Tanto en los comentarios de EL UNIVERSAL, como en Twitter y Facebook, me han preguntado por qué considero que el decreto del Presidente, por el que se adelanta la digitalización de la tv al 2015, es un decreto insuficiente y tramposo, colocado como distractor de la polémica licitación 21. En efecto, lo he calificado de las tres formas y el texto largo y amplio en el que doy mi punto de vista está tanto enwww.javiercorral.org como en la página de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, www.amedi.org.mx. En ésta última hay una serie de artículos que van más al fondo del asunto, desarrollados por reconocidos especialistas.

El tema no es sofisticado, como a veces se muestra para distanciar a la gente de estas decisiones, pero requiere de una lectura a conciencia de varios documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación. En primer lugar, del decreto que publicó Fox (2/07/04), donde se definieron los dos hechos jurídicos más relevantes de la política de transición tecnológica: el estándar tecnológico A/53 ATSC así como la decisión que permitió a los concesionarios conservar un canal de 6 Mhz para transmisiones analógicas y que obtuvieran la asignación "temporal" de un canal adicional con el mismo ancho de banda del espectro radioeléctrico (canal espejo) donde se realizaría el tránsito de señales. El decreto del 2 de septiembre pasado repite básicamente las líneas de aquel, y no modifica ni el estándar, ni el ancho de banda; la única diferencia es que en lugar de determinar el "apagón analógico" en el 2021, lo adelanta cinco años para ver a plenitud la "era digital".

Permanecen indefinidas en ambos decretos las reglas y condiciones de autorización de los servicios adicionales a los de radiodifusión, no obstante que la SCJN determinó el criterio de la concesión para cada uso determinado. Y menos aún queda claro si esa digitalización significará más canales para los mismos, o realmente abrirá alternativas de "un mayor número de proveedores de señal de televisión" como llamó Calderón, presumiblemente, a la entrada de nuevos operadores. El decreto señala 34 "porqués" para adelantar la medida, pero no enlista ni un solo cómo.

Como lo ha señalado el doctor Trejo Delarbre, la indefinición principal radica en que "el decreto no dice qué uso se le dará a los canales adicionales que puedan difundirse en cada una de las frecuencias actualmente operadas por cada televisora". Cuando en 2006 impugnamos la Ley Televisa por tratar de agandallarse el espectro que se libera por la digitalización (en realidad el hecho jurídico propiciado por el fenómeno tecnológico estriba en un rescate de espectro para el Estado) los técnicos de las televisoras aseguraban que la digitalización serviría sólo para difundir una imagen de más calidad y no para que hubiera más canales de tv ni servicios de telecomunicaciones. El desarrollo de la tecnología ha demostrado que teníamos razón al decir que la digitalización permitiría diversos usos y no sólo imagen de alta definición.

"En la frecuencia del Canal 2 de Televisa, por ejemplo, o en el canal espejo que hay para esa frecuencia, ahora se pueden difundir dos canales de alta definición, o uno de alta definición y tres canales que siendo digitales tengan imagen de menor calidad. ¿Quién va a manejar esos canales adicionales?", se pregunta el también investigador del IIS de la UNAM. La respuesta sin ambages es que, seguramente los manejará Televisa, porque el decreto que tanto se ha presumido como el derrotero de una nueva competencia en el sector de la tv no da para eso, porque no modificó el "Acuerdo por el que se establece el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México".

De ahí la asombrosa postura que ha tomado Calderón, no sólo en el IV Informe de Gobierno, sino en diversas entrevistas de radio y televisión en las que se atreve a explicar que con su decreto se podrán crear varias cadenas nacionales de tele digital, llegando incluso al extremo de subdividir el espectro, como si eso fuera posible.

Más allá de "hacer público un anuncio de la mayor trascendencia para el país", frase con la que se pretendió inflar el adelanto de la digitalización, de la que Calderón no verá ni el inicio porque dejará el cargo en 2012, lo que la SCT busca (léase Horcasitas) es atajar y distraer el benefició a Televisa-Nextel de una forma descarada -en la que ha reconocido su responsabilidad y autoría- otorgándole una porción importante del espectro para telefonía móvil a precio de ganga, además de la gestión que les hizo ante el Congreso de otro descuento en el pago de derechos para esta misma licitación, mediante una condonación de los dos primeros años, lo que significará 6,690 millones de pesos.

Por supuesto que lo sostengo: un acto de corrupción política que marcará al gobierno de Calderón, como marcó a Fox la Ley Televisa, hecho en el que entonces también fue pieza clave para su aprobación nuestro Presidente.