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IGUALA, Guerrero, 4 de diciembre.- Para anunciar un plan que garantizará vidas y tranquilidad de la ciudadanía, el Gabinete de Seguridad en pleno y cuatro gobernadores se reúnen lo más lejos posible de la ciudadanía.
Por el pasto que circunda el asta donde ondea una enorme bandera nacional, el lugar parece una burbuja verde que separa al funcionariado –con Miguel Ángel Osorio Chong a la cabeza– de la gente que ha venido a proteger.
El Gabinete de Seguridad en pleno y cuatro gobernadores se reunieron lo más lejos posible de la ciudadanía.
Si los visitantes se asomaran, verían de un lado el camino que conduce a Tierra Caliente –en rigor, Iguala no forma parte de esa región– y del otro la Laguna de Tuxpan. Pero no. Se miran y se escuchan unos a otros, en el arranque de un programa que huele a calderonismo pero que intentan vender como la gran novedad: 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, dos de Michoacán y cuatro de Morelos tendrán mando único bajo órdenes federales y el control de todos en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Lo mismo que con Felipe Calderón, pero a lo grande, y dos años después.
Los presidentes municipales, con excepción del anfitrión igualteco, ni siquiera han sido invitados, pero el malabarista que despacha en el Palacio de Covián presume: Federalismo sólido es aquel que suma esfuerzos cuando una de sus partes así lo requiere.
La pregunta es, claro, ¿cuál de las partes del pacto federal es la que requiere más oxígeno en estos tiempos?
Al frente, la plana mayor del Gabinete de Seguridad: los titulares de la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Comisión Nacional de Seguridad. Los acompañan los gobernadores de los Estados de México, Morelos, Michoacán y el anfitrión, Guerrero.
En resumen, el proyecto que explican los altos funcionarios federales consiste en que la Policía Federal y la SEDENA toman el control de la seguridad en los municipios de Tierra Caliente y Acapulco, incluyendo las policías municipales; en que habrá un nuevo cuartel en Teloloapan; y que se garantizará el tránsito en las carreteras de la región.
El público está dispuesto así: a los costados, marinos, soldados y policías federales, de pie y formados. Al centro, sillas bajo unas carpas, ocupadas en su mayoría por agentes federales. Sólo dos o tres filas fueron dispuestas para funcionarios locales e invitados especiales. Como la hora de entrada fue rigurosa, una sección del sillerío quedó vacía y un contingente de soldados vestidos de civil fue rápidamente habilitado como público.
Frente a esa asistencia, que completan los muchos escoltas de tanto funcionario, el secretario de Gobernación arenga o confiesa: Ninguna estrategia será suficiente si no contamos con el respaldo de la sociedad.
Abajo, la sociedad cuyo apoyo se espera anda en otras cosas: correteando los frijoles o, como centenares de familias destrozadas por el dolor, en la búsqueda de sus hijos, hermanos o padres desaparecidos.
Andamos como perros o zopilotes buscando a nuestros hijos, grita María Luisa Bastián, 80 años y tres dientes, al finalizar una marcha de las familias de los otros desaparecidos, que han encontrado en la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa un resquicio para que las autoridades, que los han ignorado por meses o años, les hagan algo de caso.
Se han ido juntando de a poco. Pero en sólo tres semanas ya tienen un registro de 375 desaparecidos, aunque el comité de familiares asegura que faltan muchos más, porque, pese a todo, muchas familias se resisten a presentar denuncia. (APRO)