México (10 de septiembre).- Crear un registro público de los ingresos que reciban los funcionarios, establecer que se podrá decomisar los bienes obtenidos ilegalmente por éstos y obligar al Estado a proteger a quienes denuncien irregularidades son algunos puntos de la iniciativa de Ley General para el Combate a la Corrupción que los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer este martes.

La propuesta, que fue publicada en la Gaceta del Senado, busca reglamentar el Sistema Nacional Anticorrupción creado con la reforma constitucional promulgada en mayo.

En la propuesta del PRD, se contempla crear un registro público, en el que se concentre la información sobre qué funcionarios están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, así como sobre las remuneraciones que obtengan.

Con ello, argumentan los perredistas, se establecería un “doble control” a los servidores públicos, que permitiría vigilar si su situación patrimonial es o no congruente con sus ingresos.

La propuesta, sin embargo, no obliga a que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimoniales —como exigen algunos especialistas—, sino que deja la decisión en los propios funcionarios.

“La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”, dice el texto.

Otro de los de los principales planteamientos es establecer que el titular del nuevo sistema —es decir, quien fungiría como su representante— sea el presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Según la iniciativa, con esta medida se daría mayor peso a las opiniones de la sociedad civil en el diseño de la política nacional de combate a la corrupción.

El Comité de Participación Ciudadana es uno de los siete integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Los otros son la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la fiscalía especializada de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En otro apartado, la iniciativa plantea que las sanciones administrativas por actos de corrupción vayan de una amonestación hasta la inhabilitación y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente, pasando por la suspensión, la destitución y la multa.

Tales sanciones serían impuestas por las contralorías o bien por el TFJA, que tendrían que valorar la gravedad de la falta y permitirían que la fiscalía especializada haga sus propias investigaciones si la irregularidad constituye un delito.

Además, la propuesta establece que las contralorías estarían obligadas a contar con mecanismos para recibir las denuncias por actos de corrupción, mientras que el Estado en su conjunto tendría que proteger a los informantes, un tema para el cual el PRD y algunos panistas presentaron la semana pasada otra iniciativa de ley.

En lo que va del actual periodo ordinario de sesiones, el PRD es el segundo de los principales partidos que da a conocer sus propuestas de legislación secundaria en combate a la corrupción. Antes lo hizo el Partido Acción Nacional (PAN) y aún falta el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).- (Agencias)