Mérida, Yucatán, México, 24 de febrero de 2022

Al rendir hoy su informe de gestión, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Oscar Sabido Santana, dio a conocer las malas condiciones en que se encuentran las cárceles estatales y municipales en la entidad.

Frente a los diputados del Congreso del Estado, el funcionario dio a conocer que se llevaron a cabo un total de 274 supervisiones donde se documentaron las condiciones en las que se encuentran cárceles públicas, centros de reinserción, hospitales, centros de salud, así como el Centro de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE).

Miguel Oscar Sabido Santana, presidente de la CODHEY al rendir su informe ante el Congreso del estado.

Expuso que en los cuatro centros de reinserción social del estado, dos en Mérida, así como en el de Tekax y Valladolid, existe una infraestructura carente de mantenimiento y equipamiento en los dormitorios, servicios sanitarios, patios, áreas comunes y área de gobierno, que resultan necesarios para que las personas privadas de su libertad tengan una estancia digna.

Además, no tienen reglamento actualizado ni armonizado con la Ley Nacional de Ejecución Penal; falta personal de custodia y técnico operativo, personal médico, odontológico y de enfermería suficientes; carecen de personal psiquiátrico, especialistas en ginecología y de medicamentos suficientes.

De la misma manera, hacen falta programas para incentivar a los internos a que desarrollen una actividad laboral remunerada y capacitación para la misma; así como programas de formación suficientes para el personal directivo, técnico, jurídico, de seguridad y de custodia, sobre todo en materia de derechos humanos.

En ese sentido, también se adolece de protocolos escritos para evitar la propagación del COVID-19; y no existe un registro de la población interna con problemas de adicciones que permita elaborar un diagnóstico para evaluar su condición y establecer acciones para la aplicación de tratamientos para su rehabilitación.

De las supervisiones a las 106 cárceles municipales, así como a la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se observó que 85 no tienen área para mujeres y 95 carecen de espacios especiales para adolescentes.

Además, más del 60% de las celdas tienen mala ventilación e iluminación; en 102 hacen falta lavamanos en el interior; aproximadamente 75 no tienen tazas sanitarias y están en malas condiciones de higiene, además que no pueden acreditar que proporcionen alimentos a las personas arrestadas.

En 60 cárceles no hay Juez Calificador o Juez de Paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes; mientras que en 68 no se acreditó que se informara a las personas el motivo de su arresto, aunado a que carecen de reglamentos internos y manuales de procedimientos 101 cárceles y 87 tampoco tienen Bando de Policía y Gobierno. En entrevistas, el personal de 67 de las cárceles señaló que el número y capacidad de las celdas es insuficiente.

Las cárceles municipales con las mejores condiciones de infraestructura, de acuerdo con las supervisiones realizadas, son las de los municipios de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid, así como la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por el contrario, las que presentan mayores deficiencias son las de los municipios de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul.

Sabido Santana dio a conocer que el CAIMEDE también fue objeto de supervisión y en este ejercicio se logró advertir que pese a ser un centro para niñas, niños y adolescentes, albergan a personas mayores de 18 años en condiciones de discapacidad física y psicosocial, además de que se determinó que no tiene personal especializado ni instalaciones habilitadas para darles la debida atención.

Además, no hay criterios adecuados para la ubicación de los menores, pues únicamente se prevé su clasificación por edad y género, sin tomar en consideración su condición física, psicológica, psicosocial, enfermedades, discapacidades, cuidados especiales o alguna otra circunstancia.

En el mismo sentido, no todo el personal está capacitado profesionalmente en materia de trato y cuidado de menores; tampoco se realizan pruebas de control de confianza, carecen de personal médico especializado en Psiquiatría, Ginecología y Pediatría, las niñas y niños desarrollan muy pocas actividades deportivas y recreativas; y se carecen de ocupaciones laborales y de capacitación como preparación de vida para el exterior. Algunas partes del CAIMEDE, principalmente los baños de uso común y los de los dormitorios, requieren urgente mantenimiento.