Contra lo prometido, en los primeros cuatro meses del 2009 el gobierno del Estado incrementó su gasto corriente casi 20% respecto a 2008

"Ofrecer no empobrece, dar es lo que aniquila", asienta el adagio y con toda razón. El Pacto Económico por Yucatán es una muestra de ello y también de la complacencia del sector empresarial para con el gobierno de la nueva mayoría no obstante el incumplimiento de la "acción pública clara y decisiva" a la que dicho gobierno se comprometió.

Reseña del PEY y de sus "avances"

El 22 de enero de 2009, sólo dos semanas después de publicado el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo —consta de 25 acciones y fue suscrito por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, el Poder Legislativo y las organizaciones sociales, empresariales y obreras del país— el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, con gran bomba y platillo como ya es costumbre, hizo público el Pacto Económico por Yucatán (PEY) que contemplaba 49 medidas para apoyar el consumo y presupuesto de las familias y de las empresas y para incentivar la economía mediante la inversión y la eficiencia pública. Se incluyeron, además, los siguientes 3 compromisos del gobierno estatal:

1. Generar un ahorro en el gasto corriente de por lo menos $110 millones, que se lograría mediante: el congelamiento de plazas vacantes no sustantivas y la no creación de nuevas plazas en áreas no estratégicas, la reducción del gasto en combustibles, materiales y suministros, refacciones, accesorios y servicios de mantenimiento, así como en energía eléctrica, telefonía, viáticos y pasajes aéreos.

2. No dar aumentos salariales durante todo 2009 a servidores públicos con sueldos mayores a $16,348; aumentar 4% a los que percibieron ingresos mensuales comprendios entre $5,867 y hasta el monto anterior, y 6% a aquellos con ingresos mensuales menores de $5,866.

3. Destinar la totalidad de los ahorros generados para fondear las medidas económicas y financieras señaladas en el PEY.

Estos compromisos fueron "establecidos con todo rigor" —y por ende adquirieron el carácter de obligatorios para toda la administración pública estatal— mediante el decreto No. 163 publicado sólo cuatro días después del PEY y que, entre otros, contiene los siguientes 3 artículos:

Artículo 7. Durante el ejercicio fiscal de 2009, las medidas previstas en este decreto deberán redundar en un ahorro mínimo de $110 millones ...

Artículo 9. En el ejercicio fiscal 2009, los recursos para servicios personales se deberán reducir en 1 por ciento con respecto al total programado para este ejercicio. Lo anterior no será aplicable tratándose del presupuesto correspondiente al personal de las áreas operativas de Seguridad Pública, Educación, Salud y Procuración de Justicia, lo que significará un ahorro global de 9 por ciento con respecto a las áreas distintas de las antes mencionadas.

Artículo 21. Para el ejercicio fiscal 2009, la previsión de recursos para gastos de operación de la Administración Pública Estatal deberá contemplar una reducción global de 1.5% con relación al mismo concepto de gasto regularizable correspondiente al ejercicio fiscal de 2008.

"Avance" reportado por la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca en el primer Reporte de Avances del PEY en lo relativo al punto 43 de dicho pacto. ¿A qué reducción del gasto corriente se referirán si en los primeros 4 meses de 2009 esa secretaría ejerció en ese rubro 9% más que el año pasado?

Posteriormente, el 6 de marzo para ser específicos, se integró el Comité para la Evaluación y Seguimiento del PEY (CESPEY), se dio a conocer el primer Reporte de Avances de los Compromisos del Pacto Económico por Yucatán, y se detalló el esfuerzo presupuestal que cada dependencia estatal realizaría para juntar el "ahorro anual de $110 millones". Así, por ejemplo, le correspondió al despacho de la gobernadora gastar $1.9 millones menos; a la Secretaría de Educación, $31 millones; a la Secretaría de Seguridad Pública, $16.1 millones; a la Oficialía Mayor, $7.8 millones; y a la Secretaría General de Gobierno, $5.9 millones; entre otras.

Cabe recordar que en esa misma reunión, la gobernadora Ortega Pacheco declaró que su gobierno "es austero, efectivo y utiliza con máximo cuidado cada peso". Ofreció que al 2011 su administración reduciría en $300 millones su gasto y remató, respect a su plan anticrisis, que "si lo seguimos cumpliendo bien y con seriedad, puede convertirse en el pacto para el desarrollo y despegue del Mayab".

La Secretaría de Obras Públicas, en el segundo Reporte de Avances del PEY, reportó este "avance". Aparentemente el mismo no le funcionó porque el gasto en combustible y en mantenimiento vehicular se incrementó 115% en los primeros cuatro meses del 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.

