—Sabemos que agrupaciones de cantineros fueron extorsionados para que el gobierno se adornara regalándole vehiculos a las enfermeras, quienes "se merecen eso y más, pero no producto de chantajes y malos manejos económicos"... Espero que Regulación Sanitaria no se utilice como caja de recursos económicos para campañas electorales.

Indicó que podría pedirse la comparecencia del funcionario o de su jefe, el secretario estatal de salud para que se aclare quién compró los vehículos y a nombre de quién salieron las facturas.

En círculos cantineros se menciona que constantemente los inspectores de salubridad les imponen multas a los diversos establecimientos, que fluctúan entre los 9 mil y 100 mil pesos, sobre todo con el argumento de que laboran fuera de horario.

De acuerdo a información proporcionada a este semanario, hasta el año pasado la administración de Ivonne Ortega Pacheco, a través de Rómulo Uc, había renovado más de 300 licencias para la venta de bebidas embriagantes de expendios que habían sido cerrados por diversas anomalías. De ese total, unas 120 se le autorizaron al Grupo Modelo en tan sólo cinco días: 68 entre el 23 y 24 de abril; más de 30 en marzo y otras 12 en julio 4 y 11.

"Nada bajo la mesa"

Entrevistado por A7, el Dr. Rómulo Uc aseguró que en el área a su cargo nadie, ni él mismo, recibe dinero "bajo la mesa", pues a la gente la recibe en audiencia y se filman para –según él– dejar constancia de que todo se hace de manera transparente. Agregó que además, mediante diversos operativos, han logrado cubrir una cifra que "nunca se había visto en Regulación Sanitaria al clausurar 240 giros, generando ingresos tan sólo en multas de dos millones y medio de pesos" en lo que va de la actual administración estatal.

—Nadie nos puede calificar de corruptos, a casi todos los que han pasado aquí se los han referido porque a lo mejor se prestaban... yo nunca en la vida he probado una gota de alcohol y eso me permite actuar con mano dura porque no estoy de acuerdo en que haya alcohol en forma excesiva porque se daña a los jóvenes. Yo también tengo hijos y lo que no me gusta para ellos, tampoco me gusta para otros –enfatizó.

Explicó que cuando una persona o empresa desea abrir un establecimiento con venta de bebidas embriagantes, lo primero que debe hacer es acudir al ayuntamiento que le corresponda a tramitar su anuencia o permiso de uso de suelo, condición indispensable para obtener después la determinación sanitaria de la SSY.

—Una vez hecho el trámite anterior –continuó– la persona interesada acude con nosotros que enviamos a un verificador a ver que se cumpla con todos los requisitos que establece la Ley Estatal de Salud que en su artículo 259-G señala que no puede otorgar la licencia cuando a menos de 200 metros haya otro negocio con venta de bebidas alcohólicas, parques, iglesias o escuelas.

Indicó que si todo está en orden en 10 días hábiles se le concede al solicitante un "accede" que significa que se le puede otorgar la licencia sanitaria y en el transcurso de otros 15 días la determinación debe ser firmada por el secretario estatal de Salud, Dr. Alvaro Quijano Vivas, por lo que todo el trámite no dura más de un mes.

—Ahora buscamos agilizar los trámites... Cuando yo me hice cargo de Riesgo Sanitario habían 2,700 expedientes rezagados, revalidaciones pendientes y ahora estamos al día. Actualmente existen 5,300 giros de venta de bebidas alcohólicas en el estado que cada año se tienen que revalidar –subrayó el funcionario.

Indicó que el costo de las determinaciones sanitarias por apertura varían de acuerdo con el giro del negocio. Se clasifican en cuatro tipos: $3,928 para las tipo A (cantinas, expendios de cerveza, licorerías, pizzerías, restaurante, tiendas de autoservicio con venta de cerveza, sala de recepciones y salón de baile),  $5,237 para las B (restaurante de lujo. video-bar y tiendas de autoservicio con venta de cerveza y licor), $6,546, C (centros nocturnos, discoteca, bar y de almacenamiento y distribución de bebidas alcohólicas) y $7,855 para las D (cabaretes).

Además, se pagan renovaciones, modificaciones de horario, cambio de denominación, propietario o domicilio.

El funcionario comentó que a diferencia de la administración anterior, ahora los trámites son muy ágiles porque a la gente la atienden en audiencias que se realizan dos veces por semana: martes y jueves. Los interesados en participar en las mismas se inscriben un día antes y su asunto a tratar se plasma en un formato. Todos entran a su privado, donde también se reúnen los jefes de los distintos departamentos y "en cosa de 45 minutos atendemos a un promedio de 60 personas y todos se van contentos y satisfechos".

