Mérida, Yucatán, a 3 de octubre de 2013.- La coordinadora de la bancada panista del Congreso del Estado, Sofía Castro Romero afirma que el voto en contra de la iniciativa para que el Ejecutivo solicite un crédito de mil quinientos millones de pesos, por la oscuridad, la escasez de respuestas y de explicaciones, así como por una resistencia para aceptar modificación alguna en el trabajo de comisiones.

Califica esta acción como una emboscada al pueblo yucateco, porque lo aprobado se contrapone a las reformas y adiciones hechas a la Constitución Política de México y porque

Con ella se engaña al pueblo yucateco, ya que no se le dice con claridad que en realidad el préstamo será de casi dos mil millones de pesos.

Siempre estaremos de acuerdo en lograr mejores condiciones que redunden en beneficios de los yucatecos y el PAN y sus diputados estamos comprometidos con el voto a favor, como en muchas ocasiones anteriores lo hemos demostrado, pero no podemos estar de acuerdo con engañar al pueblo y a la opinión pública, pretendiendo hacer pasar una cosa por otra, en perjuicio de todos los yucatecos.

Creemos que existe algún interés oculto de parte del Ejecutivo para la rápida aprobación que se dio, ya que algunos de los puntos contenidos en el decreto se contraponen a las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de de la Republica, en materia de disciplina financiera de los estados y municipios, que en un muy corto plazo entraran en vigor.

La diputada afirma lo siguiente:

El Ejecutivo esgrime en su exposición de motivos una serie de argumentos que más adelante en los artículos del decreto claramente contrapone el dicho al hecho.

Aumentar la afectación de las participaciones al 9 por ciento, cuando hoy está a poco menos del 7.5 por ciento no representa algún beneficio.

No establecer que las amortizaciones o pagos mensuales deberán ser iguales o similares durante todo el plazo considerado y dejar que sean de manera creciente, significa una jugarreta administrativa en perjuicio de futuras administraciones.

No querer establecer con claridad que el préstamo sólo podrá ser utilizado para renegociar la deuda ya existente, es engañar al pueblo yucateco.

Esconder en el articulado más cantidades de lo solicitado y pretender sorprender entre líneas, o en las letras chiquitas, es totalmente inaceptable.

No cabe dudad que es regreso al pasado, a ese pasado que tanto daño le hizo al país y a Yucatán.

No somos cómplices de la opacidad, lo único que los diputados de acción nacional pedíamos en relación al decreto era precisar lo que NO se puede hacer y acotar la ambigüedad de la redacción.

No podemos avalar un dictamen que deja un amplio margen a la discrecionalidad del Ejecutivo, en el que no se le establecen limitantes para contratar nuevos empréstitos en un futuro, en el que el perfil de amortización de la deuda pueda ser creciente.

Consideramos que no debió establecerse el pago de otros gastos y pagos de honorarios puesto que esto ya es una obligación y atribución del Ejecutivo.

No estamos de acuerdo con este dictamen por la falta de claridad de los montos en lo que se pretenden realizar la reestructuración.

No puede haber demasiada discrecionalidad y flexibilidad, mas si se trata recursos públicos, del dinero de los yucatecos, de modo que este El Congreso del Estado no debió dar su aval en los términos en que se presentó el dictamen.

Lo único que queda claro es que a este gobierno no le interesa la austeridad y mucho menos el bolsillo de los yucatecos, pues nos siguen adeudando.