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Corrupto es sin duda uno de los atributos que comparten entre sí familiares de la gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, como el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud Sección 67 y pariente político de la titular del Ejecutivo estatal, Alvar Rubio Rodríguez; el alcalde interino de Mérida y director con licencia del Departamento de Atención Ciudadana de la Secretaría de Educación del Estado del Yucatán (SEGEY), Alvaro Omar Lara Pacheco; y el subdirector de Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Juan Manuel Canto Ortega, según información proporcionada por empleados que laboran en las dependencias de los susodichos.
Empleados de la Secretaría de Salud de Yucatán hicieron llegar a Artículo 7 un documento fechado en Valladolid el 3 de septiembre de 1984, dirigido al Dr. Oscar Cuevas Graniel, el entonces jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Yucatán, en el que se le notifica sobre el resultado de la investigación relacionada con el oficio No 162, girado por el director del Hospital Rural de Tizimín sobre un cobro indebido por parte de Alvar Rubio Ortiz, técnico en radiología, comisionado en ese unidad. La denuncia fue realizada por el C. Oscar Arcila Ramírez.
Alvar Rubio Rodríguez, lo mismo lidera un sindicato, hace rifas en Facebook y se desempeña como el "cerebro" de su campaña política.
El afectado narró que el 23 de agosto de 1984 acudió al Hospital de Tizimín con una orden médica para tomarse una radiografía, por lo que pasó directamente al Departamento de Rayos X, en donde el técnico (Alvar Rubio Rodríguez) le cobró $2,000 pesos con la única recomendación de no decírselo a nadie. Dora María Castillo, pasante de enfermería del CONALEP, que acompañó al Sr. Arcila Ramírez al hospital le preguntó si ya había pagado por el servicio, lo que este aprovechó para contarle lo sucedido. Al darse cuenta que ambas personas estaban averiguando cuánto y dónde debían pagar por las radiografías, Alvar Rubio llamó al afectado, le devolvió el dinero y le dio una orden escrita para que pagara $500 en la caja. Esta situación generó la queja relatada en este oficio.
Pero el pasarse de "vivo" no es la única "virtud" de este pariente político de la gobernadora, que actualmente está compitiendo como candidato por el VI Distrito, teniendo como sustituto al Dr. Alvaro Quijano Vivas, secretario de la SSY. De acuerdo con empleados de la Secretaría de Salud de Yucatán, ante la falta de apoyo del PRI local –a disgusto por la imposición de Ivonne Ortega para beneficiar a su pariente con una candidatura–, ambos funcionarios están sacando provecho de médicos, enfermeras y demás personal médico del Hospital O´Horán para que realicen encuestas de casa en casa para saber si Alvar Rubio se verá favorecido por los votos de su distrito.
Añadieron que diaramente el personal recibe instrucciones de Alvar Rubio sobre qué calles y colonias deben visitar para realizar la encuesta. El Centro de Salud de Kanasín, también es un cuartel de guerra política para procesar la información que recaban los encuestadores.
Copia de la denuncia en contra de Alvar Rubio Rodríguez que trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán entregaron a Artículo 7.
Además de todo esto, el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Salud Sección 67, se da tiempo para rifar constantemente en su Facebook boletos para conciertos, como el de Lupita D´alessio y la cantante europea INNA; así como para presentar bases para entregar un iPad que nunca rifa.
De igual manera, se encarga de entregar préstamos a trabajadores, que por ley deben recibirlos cuando lo solicitan, haciendo creer a la gente que gracias a sus gestiones es posible que les den el dinero.
El tío de la gobernadora Ivonne Ortega, Juan Manuel Canto Ortega, subdirector de Control y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Yucatán, también tiene lo suyo. El funcionario, pensionado por el IMSS con $2,045.25 como ejidatario, obliga con amenazas a los empleados de la SSY para votar por el PRI.
Trabajadores de esa dependencia señalaron que el tío de la gobernadora "recolecta" dinero de los antros de la ciudad para la campaña del PRI. También suele pedir "mordidas" a los comerciantes que quieren sacar o renovar una licencia sanitaria.
El ex alcalde de Dzemul, Eduardo Chuc Baas denunció en su momento a Artículo 7 que al intentar solicitar licencia para la venta de cerveza en su minisúper de Mérida, Canto Ortega le pidió $5,000.