—Esto de las audiencias también lo hago porque ésta es un área muy neurálgica –agregó el funcionario. Aquí manejamos demasiados giros... Cuando entré escuché que aquí los directores no tardan más de dos meses y yo decía "por algo será" Empecé a averiguar y me dijeron que aquí se manejan recursos y cuando alguien quiere aligerar algo te ofrece y yo dije "no, vamos a hacer un cambio". Antes las audiencias eran personales y eso daba pie a que te juzgaran mal.

—Hoy en día –enfatizó– los trámites se hacen de manera dinámica pero con transparencia. Lo que se tiene que agilizar se agiliza sin que nadie le pida ni un quinto a la persona.

Sin embargo, admitió que en ocasiones llega gente que compra un terreno en la ciudad y construye un restaurante u otro establecimiento con venta de bebidas alcohólicas sin haber tramitado antes los permisos correspondientes.

—Darles una licencia a esos negocios sin que cumplan con los requisitos es ir en contra la ley, pero nos ponen entre la espada y la pared porque ya invirtieron tres o cuatro millones de pesos y además van a generar empleos, de modo que estaríamos mal si no se los damos, pero procuramos que no haya daños a terceros.

Señaló que el estado se divide en tres jurisdicciones sanitarias: la 1 con sede en Mérida, la 2 en Valladolid y la 3 en Ticul, que en conjunto cuentan con 120 verificadores, cada uno de los cuales visita 5 ó 6 establecimientos por día.

Por cierto, destacó que a él sólo le dejaron 10 vehículos, de los cuales únicamente servían cuatro y ahora los verificadores cuentan con 34 vehículos para su labor en todo el estado.

¿No cree que se le debe transferir a los ayuntamientos la facultad de otorgar las licencias para la venta de bebidas alcohólicas?

 

—Creo que sucedería lo mismo que cuando se empezó a revisar la posibilidad que los permisos y licencias de placas de alquiler las otorgaran los ayuntamientos, es decir, se llenarían de placas porque el de los presidentes municipales es un cargo político y nunca le van a poder negar nada a nadie. Yo pienso que les traería problemas –aseveró.

El funcionario estatal aclaró que no le quitan nada a los ayuntamientos, los cuales cobran exorbitantes cantidades de dinero por la anuencia o uso del suelo, pues salvo Mérida donde el trámite es gratuito, en los otros 105 municipios se piden al solicitante varias decenas de miles de pesos, como –aseguró– sucede en Kanasín donde la tarifa fluctúa entre los 40 mil y 70 mil pesos.

—Si déjaramos que esto de las licencias lo manejen los ayuntamiento "sería un caos". Yo soy de la idea que lo correcto es que haya una autoridad distinta en el interior del municipio que los rija. Aunque los ayuntamientos también pueden vigilar, incluso clausurar a los establecimientos que no cumplan.

¿Usted puede garantizar que aquí nadie recibe dinero debajo de la mesa, ni usted mismo?

-Totalmente, absolutamente; nadie, nadie y puedo poner las manos al fuego por cualquiera de mis verificadores, de los que yo tengo a mi cargo, desde luego... hablando de Regulación Sanitaria puedo decir con certeza que nadie recibe dinero de la gente, desde el más bajo hasta mi cargo, nadie puede tildarnos de que hacemos mal uso de nuestras funciones o que chantajeamos a la gente con algún trámite que se hace de un día para otro –enfatizó.

Opina un regidor de Mérida

Por su parte, el regidor panista Renán Barrera Concha manifestó que es inoperante el hecho de que un ente distinto al municipio sea el que otorgue las licencias de venta de bebidas alcohólicas, ya que hoy por hoy "nosotros sólo estamos facultados para determinar las factibilidades y expedir licencias de uso de suelo, sin que esto signifique o esté implícita la venta de bebidas alcohólicas".

—Desde mi particular punto de vista ésa es una facultad que debe corresponder a los ayuntamientos porque el municipio en su soberanía, el espíritu del municipio es que pueda ser autónomo en cuanto a las decisiones que corresponden a su territorio.

—Mérida tiene la capacidad, ha crecido, es una ciudad y tiene la infraestructura hecha a lo largo de 20 años donde el municipio no debe ser tratado como el hijo pequeño del gobierno del estado. Ya es hora de que tengamos todas las facultades que corresponden al municipio y tengamos una agenda en coordinación con el gobierno del estado para la transferencia de dichas facultades. J.G.C.U.