Mérida, Yuc., México, abril 1 de 2017

Un día después del asesinato de Emma Gabriela Molina Canto –quien luchó entre 2012 y 2014 por rescatar a sus hijos secuestrados–, el pasado 29 de marzo quedaron formalmente sujetos a proceso penal los dos hombres detenidos tras el crimen, contra los que la Fiscalía General de Yucatán presentó cargos por el delito de “feminicidio”.

Tal como informó Ligia Canto, mamá de Emma Gabriela, en las horas posteriores al asesinato (cometido el 28 de marzo a las 15:30 horas), las autoridades de Yucatán no mostraron ningún interés en actuar con celeridad, “y sólo hasta que la ciudadanía, la gente, comenzó a expresar su indignación, entonces sí las autoridades comenzaron a actuar”.

En 2012, tras separarse de Medina Sonda debido a las agresiones de las que era víctima, Emma Gabriela obtuvo la custodia legal de sus tres hijos y se refugió en Yucatán.

Sobre las investigaciones realizadas hasta ahora contra los presuntos asesinos capturados, gracias a reportes y videograbaciones ciudadanas, la madre de Emma Gabriela reveló que “la Fiscalía no nos ha querido decir nada, dicen que tienen muchas cosas ya, pero que no las pueden decir, sólo nos han dicho que los detenidos son de origen tabasqueño”.

El origen de los agresores es un dato importante, ya que Emma Gabriela estuvo casada hasta el año 2012 con un político priista de Tabasco, Alberto Martín Medina Sonda (preso actualmente por corrupción).

En 2012, tras separarse de Medina Sonda debido a las agresiones de las que era víctima, Emma Gabriela obtuvo la custodia legal de sus tres hijos y se refugió en Yucatán, de donde era nativa.

Meses después, sin embargo, Emma Gabriela y sus hijos fueron secuestrados por policías judiciales de Tabasco.

Los niños fueron entregados a Medina Sonda, quien huyó con ellos, y Emma Gabriela fue encarcelada en Tabasco, bajo cargos falsos de robo de autos. Cuatro meses después se comprobó la fabricación de las acusaciones y quedó libre, pero sus hijos permanecieron secuestrados por la familia paterna, durante dos años más.

En 2014, la Procuraduría General de la República logró ubicar el paradero de los niños y rescatarlos, al mismo tiempo que arrestó a Alberto Medina Sonda, y lo procesó por secuestro y por actos de corrupción cometidos durante el gobierno del priista Andrés Granier en Tabasco.

Desde mediados de 2014 y hasta el día de su asesinato, Emma Gabriela vivió con sus hijos en Mérida, manteniendo un bajo perfil, ya que las amenazas en su contra nunca cesaron.

“Mi hija siempre avisaba a las autoridades cuando recibía amenazas, cuando era seguida en la calle por familiares de Medina Sonda, pero nunca le dieron protección”, narra su madre.

En cambio, lamenta, ahora que fue asesinada, “ahora sí muchas autoridades nos han buscado. Incluso nos han hablado de la Secretaría de Gobernación, el mismo licenciado Roberto Campa Cifrián (subsecretario de Derechos Humanos de la Segob). No lo reprocho, de alguna manera, el que las autoridades federales, desde la Ciudad de México, estén interviniendo, es prueba de que el gobierno de Yucatán (encabezado por Rolando Zapata Bello, del PRI) no están haciendo su trabajo”.

Batalla legal

“Sé perfectamente que nadie ni nada me va a devolver a mi hija. Entonces, lo más importante ahorita es ver por mis nietecitos, quienes han sido víctimas de una violencia extrema”, indicó la señora Ligia Canto.

Los niños, explicó, sufrieron la violencia del padre, al menos hasta 2012, cuando Emma Gabriela se separó de él y obtuvo la custodia legal. Luego fueron secuestrados a punta de pistola y entregados a Alberto Medina Sonda, quien durante dos años los mantuvo ocultos, les cambió de nombre, e incubó en ellos rechazo y miedo a la figura materna.

Para 2014, cuando los niños fueron rescatados, el gobierno de Yucatán los mantuvo en un albergue durante dos meses, debido al miedo que mostraban por Emma Gabriela.

“Tanto los violentaron usando la imagen materna durante el tiempo que los mantuvieron secuestrados, que cuando los rescataron, los niños se escondían en un rincón, como animalitos asustados, cuando veían a su mamá –recuerda la señora Canto–. Entonces, tuvieron que pasar por un proceso con mucho trauma, muy doloroso y muy triste, de reencuentro. Y luego de que establecieron de nuevo el vínculo materno, y de que empezaron a disfrutar de esa felicidad, nos la quitan.”

Emma Gabriela y a sus hijos, denunció, “sólo tuvieron la oportunidad de gozar esa felicidad el tiempo de un suspiro… La felicidad de ella fue fugaz, fugaz fue la felicidad de mis nietos”.

La actual protección dispuesta por las autoridades, destacó, “llega muy tarde, porque si a mis niños y a mi hija les hubieran dado atención inmediata, si los hubieran rescatado tan pronto como fueron secuestrados, nuestra familia no estaría pasando este viacrucis. El crimen contra mi hija es, por eso, un crimen institucional, un crimen de Estado”.

Pero la lucha por justicia, aclaró, no se limita a Emma Gabriela. “Ella no es la única mujer en Yucatán, y mis nietos no son los únicos niños, que han sufrido este grado de victimización tan grave, que implica separar a una madre y a sus hijos; ¿cuántos niños están sustraídos, y la autoridad no se encarga de rescatarlos, argumentando mil cosas… En Yucatán, están dejando solos a los niños y a las mujeres”.