Ciudad de México, México, mayo 06 de 2020

El Centro Nacional de Control de Energía, o Cenace, la entidad encargada de supervisar el sistema eléctrico nacional, anunció que a partir de ahora ningún proyecto nuevo de energía renovable –eólica o solar– podrá iniciar pruebas para conectarse a la red de transmisión del país, una decisión que podría ocasionar pérdidas millonarias a diversas empresas que han estado edificando centrales generadoras de energías limpias en el país.

La resolución, justificada en una supuesta caída de la demanda por electricidad ante la contingencia sanitaria, así como en la supuesta intermitencia en la red que provocan las empresas generadoras de energías limpias, podría incluso representar fuertes pérdidas para los principales bancos estatales, como Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que han financiado, junto con la banca multilateral, como International Finance Corporation (IFC) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la gran mayoría –entre 80 y 90%– de estos proyectos energéticos.

La propia empresa eléctrica estatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), que muchos sospechan está detrás del anuncio de Cenace para eliminar a competidores en la generación de electricidad en el país, sufrirá también, en un principio, al no poder recibir la energía renovable que había contratado a través de subastas realizadas en 2017 y a un costo de generación inferior al suyo.

Para las empresas de energías renovables, el gobierno prepara el terreno para incrementar la generación eléctrica de plantas más sucias y caras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la excusa de la epidemia de coronavirus que vive el país, acusa la industria de energías renovables, que critica el acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La medida permite una mayor discrecionalidad al gestor del sistema de transmisión y frena a los nuevos proyectos solares y eólicos.

Suspensión de proyectos de energias limpias, favorece a la CFE, acusaron empresarios de ese sector.

“No nos gusta el acuerdo por varios motivos. Y lo que menos nos gusta es que usaran el pretexto de la pandemia para introducir los cambios, que a partir del capricho de la CFE le traten de dar un lugar en el mercado que no tiene por cuestiones de eficacia y economía”, afirma Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

El gestor del sistema de transmisión, el CENACE, ha limitado el acceso de nuevas centrales con tecnologías solar y eólica, además de modificar las reglas que rigen a las plantas que deben desahogar su electricidad sin importar su tecnología ni costos, tras la publicación de un acuerdo extraordinario la semana pasada. El organismo, dirigido por Alfonso Morcos Flores, fundamentó estas medidas acusando que este tipo de centrales generan intermitencia y distorsiones a la red que, en medio de la epidemia del COVID-19, comprometen su confiablidad para el suministro eléctrico.

Inconformes con el acuerdo

Pero el sector de las renovables acusa que las medidas no tienen ningún fundamento técnico, legal ni económico que sustenten esos temores. Y que los problemas que viven las redes de transmisión en México se deben a la falta de inversión que se arrastra desde hace años, y no a la irrupción de las renovables, apunta Valle.

“Usar un acuerdo como el publicado deja un mal sabor de boca, menosprecia las propias capacidad de vigilancia que tiene el CENACE”, dice el representante gremial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo en materia energética se han quejado de los proyectos privados renovables desde el inicio de su sexenio, por lo que la industria teme que este acuerdo se usa para aplicarles un golpe más a su avance .

“Usan los pretextos que hemos oído desde hace muchos meses de por qué no les gustan las renovables”, recuerda el vocero de AMDEE.

Una parte del documento publicado por el CENACE afectará a cerca de 3,000 MW de generación sola o eólica de las plantas que estaban en proceso de construcción o a punto de entrar, pero aún falta por realizar el censo completo entre la industria para conocer a los primeros afectados. Algunas plantas han recibido notificaciones para frenar sus trámites desde el sábado, dice Valle.

El acuerdo también va a afectar a más de 700 proyectos privados en operación con tecnologías tanto renovables como convencionales, debido a que el CENACE va a abrir el abanico para que entren al despacho obligatorio más centrales, sin conocer las reglas para que esto suceda.

La capacidad de plantas que deben despachar su energía necesariamente cada día no debe pasar por el tamiz económico ni técnico y, al aumentarla, va a dejar menos espacio para que las tecnologías con menores costos puedan entrar a descargar su generación eléctrica. Se limita así la participación de los proyectos privados y beneficia de manera potencial a las centrales más contaminantes y caras de CFE que, en condiciones de mercado, no tendrían cabida para inyectar su electricidad.

El sector de las renovables acusa que las medidas no tienen ningún fundamento técnico, legal ni económico.

“Esto afectará a todas las plantas privadas de gas, hidráulica, solares, diésel, de todas las tecnologías que están en manos de privados, dado que la señal que manda el acuerdo es que la reducción en la demanda solo se la tiene que comer los privados mientras que la CFE tiene su cerecita en el pastel”, dice Valle.

El vocero de AMDEE recuerda que el plan para aumentar la refinación en el sistema de Pemex puede generar un aumento en la producción de combustóleo y diésel, ambos con alto contenido de azufre, y que ante la caída de los precios del crudo y las modificaciones a las reglas marítimas internacionales, han perdido mercado. Por lo que las plantas de CFE se posicionan como su única salida para descargar este flujo.

Las compañías afectadas se preparan para tramitar amparos contra estas medidas. Algunas cuentan con una afectación directa ahora, puesto que ya han sido notificadas sobre los frenos en sus trámites. La industria también espera que existan incluso más amparos que los vistos por el tema de los cambios a los Certificados de Energías Limpias (CELs) que estallaron el año pasado.

El gremio de las renovables también acudirá a la Comisión Federal de Competencia Económica para combatir los efectos de este acuerdo. La industria considera que terminarán afectando al consumidor final, al desplazar de manera ilegal a los competidores en el mercado de la generación eléctrica.

“El acuerdo firmado erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa, beneficiando indebidamente a centrales de generación de CFE más costosas y contaminantes. Obligará a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia, a adquirir electricidad de mayor costo de CFE, afectando los ya críticos flujos de las empresas durante la contingencia”, dice la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), en un comunicado de prensa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también se ha posicionado en contra de la emisión de este acuerdo, firmado el 29 de abril.