Chuc Baas comentó que aunque sabía que era una "mordida", aceptó dársela para no tener problemas. Sin embargo, al acercarse el vencimiento de la licencia acudió con todos los documentos en regla, para que, como se instituyó en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, quienes tuvieran sus papeles al día renovaran automaticamente el permiso. La Secretaría de Salud le otorgó el documento que prueba que tenía el permiso, pero que sería complementado con la determinación sanitaria o licencia, que sería entregada unos días después, pero esto nunca sucedió.
Copia de comprobantes de pago de pensión de Juan Manuel Canto Ortega.
Luego de varias vueltas, Juan Manuel Canto Ortega le dijo que no tenía ninguna licencia para él a pesar de que el ex alcalde de Dzemul les mostró que tenía el permiso provisional de la misma secretaría.
Esta denuncia hecha al semanario, culminaría con el cierre del minisúper por un supuesto refresco natural sin etiqueta y posteriormente, con la detención de Chuc Baas orquestada y dirigida personalmente por el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (PGJE), Rafael Acosta Solís.
Por otra parte, empleados de la Secretaría de Educación del Estado del Yucatán dieron a conocer irregularidades ocurridas en esa dependencia, las que involucran al alcalde interino de Mérida y primo de la gobernadora, Alvaro Omar Lara Pacheco.
Comentaron que durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada, Lara Pacheco fue uno de los tantos maestros en la SEGEY, pero al iniciar la nueva administración estatal, a cargo de Ivonne Ortega Pacheco, fue nombrado director de Atención Ciudadana de esa dependencia. Mientras se desempeñó en ese puesto tuvo como secretario personal a Edgar Pérez Herrera. Su secretaria era Gloria Rivero Borrás, ex esposa de Pérez Herrera.
Los trabajadores señalaron que estando en ese cargo el actual alcalde de Mérida, inició una relación sentimental con su secretaria, misma que fue descubierta por su esposa. El asunto se volvió un escándalo en la dependencia.
Alvaro Omar Lara Pacheco, familiar de la gobernadora y alcalde interino de Mérida.
Poco después, cuando Angélica Araujo Lara buscaba la alcaldía de Mérida, Lara Pacheco fue invitado a unirse a la planilla de regidores, por lo que solicitó licencia. Al ganar el PRI, fue nombrado secretario de la Comuna.
A pesar de la partida del funcionario estatal, Gloria Rivero Borrás conservó su empleo de secretaria. Sin embargo, esta trabajadora que no es maestra, acaba de recibir un cambio en su estatus laboral al otorgársele 42 horas de clases –lo que los profesores llaman tiempo completo y por lo que no puede aspirar a más horas. Gracias a esta modificación, la secretaria y pareja sentimental del alcalde interino recibe más de $18 mil pesos al mes.
Los empleados de la SEGEY dijeron estar muy molestos con esta situación, ya que hay personas con mayor antigüedad que merecen ese cambio de estatus, además de que Gloria Rivero Borrás cobra como maestra sin tener el titulo mientras sigue laborando en las oficinas de la SEGEY como secretaria de la Dirección de Atención Ciudadana.
También informaron sobre otras irregularidades, como el caso del Emmanuel Briceño Zapata, hijo del jefe del Departamento de Educación Física de la SEGEY, Omar Briceño Alonso. Ambos muy conocidos en los ámbitos priistas por colaborar en las campañas.
El joven entró en 2007 como jefe de cursos internos, cobrando unos nueve mil pesos al mes, pero al igual que a Gloria Rivero Borrás, le acaban de asignar 30 horas de clases en educación secundaria, por lo que recibirá unos $13,200 al mes.
Aunque aparece en la nómina el cambio–maestro asignado a dos secundarias foráneas– Briceño Zapata continúa trabajando en el mismo puesto de siempre. El cambio de clave fue para que gane más.
Explicaron que esto es ilegal, porque las horas solo pueden asignarse a los maestros frente a grupos, no a administrativos.
Finalmente, dijeron que el cambio fue realizado por la directora administrativa de la SEGEY, Gladys Carrillo, a quien le atribuyen "consentir" al Briceño Zapata. L.I.