México (27 de enero).-

El fin del proceso penal de hallar la verdad se ha vuelto irrelevante hoy en día porque las políticas criminales en los países democráticos del mundo han privilegiado la seguridad, afectando la libertad y los derechos humanos, al concretar leyes y otorgar poder para investigar a instancias que no estaban preparadas para ello.

Así lo consideró el reconocido jurista europeo Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de la Universidad Jaume I de Valencia, España, al dictar la conferencia “El Proceso Penal del Siglo XXI: retos y riesgos” esta tarde en la sede del Poder Judicial del Estado en esta ciudad.

Dijo que la mayoría de estos países dejó el poder de investigación a las Fiscalías, pero estas no estaban preparadas para realizar esa función, de tal suerte que se ha tenido que pasar esa actividad a las policías que ahora son los “amos y señores” del proceso penal.

“De manera que nacemos a veces con condicionamientos que están frustrando nuestro deseo de tener el proceso penal más justo en nuestro país”, aseguró.

Más adelante expuso que estamos encaminados hacia una pérdida de la garantía de los derechos humanos, no porque se restrinjan estos derechos fundamentales, sino porque, bajo la idea de hacer mejores investigaciones o perseguir el delito, las leyes permiten que el Estado los afecte y tengamos que ir a los tribunales para determinar qué entendemos por esos derechos.

Puso como ejemplo la invasión a la intimidad que provoca el uso de tecnologías como los drones, o los mecanismos para hacer investigación cibernética y el uso de la tecnología en general.

Gómez Colomer, quien también ha sido consultor internacional para el desarrollo y la reforma procesal penal en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay y Nicaragua, explicó que el intervencionismo público es uno de los retos del sistema acusatorio en los países que lo implementaron, pues el Estado interviene más en el proceso a través de posiciones concretas, como es el caso de la prueba científica que se le da un valor preponderante durante un juicio.

Esto es así porque la sociedad exige al Estado ser más fuerte y de alguna manera le autoriza a traspasar ciertos límites que afectan los derechos de las personas, bajo la idea de mantener la paz en situaciones de riesgo. Tal es el caso, como ocurre en algunos países, del derecho que tienen las instituciones que investigan los delitos para realizar pruebas de ADN no sólo a quienes son sospechosos de haber cometido un delito, sino también a quienes no lo son porque consideran que pueden estar vinculados a los hechos.

También se permite a las autoridades cometer delitos como parte de su trabajo para llegar al fondo de sus investigaciones, como ocurre en los casos en los que la policía infiltra agentes a las mafias para obtener información.

Durante su conferencia Gómez Colomer concluyó que el sistema acusatorio que se aplica en la mayoría de los países democráticos del mundo, tiende a coartar un derecho fundamental como es el derecho a ser juzgado ante una tribunal, ya que permite una serie de salidas alternas para poder atender de forma eficiente y económica todos los casos.

Esto convierte al sistema en un derecho pragmático, en el que el defensor se constriñe a un trabajo inútil y el juicio será una pantomima, dijo.

Se refirió específicamente a los llamados criterios de oportunidad que dan facultad a los Ministerio Públicos para determinar qué delitos son de menor relevancia y cuáles sí son relevantes para investigarlos y llevarlos a los tribunales.

Asimismo, a la terminación anticipada del proceso y la justicia restaurativa, que consisten en concluir un proceso penal a través de un arreglo entre el imputado y la víctima por medio de una reparación del daño, con lo que el imputado renuncia a su derecho a ser escuchado ante el tribunal.

Por ello, continuó, las autoridades deben tener un criterio para la elección de los casos en los cuales se deben establecer los criterios de oportunidad o de justicia restaurativa.

El colapso de la justicia es tan grande que esos mecanismos se usan en delitos graves como homicidios, terrorismo, narcotráfico y ahí ya se traspasan ciertos límites, apuntó.

También señaló que uno de los puntos confusos en el sistema procesal es que, en los países donde implementaron el sistema acusatorio, se crean códigos que se basan en instituciones que jamás tuvieron, como por ejemplo, la figura del fiscal, que en un país determinado no existía.

Abundó sobre el enorme alejamiento que tiene el derecho penal con el derecho procesal penal. “El derecho penal trata de buscar una solución al miedo que los delincuentes causan a una sociedad, el derecho procesal no le da importancia, no ha hecho nada, está alejado”.