MEXICO, D.F., 22 de diciembre.- Mientras el Poder Legislativo resuelve la iniciativa de Reforma Constitucional para desaparecer a las policías municipales y dar paso a 32 estatales, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó el viernes un modelo marco de Policía Única.

Miguel Angel Osorio Chong, titular de SEGOB, pidió a gobernadores y legisladores "acelerar el paso".

Todos los integrantes del consejo (gobernadores y el Jefe de Gobierno capitalino) aprobaron el plan, el cual será voluntario, a diferencia de la pretendida enmienda del Presidente Peña Nieto, cuyo eje es la obligatoriedad.

Acorde con el Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, el esquema se negoció previamente en la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y se concretó algunas horas antes de la sesión del CNSP, durante un desayuno.

La pretendida Reforma Constitucional busca intervenir o desaparecer las alcaldías en los casos de infiltración del crimen organizado, mientras que el acuerdo avalado busca unificar los procesos para fortalecer y depurar las instituciones locales, pero también servir de soporte en caso de que no prospere el cambio a la Carta Magna.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el encargado de presentar el plan y llamó a todos los involucrados a redoblar el paso para que no se repitan los casos violencia sustentados en la corrupción.

“Se trata de que en cada municipio del país, sin importar que tan alejado esté, los ciudadanos cuenten con instituciones sólidas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos".

"Con corporaciones de seguridad profesionales que las respalden, que sean confiables y que nunca actúen al margen de la ley, para que jamás la colusión entre crimen y autoridad vuelva a lastimar a las familias mexicanas", expresó.

Durante la 37 sesión del CNSP, encabezada por el Presidente Peña Nieto, Osorio dijo que si bien hay avances en regiones y Estados, es necesario realizar un trabajo conjunto, de unidad, sin politizar el tema.

La Policía estatal es una fórmula de corresponsabilidad para ser más eficientes, que no significa restar, sino multiplicar; que no significa reducir, sino potenciar nuestras capacidades, dijo.

El funcionario pidió a legisladores y gobernantes acelerar el paso. Sin embargo, la iniciativa constitucional no fue discutida en el Senado de la República; ello ocurrirá posiblemente hasta febrero, en el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones.

Jorge Carlos Hurtado, responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que actualmente casi todas las Entidades tiene algún convenio de Policía Única y la mitad de ellas, mando estatal al ciento por ciento.

Los integrantes del CNSP (gobernadores, funcionarios federales y responsables de seguridad pública de las Entidades) aceptaron, con diversos matices, la gravedad de la situación de seguridad en el país, lo cual obliga a avanzar en el modelo de Policía Única. Aseguraron que este paso no significa dar un albazo al Legislativo.

El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, dijo que el mando único ya se aplica, aunque cada Entidad lo implemente con enfoques particulares.

El Mandatario de Tabasco subrayó que los avances son de manera independiente a la resolución del Poder Legislativo, para no esperar a la Reforma Constitucional para ponernos a trabajar.

Por tanto, negaron que la vía del acuerdo marco (el cual incluye lineamientos y procesos uniformes para fortalecer a las corporaciones) afecte el trabajo del Congreso.

Insisten en el 911

Adicional al convenio, el CNSP se comprometió a impulsar el desarrollo policial (mejores condiciones de trabajo para los uniformados), y preparar el terreno para la operación de un teléfono único nacional de emergencias.

María Elena Morera, del grupo civil Causa en Común, dijo que hay muchos mexicanos y mexicanas doblemente agraviados por hechos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa, pero también por la limitada respuesta e incluso por la omisión de las autoridades.

Advirtió que la Policía estatal tampoco es la solución a los problemas. Advirtió que la indignación de los ciudadanos es legítima, lo cual no significa, señaló, asumir una actitud derrotista ni violenta. (La Jornada)