para su cumplimiento.

Hasta donde se sabe, los abusos relacionados con el alza en las tarifas del transporte son comunes en el interior del Estado y prácticamente se dan en automático, cada vez que aumenta el precio del combustible, sin esperar a que la autoridad correspondiente lo autorice.

El quejoso es el Sr. José Guadalupe Dzib May, vecino de Samahil, con domicilio en el predio No. 94-A de la calle 21 x 14 y 16 y quien denunció que desde marzo ppdo. los taxistas del Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV) aumentaron un peso el precio del pasaje a Umán, al pasar de $7 a $8 y a Mérida, de $14 a $15, pese a que ninguna autoridad facultada por la ley lo autorizó.

—Yo hablé con el delegado de los taxistas del FUTV en Samahil, Daniel Hinojosa, quien se defendió argumentando que el aumento fue un acuerdo sindical y autorizado por su líder estatal, Nerio Torres Ortiz... Yo me pregunto ¿quién es Nerio para autorizar incrementos en las tarifas?

En amable visita a este periódico, Dzib May aseguró que desde noviembre de 2008 los taxistas de Samahil intentaron incrementar las tarifas. Él recurrió varias veces a la Dirección Estatal de Transporte, donde le confirmaron que no estaba autorizado ningún incremento en la ruta Samahil-Umán y que se mantendría la tarifa vigente de $7.

Sin embargo, en marzo de este año, los taxistas hicieron efectivo el incremento de un peso, en detrimento de la economía de mucha gente que a diario tiene que viajar a Mérida por motivos de estudio o en busca del sustento familiar.

En Samahil, los socios del FUTV cuentan con unas 30 camionetas tipo Van que utilizan como taxis colectivos. A partir de las cuatro o cinco de la mañana llevan pasajeros a Mérida y cobran $15; pero por acuerdo, al parecer, con otras secciones, de ocho en adelante sólo pueden llegar a Umán, donde la gente tiene que transbordar otro taxi para ir a la capital del Estado. En este último caso los taxistas de Samahil cobran $8 por dejarlos en Umán, en lugar de los $7 que es la tarifa autorizada.

—Además del abuso en las tarifas -agregó- el servicio es pésimo porque carecen de aire acondicionado; los choferes suben a personas alcoholizadas y con frecuencia viajan con sobrecupo, pues aunque las unidades sólo deben llevar 13 pasajeros, en ocasiones llevan hasta 15; y los vehículos se encuentran en mal estado.

Según el quejoso, mucha gente está molesta con esta situación, pero prefiere pagar y no decir nada para evitar problemas y posibles represalias de los taxistas.

Ante estas irregularidades, el denunciante recurrió de nuevo a la dirección estatal de transporte, donde ha vivido un auténtico viacrucis entre presentación de quejas por escrito, llamadas telefónicas para darle seguimiento al caso y visitas a la dependencia, donde se ha entrevistado con funcionarios, como el Lic. Humberto Jesús Hevia Jiménez, director de Normatividad y Procesos.

Luego de un mes de espera, el Lic. Juan Arzápalo, jefe de Atención Ciudadana de la Dirección de Transporte, le respondió a Dzib May, vía correo electrónico, que aún estaban investigando si era verdad lo del incremento a la tarifa de transporte en la ruta Samahil-Umán.

—¿Cómo es posible que les lleve tanto tiempo resolver algo tan sencillo? -se preguntó el quejoso- y agregó: quiero creer que la gobernadora no estaba enterada de todo esto. Por eso le envié copia de mi queja, a fin de que sea congruente con las palabras que pronunció hace algunos meses y que fueron publicadas en varios medios de comunicación, "El gobierno estatal de Ivonne Ortega Pacheco apoya la economía familiar por eso no aumentará las tarifas del transporte".

El pasado 29 de junio, el titular de la Dirección Estatal de Transporte, Lic. Sosa Marrufo, envió a la CEDH un "informe de colaboración" en relación con el caso denunciado por Dzib May.

En el documento, el funcionario aclara: "la única autoridad facultada para aprobar las tarifas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros que los concesionarios cobran por la prestación del citado servicio, es la Titular del Ejecutivo del Estado, según lo dispuesto en el artículo 12 fracción VII de la Ley de Transporte del Estado".

Y agrega: "Cabe señalar que una vez que las tarifas sean aprobadas por la autoridad competente, deberán ser publicadas para su cumplimiento en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, tal y como dispone el artículo 51 de la multicitada ley".

Por lo anterior -continúa- "cualquier autorización de tarifas nuevas o de modificación a las ya existentes, proveniente de una instancia diversa, carece de validez alguna".

El funcionario también aclara: "NO omito informar que la titular del Ejecutivo del Estado no ha emitido acuerdo alguno relativo al incremento de la tarifa para la explotación del servicio público de transporte de pasajeros en la ruta Samahil-Mérida" y ofrece que en caso de que los inspectores de dicha dependencia descubrieran lo contrario, se procedería a levantar las boletas de inspección respectivas, de conformidad con lo previsto en la Ley y Reglamento de Transporte del Estado.

Sin embargo, el funcionario no dejó en claro si se obligaría a los taxistas de Samahil a dar marcha atrás en el cobro no autorizado de sus tarifas.