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Mérida, Yucatán, México, septiembre 12 de 2019
La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) que dirige Olga Rosas Moya destruyó parte del patrimonio histórico de Yucatán, al pasarse por alto a la autorización federal en la materia (INAH), al momento de realizar trabajos de remodelación en sus oficinas, ubicadas en la ex penitenciaria Juárez.
Resulta que trabajadores del Gobierno del Estado derribaron los muros correspondientes a las celdas de la ex Penitenciaría (ubicada a un costado del Parque de la Paz), motivo por el cual las obras fueron suspendidas por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) – Yucatán.
La SAF dio inicio a las obras SIN TENER LA LICENCIA que otorga el INAH y durante los trabajos, atentó contra del patrimonio histórico de Yucatán.
Debido a la oportuna intervención de la dependencia federal, se impidió un daño mayor al edificio de la ex Penitencia, el cual se encuentra protegido por las leyes federales al ser considerado como patrimonio cultural de la entidad.
Durante el operativo, que se llevó a cabo la tarde del miércoles, personal del INAH pudo constatar el daño causado a la sección de celdas de este edificio, catalogado como patrimonio histórico de Yucatán, en el cual estuvieron encarcelados reconocidas personalidades, como es el caso de Felipe Carrillo Puerto.
Ante estas graves acciones, la dependencia federal convocó a los representantes del Ejecutivo local para comparecer de manera inmediata ya que se trabajó sin licencia alguna además que se debe de reparar (en lo posible) el daño, ya que de lo contrario se turnaría el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR).
El inspector del INAH, Sergio Iván Gómez Durán, confirmó la ilegalidad de la obra y solicitó a los albañiles que se encontraban trabajando en el sitio, la licencia correspondiente, y al reconocer que no la tenían, se pidió hablar con el responsable de la obra, pero dijeron que este no se encontraba en el inmueble.
El funcionario procedió a colocar los sellos correspondientes de clausura de la obra para evitar mayores daños al histórico edificio.
Por su parte, el responsable de Trámites y Servicios Legales del INAH, José Arturo Chab Cárdenas, explicó que fue por medio de una denuncia ciudadana que la institución se enteró de la destrucción de los muros divisorios de la ex penitenciaría Juárez.
“La demolición sin la autorización se hizo en la parte más antigua del inmueble. De manera inmediata se colocaron sellos de suspensión en las obras, para evitar la continuidad de la obra”, y con ello, un daño mayor. Además, se entregó un citatorio para que los encargados de la obra comparezcan ante el INAH y se comprometan a recuperar los mismos muros divisorios, con las mismas características y dimensiones como eran originalmente”, aseveró.
Agregó que no se debió de abrir muros divisorios porque formaban parte de las celdas, porque con ello se modifica el partido arquitectónico original del inmueble.
“El hecho de hacer obra física, en este caso fue de adecuación y de demolición de los muros originales de la ex penitenciaría Juárez lo que causa una afectación al patrimonio cultural. Esto es sancionable como delito, tipificado penalmente en el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos”, afirmó.
Dijo que el hecho de que se realicen obras sin autorización del Instituto, podría causar una sanción administrativa pero que en el caso de la ex Penitenciaria, con la demolición de los muros originales del inmueble, pasa a ser un asunto penal.
“Quienes ordenaron la demolición deben de comparecer de manera inmediata y firmar un convenio para recurar las mismas características en que se encontraban los muros. En caso contrario, si en 30 días no se resuelve el problema, el expediente, se turnará a la FGR”, concluyó.