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1. Desgarriate y hurto. Tamaño lío se ha armado. El gobierno del estado de Yucatán pidió hace 2 años un crédito para comprar 3000 hectáreas en Ucú como base para un megadesarrollo viviendero en el ejido de Ucú. A la fecha, el gobierno no ha adquirido las tierras, ni posee título de propiedad alguno. Tampoco ha aclarado cómo se han gastado los $360 millones, a quién se ha le pagado y sobre todo: ¿cómo es posible que se haya erogado el dinero si aún no se acredita la propiedad gubernamental de lo adquirido? A los campesinos "alguien" ya les pagó en efectivo, aunque el proceso agrario no ha concluido. Se habla de una fraudulenta triangulación de dinero, ya que el gobierno no puede haber pagado por adelantado terrenos ejidales de los que no se tienen títulos. Si el gobierno no es propietario aún, ¿quién compró las tierras? Que el gobierno muestre los cheques, las pólizas y las operaciones de compraventa.
2. Angie y el IVEY. Todo indica que quien manejó ese chorro de millones —lana que el gobierno pidió a crédito a los bancos— fue el Instituto de Vivienda (IVEY). La directora del IVEY era entonces Angélica Araujo, antes de ser doble candidata, primero a una diputación federal y ahora candidata a ceñirse en su cabecita La Joya de la Corona. Pero la cosa se pone más buena todavía: al ladito de los terrenos que el gobierno de Ivonne pretendía comprar, se inició un proceso de compras privadas de terrenos aledaños tambien al ejido, constituyendo un tanto de hectáreas muy sustancial ubicado aún en mejor situación que las tierras que pretendía comprar el gobierno, y que, según confesión confidencial del corredor inmobiliario contactado por la Consejería Jurídica del Estado para hacer esa paralela operación, el beneficiario de esa compra también inconclusa —a través de algunos prestanombres yucatecos— sería ni más ni menos que Felipe Enríquez Hernández.
3. Semejanzas maravillosas. Felipe Enríquez, delegado nacional del PRI en Yucatán, tiene como antecedente amplias conexiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto en EDOMEX, y también con Carlos Salinas y con su propio gobernador en Nuevo León. Enríquez no da paso sin huarache. Fue el encargado de canalizar cuantiosos recursos en dinero fresco a la campaña de Ivonne Ortega en 2007. Dinero fresco proveniente de especuladores de terrenos en Quintana Roo y en Yucatán, cuyos orígenes habrían sido operaciones muy parecidas a la actual de Ucú, previamente pactadas y posiblemente codiseñadas por el mismo Enríquez Hernández. Coincidentemente, don Felipe fue en Monterrey funcionario homólogo de Angélica Araujo Lara, ya que fue director del FOMERREY, similar al IVEY de Yucatán. Los vasos del fraude son comunicantes. Entre las almas y entre las rosas, hay semejanzas maravillosas, las almas puras son rosas blancas y las que sangran son rosas rojas.
4. Semejanzas y contrastes. Seguimos citando a Palmerín: Almas enfermas de amargas cuitas, rosas ajadas, mustias marchitas, entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Lol Bé quiere decir en maya "flor del camino". Mientras que a Lolbé Carrillo Jiménez (panista) se le aplicó un juicio manipulado, condenándola —por un delito inexistente como aprobar la donación de un recurso público a una Asociación Civil para coadyuvar en el tratamiento y conservación de aguas, cuando fue directora de la JAPAY— contra toda lógica a pagar una multa de $6 millones, a Daniel Rochel, subdirector del IPEPAC atrapado in fraganti organizándole un evento proselitista a Angélica Araujo Lara, candidata del PRI a alcaldesa de Mérida —el árbitro metiendo goles junto con los jugadores de uno de los equipos— ¿sabe usted cual fue la sanción para castigar de manera ejemplar a Daniel Rochel? ¡Dos meses de suspensión! "Ja ja ja!!!" Así estará riéndose Rochel de los principios de imparcialidad e independencia que son la razón de ser del IPEPAC. Triste papel el del IPEPAC, en particular el rol que en todo esto juega su consejero presidente, el licenciado Fernando Bolio Vales. ¡Qué papelón!
5. Mala puntería. En lo que parece un uso pandillero y vulgar de las instituciones de procuración de justicia, al pequeñísimo C.P. Rolando Gómez y Gómez, ex contralor y actual favorito de la señora de palacio, se le ocurrió escoger —cuando todavía era contralor estatal— a Lolbé Carrillo Jiménez como chivo expiatorio para exhibir a diferentes personajes de la administración anterior como corruptos: Jorge Carlos Guzmán Alcocer de COUSEY, Rogerio Canto de la Fábrica de Postes y un muchacho al que se encarceló y acusó de robar ¡un dispositivo USB! Todos fueron liberados en su momento con un "usted disculpe" por falta de pruebas. La mala puntería del consen en turno, Rolando Gómez, quien inició todos aquellos procesos, se manifiesta al haber escogido mal. La "flor del camino" les va a salir al paso: es tan absurda la acusación y tan burda la actuación de los jueces que llevaron el caso y, particularmente, el papel de el juez yucateco Tito Tun, que se les está revirtiendo el caso al gobierno.
6. El tiro por la culata. ¿Por qué decimos que les sale al paso el caso Lolbé? Porque insistimos, el gigoló Rolando Gómez escogió mal a su víctima de esta vendetta política. El gran prestigio profesional y social de Lolbé Carrillo Jiménez y el nivel de infamia del juicio por el que se le ha condenado, está generando un nivel tal de indignación entre diferentes sectores de la sociedad yucateca, que ya se está constituyendo un problema político para la gobernadora Ortega Pacheco. Un anuncio de fallo judicial programado, para estallárselo al PAN en plena etapa electoral. Al evaluarse, se ha convertido en causa indudable de un deterioro mayor de la imagen de la administración estatal. El "mal tino" de Rolando Gómez estaría causando un revés a lo planeado, con un impacto electoral negativo a la hechura ivonniana, la niña Angélica.
7. Inusual reacción social. Porque todo un conjunto de agrupaciones civiles, académicas, rectores universitarios, empresarios, profesionistas, religiosos, se ha pronunciado con indignación por desenmascarar la grosera maniobra jurídica orquestada mediante un juicio encargado a Tito Tun por el ejecutivo de Yucatán en función de la tonta acusación del multicitado galanazo Rolando Gómez y Gómez, que condenó a Lolbé a pagar los increíbles $6 millones, por un dinero que nunca ha dejado de estar a la disposición de las autoridades competentes: o sea, nunca hubo daño patrimonial al erario. En todo caso, se trató de un irrelevante error administrativo, que debió haber sido objeto de un apercibimiento.