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Mérida, Yucatán, México, 27 de noviembre de 2025
Más de 190 empresarias y empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán se reunieron este jueves para fijar una postura conjunta ante el incremento propuesto al Impuesto sobre la Nómina para 2026, calificándolo como una medida que “encarece el empleo formal, reduce la competitividad y afecta directamente a miles de familias”.
Durante la rueda de prensa, el organismo detalló que el incremento a la tasa del impuesto —que pasaría al 3.75% aplicado principalmente a empresas medianas y grandes— generaría una carga fiscal adicional estimada en más de 1.1 millones de pesos diarios, lo que representaría alrededor de 409 millones de pesos extra al año. “Es un impuesto sobre el empleo”

El mensaje del CCE, leído ante los medios, subrayó que el gravamen “no afecta utilidades, sino directamente el trabajo formal”, ya que cada contratación y cada salario representan una obligación adicional para las empresas.
Además, señaló que el sector empresarial tuvo conocimiento de la propuesta apenas unas horas antes de que el Paquete Fiscal 2026 fuera enviado al Congreso del Estado, sin mesas técnicas, sin análisis conjunto y sin la participación del Consejo Consultivo del Presupuesto, lo que calificaron como un proceso unilateral.

El organismo destacó que las empresas medianas y grandes representan solo el 4% del padrón total, pero generan el 66% del empleo formal en Yucatán, por lo que un incremento al impuesto afectaría desproporcionadamente a quienes sostienen la mayor parte de la planta laboral del estado.
Actualmente, indicó el CCE, existen aproximadamente 440 mil personas laborando en la formalidad. Bajo un escenario conservador, únicamente considerando salarios mínimos, se pagarían hoy alrededor de 3.7 millones de pesos diarios por el impuesto; con el ajuste al salario mínimo de 2026 y la nueva tasa, este monto subiría a 4.8 millones diarios.
El sector empresarial advirtió que un mayor costo del empleo formal podría traducirse en:
“No es correcto afirmar que ‘el 96% de las empresas no se verá afectado’. El impacto debe medirse por empleos, no por número de negocios”, señalaron.

El CCE pidió abrir un espacio de diálogo técnico, con análisis de alternativas y proyecciones de largo plazo, y exhortó a diputadas y diputados a no aprobar el incremento debido a su impacto en la competitividad y el desarrollo económico de Yucatán.
“El sector empresarial no es adversario del desarrollo social; es aliado. Lo que pedimos es sencillo: decisiones responsables que protejan el empleo formal e impulsen la inversión”, concluyeron.
A la rueda de prensa asistieron más de 190 líderes empresariales, entre ellos representantes de cámaras, colegios, agrupaciones y empresas de los sectores comercio, industria, servicios, turismo y construcción.
Figuran nombres como: Carlos Toledo Ramírez, Luis Alberto Monarez, Alejandro Mier y Terán, Armando Casares, Carlos Worbis, Carlos Gomory Martínez, Nicolás Madáhuar, Beatriz Gomory Correa, Víctor Abraham Chapur, Fernando Ponce Díaz, Alberto Ponce Gutiérrez, Miguel Millet, Juan Manuel Ponce Díaz, Gregorio Cervera, Michel Salum, entre muchos otros.
El registro completo documenta la presencia de líderes pertenecientes al ecosistema empresarial más representativo del estado, lo que refuerza que se trató de un posicionamiento unificado y respaldado de forma masiva.