Hace no mucho tiempo un diagnóstico  del Consejo Nacional de Población señalaba que la pirámide poblacional en 30 años se iba a invertir; es decir, que como cada año se registran menos nacimientos, México tendría más ancianos que jóvenes para el año 2040.

Esta cifra es una seria advertencia en materia económica: porque a mayor número de personas de la tercera edad, mayor número de pensiones que se tienen que pagar.

En función de lo anterior, el Presidente de la República envió una reforma al Poder Legislativo para aumentar el número de años necesarios para la jubilación de los burócratas federales. El aumento sería pasar de los 30 a los 35 años para solicitar la ansiada pensión.

Al aumentarse los  cinco años de trabajo, el tiempo de aportaciones al fondo de pensiones aumenta igualmente y se da así un respiro al Estado para contar con el dinero para pagar este derecho laboral.

Esta medida causó  un gran revuelo toda vez que voces mezquinas no quisieron validar la urgencia de atender una situación insostenible que era la poca liquidez del Estado para hacer frente el pago de pensiones para los burócratas.

Lo anterior es un breve contexto para alertar sobre la importancia del manejo correcto del dinero que cada quincena se le descuenta a la base burócrata y que representa el ahorro que por ley debe de hacer la autoridad para garantizar el pago de las jubilaciones.

Sin embargo, qué pasaría si la autoridad sin ningún miramiento tomara este recurso económico y lo despilfarrara a diestra y siniestra y sin ninguna señal que alertara a la población del mal manejo de las pensiones.

Creo que se prenderían los focos rojos si una autoridad actuara de esta manera. Entonces ya es hora de que se practique una auditoría de fondo al INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL  PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN (ISSTEY) para que se diga cuál es el estado de las finanzas con respecto al pago de las pensiones y las jubilaciones.

Existen temores fundados de que en los últimos dos años el Gobierno del Estado ha utilizado de forma discrecional los recursos de los burócratas yucatecos para financiar programas electoreros y, porqué no decirlo, alguna parte de las campañas electorales del año pasado. Estamos hablando de millones de pesos que hasta hoy no sabemos cómo se están administrando.

Ya no basta que salgan funcionarios a decir que todo está bien en las finanzas  del ISSTEY.  Es necesaria la actuación de organismos ajenos al gobierno  estatal que puedan auditar estos recursos de manera que la gente tenga la confianza de que su jubilación está garantizada.

No bastaría tampoco la actuación de un Congreso sumiso, como lo es la actual legislatura, que sin duda  haría todo lo posible por obstaculizar dicha auditoría.

La solicitud del ya famoso préstamo millonario es para tapar el  boquete de una mala administración  que tendría en el ISSTEY un ejemplo contundente de su despilfarro.

Ivonne Ortega Pacheco está jugando con el futuro de miles de yucatecos y ya es ahora de que rinda cuentas de su proceder.  De lo contrario se pone en riesgo la estabilidad de su gobierno.