La última reunión del CESPEY se llevó a cabo el 2 de abril. Ahí, sin profundizar y entrar en mayores detalles, el secretario de Planeación y Presupuesto, Armando Baqueiro Cárdenas, dio a conocer a los integrantes del Comité el segundo reporte de avances del PEY, "con lo que se dio cumplimiento a las acciones y compromisos" del mismo. Sobra decir que los integrantes de dicho Comité, incluyendo por supuesto a los de la "iniciativa privada", no cuestionaron nada. Por el contrario, se congratularon por el "éxito" alcanzado hasta esa fecha por el "plan anticrisis" ivonnista. Eso porque pasaron por alto un pequeño detalle...

Los compromisos incumplidos

Iniciamos este reportaje con un popular adagio que sufrimos recurrentemente los electores con los políticos en campaña y los ciudadanos con gobiernos populistas que bien saben que las palabras se las lleva el viento. ¿Pero qué pasa cuando los ofrecimientos —que de otra forma, por de quien provienen, carecerían de valor alguno— se documentan en un "pacto" y, peor o mejor aún —según quien lo vea— en un decreto que los hace obligatorios para quienes suscribieron ese "pacto"? En nuestra opinión esos compromisos se vuelven legalmente exigibles y su incumplimiento, por tanto, se vuelve legalmente sancionable. Y éste es el caso del PEY.

En efecto, el decreto 163 oficializó los tres compromisos adquiridos por el gobierno estatal en el PEY —con los que se fondearían las medidas de ese pacto— pero no impidió que el propio gobierno incumpliera con los mismos, tal y como se evidencia en los análisis que a continuación hacemos de los tres artículos transcritos anteriormente.

1. Por lo que se refiere al artículo 7 del decreto, las medidas previstas en el decreto no sólo no se tradujeron en un peso de ahorro en gasto corriente, sino que éste, durante los primeros cuatro meses de 2009, ha importado $391 millones más que durante el mismo periodo de 2008. Véase Tabla de presupuesto ejercido en gasto corriente por capítulo.

2. Con relación al artículo 9, el presupuesto total ejercido de enero a abril del actual en el capítulo 1000 ascendió a $1,994.4 millones, mientras que el presupuesto anual para ese capítulo asciende a $6,218.4 millones. Eso significa que en los primeros 4 meses del año se ejerció el 32.1% del total autorizado. Si consideramos el impacto que el aguinaldo tiene en el presupuesto ejercido en los últimos meses del año, el sentido común nos dirá que al final del año, no sólo no se alcanzará la meta del 1% de ahorro sino que es previsible que el capítulo 1000 se sobregire —como ha sido la tónica de este gobierno. Esto se traduce también en que el 9% de ahorro global no deja de ser un simple anuncio mediático, superado ampliamente por el crecimiento brutal de la nómina estatal, tal y como se aprecia en la Tabla de presupuesto ejercido en gasto corriente por Dependencia que acredita fehacientemente que ni una sola dependencia ha reducido su gasto corriente, sino que, por el contrario, lo han aumentado, algunas de ellas —como Hacienda, Oficialía Mayor y, para no variar, la Coordinación General de Comunicación Social— en forma escandalosa.

3. Respecto al artículo 21, 1.5% es la meta de ahorro en gastos de operación (diferentes a sueldos y salarios) establecido como obligación. Artículo 7 hizo un análisis del los recursos ejercidos de enero a abril de 2009 y de 2008 en 11 de las partidas más importantes y sensibles de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, resultando que sólo una de ellas (Refacciones y mantenimiento vehicular) registra un ahorro, mientras que las otras diez registran importantes incrementos de un año al otro, algunos de los cuales son cercanos o superiores a 100%: gastos de publicidad, difusión e información; asesorías y honorarios; telefonía y gastos de ceremonial. Ver Tabla de presupuesto ejercido en principales partidas de gasto corriente.

Lo ofensivo y lo lastimoso...

No obstante que el propio gobierno estatal hizo obligatorios los tres principales compromisos asumidos en el plan anticrisis, éstos no han sido cumplidos por el mismo gobierno. Al supeditar a esos compromisos el funcionamiento del PEY —los recursos con los que el plan operaría tienen una misma fuente— resulta una ofensa a los ciudadanos que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco continúe hablando de un pacto que en realidad no opera —al menos en las medidas que requieren recursos para su implementación, o sea, todas. Asimismo, resulta bastante lastimoso, por decir lo menos, que la iniciativa privada se preste a esa pantomima... ¿o Usted, estimado lector, qué opina? JECM