Mérida, Yucatán, México, 03 de mayo de 2025

La devastación ecológica y social en el puerto de Sisal, comisaría del municipio de Hunucmá, continúa sin freno, pese a las advertencias de autoridades estatales y federales. En una nueva escalada del conflicto, la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Cristina Pérez Bojórquez, ha sido señalada por ofrecer lotes de 8x20 metros a pobladores que participen en la “limpieza” de un terreno costero de 10 hectáreas, ubicado entre el Centro de Salud y el muelle de este Pueblo Mágico.

La zona afectada es parte de una duna costera de alto valor ambiental, donde esta semana topógrafos contratados por el Ayuntamiento realizaron labores de fraccionamiento y trazado de calles, invadiendo incluso predios de propiedad privada, de acuerdo con testimonios de afectados. La vegetación arrasada —entre ella uva de playa y cocoteros— ha sido arrojada en terrenos cercanos a la ciénega, a menos de diez metros del área de alimentación de flamencos, cocodrilos y mojarras de agua dulce, provocando un grave desequilibrio en el ecosistema.

Unos 40 pobladores, atraídos por la promesa de tierras con un valor estimado de un millón 200 mil pesos por lote, permanecen activos en el sitio. Según versiones locales, la comuna les habría asegurado que, al eliminar la vegetación, se facilitará el cambio de uso de suelo y posteriormente se les entregarán títulos de propiedad. Esta maniobra no solo vulnera las leyes ambientales, sino que afecta la zona de anidación de la tortuga marina, especie protegida por normativas internacionales.

Pobladores denuncian reparto ilegal de terrenos a cambio de “limpieza” de duna costera; cada lote alcanzaría un valor de más de un millón de pesos.

Residentes de Sisal que rechazan la deforestación han señalado la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes han dialogado con los invasores sin éxito. La situación se agrava, pues los responsables aseguran contar con respaldo de la presidenta municipal y del comisario local Irineo Novelo Esquivel, lo que les otorga una sensación de impunidad.

El conflicto en Sisal no es nuevo. La mecha fue encendida durante el sexenio del exgobernador Mauricio Vila Dosal, cuando la designación de Sisal como “Pueblo Mágico” detonó una fiebre inmobiliaria en la zona. Desde entonces, la presión por la tierra ha aumentado, al igual que los enfrentamientos. El pasado 11 de marzo, se registraron dos choques entre pobladores y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras la venta de predios a extranjeros y la destrucción del manglar.

El 13 de marzo, luego de que se deforestaran 23 mil metros cuadrados de terreno federal, autoridades de los tres niveles de gobierno firmaron un acuerdo con los habitantes de Sisal para detener toda actividad que afecte el ecosistema y abrir canales de diálogo. Sin embargo, dicho acuerdo ha sido ignorado, y las actividades de devastación continúan con total impunidad.

Pese a acuerdos y advertencias de la FGR y Semarnat, continúa la destrucción del ecosistema costero en el Pueblo Mágico de Sisal.

Incluso la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaría y sancionaría penalmente a los responsables, ya que la destrucción del manglar constituye un delito federal. El gobernador Joaquín Díaz Mena también se pronunció, señalando que los líderes del movimiento están plenamente identificados y que los terrenos entregados previamente han sido vendidos al mejor postor.

El origen del conflicto remonta a inicios del año, cuando habitantes argumentaron que sus hijos no tenían terrenos donde construir. Con ese pretexto, se les asignó un área para viviendas, pero la medida abrió la puerta al crecimiento descontrolado de asentamientos irregulares, y hoy día la especulación inmobiliaria amenaza con devorar una de las zonas costeras más valiosas del estado.

Flora, fauna y propiedad privada, las víctimas del ambicioso fraccionamiento impulsado por la administración municipal.

Ante la inacción de las autoridades y el evidente desacato a los acuerdos oficiales, los pobladores y propietarios afectados exigen la intervención inmediata del gobernador Díaz Mena, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para frenar el despojo, garantizar la protección del ecosistema y restaurar la paz social en el puerto de Sisal.