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Pulso-Mundo Político

Partidos viven en confort; aprovechan recurso federal

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Ciudad de México, México, marzo 19 de 2017

En este momento se retirara el dinero público a los partidos políticos, estos institutos tendrían que sobrevivir con sólo 4% de lo que ingresan por financiamiento federal, ya que ese porcentaje es el que obtuvieron en 2015 por recursos privados.

A pesar de que la ley les permite hasta 10% de financiamiento privado, 500 millones para 2015, en ese año los partidos obtuvieron ingresos federales para gasto ordinario y de campaña por cinco mil 94 millones de pesos, mientras que por financiamiento privado recaudaron 200 millones de pesos, es decir un 40% del financiamiento privado permitido.


Los institutos políticos sólo recaudaron, en recursos privados, el equivalente al 4% de lo que la federación les asignó.

Para Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), esta situación los mantiene “dependientes” del recurso federal, lo que ha derivado en partidos burocráticos que se esfuerzan por mantener su status quo, más que promover una real competencia electoral.

En la discusión sobre la reducción o desaparición del dinero público a los partidos, César Astudillo, experto electoral de la UNAM, menciona que los temas a resolver son los límites de aportaciones de simpatizantes y militantes, el excesivo dinero público que reciben los partidos, las aportaciones fuera de la ley y en efectivo que los mismos reciben de intereses privados y crimen organizado, así como la también reducción de dinero público entregado por las entidades a los partidos.

En entrevista para Excélsior, Astudillo Reyes explicó que hace 40 años, cuando se llevó a cabo la reforma electoral de 1977, la necesidad del país recaía en constituir un verdadero sistema de partidos, ante un instituto político que acaparaba el dinero, los medios de comunicación y que contaba con una estructura que no fácilmente permitía la competencia electoral.

A cuatro décadas de distancia, el especialista asegura que “lo que quisimos conseguir hace 40 años, ya lo conseguimos: un conjunto de partidos amplio, sólido y de carácter nacional que, al día de hoy, ya tiene demasiados recursos. Entonces, lo que tenemos justamente que ver es de qué manera vamos empezando a desmontar ese conjunto de recursos que hoy ya no se justifica”.


Es preocupante la burocratización de los partidos políticos que se convierten en órganos que no tienen que salir a recaudar fondos para su mantenimiento y campañas, sino que tienen un presupuesto ya asignado según sus resultados anteriores”, señaló el académico de la UNAM, César Astudillo.

Piden poner “candados” al dinero público

El experto de la máxima casa de estudios asegura que es momento de “empezarles a cerrar la llave del dinero público” a los partidos, y “abrir la llave del financiamiento privado” poniendo en este segundo elemento la mayor atención en que los militantes y simpatizantes de un partido, los representantes populares emanados de los institutos políticos, así como los propios candidatos en tiempos de campaña, “deberían también contribuir en mayor medida al sostenimiento de los partidos. Entonces, lo que yo creo que hoy se necesita es mucho menos dinero público, pero, también, ampliar las fuentes del financiamiento privado con controles muy estrictos, para no derivar en cuestiones negativas”.

Para el consejero Benito Nacif es un reto para el país encontrar los equilibrios entre dinero público y privado, necesarios para transformar fenómenos “preocupantes” que se han desarrollado en los partidos.

“Con el paso del tiempo, creo que hemos vuelto a los partidos políticos completamente dependientes del financiamiento público y esto genera efectos contrarios a los que originalmente se buscó, uno de ellos que es preocupante, desde mi punto de vista, es la burocratización de los partidos políticos que se convierten en órganos que no tienen que salir a recaudar fondos para su mantenimiento y campañas, sino que tienen un presupuesto ya asignado según sus resultados anteriores,” dijo el consejero Nacif.

Con esta prioridad del financiamiento público sobre el privado, establecida en la Constitución, se imponen topes a lo que un partido puede obtener y también límites a lo que los militantes y simpatizantes pueden aportar.

Astudillo califica estos topes, junto con los de campaña, como una “farsa” y, como “fuera de la realidad” las posturas que defienden los topes y las grandes cantidades de financiamiento público por el miedo a que dinero del narco y de intereses empresariales llegue a los partidos y campañas.

El experto electoral asegura que “eso ya lo tenemos, o sea realmente no podemos partir de una discusión en donde no pongamos lo que nos está pasando sobre la mesa, si hay alguien que quiere ocultar, que esto ya ocurre, pues, entonces, vamos a tener una discusión falsa, inadecuada, esto ya ocurre, las grandes corporaciones ya financian a los candidatos, hay distintos intereses que ya están presentes, el crimen organizado, lo hemos visto, está apoyando candidaturas”.

Agrega que se debe hacer “lo contrario”: regular esos intereses que ya “discurren por debajo de la mesa”, en primer lugar, y, en segundo, “obstaculizar, que eso sí es ilegal completamente, el ingreso de dinero del crimen organizado”.

Mientras el especialista urge a contener los recursos a los partidos y redireccionarlos a otras necesidades del país, y habla de que debería haber una reforma ya sobre este tema, el consejero Benito Nacif apunta que lo más importante sería construir un consenso entre los partidos políticos en torno a ese cambio, puesto que “no es un tema menor y este tipo de reformas no hay que hacerlas pensando en la siguiente elección”.

Al mismo tiempo, el funcionario electoral subraya que una reforma en este tema es legítima, pero no debe dar “lugar a improvisaciones y mucho menos a imposiciones”.

Astudillo, considerando el descontento social por el gasolinazo y los recortes al presupuesto, concluye que “el horno no está para bollos”, por lo que una reforma al respecto debería darse ya, al recordar que, este año, los partidos gastarán, tan sólo en sus burocracias, 8 mil 500 millones de pesos públicos que les otorgarán la federación y las entidades.