México (7 de septiembre).- Ante la difícil situación económica global y local, al gobierno le toca apretarse el cinturón, dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante su Tercer Informe de labores. Pero, ¿cómo lograr una austeridad real y efectiva en el gasto federal?

A continuación te presentamos un listado de recomendaciones del Colectivo por un Presupuesto Sostenible, integrado por nueve organizaciones civiles, entre ellas México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Gestión Social y Cooperación (Gesoc).

1. Alfredo Elizondo, coordinador del colectivo, dice a CNNMéxico que es un buen signo que la Secretaría de Hacienda (SCHP) haya planteado una reducción de 26% de programas en el avance que dio sobre la estructura programática que proyecta para 2016.

Sin embargo, apunta, “a nosotros nos sigue quedando duda de cierto número de programas”, en cuanto a su efectividad y la pertinencia de mantenerlos, así que una recomendación sería depurar aún más la lista.

“Por ejemplo, programas sociales que han sido evaluados con muy malos resultados, o bien, que son opacos, y que desafortundamente por los menos en los últimos cuatro años se les ha seguido asignando presupuesto”, comenta.

En el mismo sentido, el colectivo recomienda fusionar y alinear programas que tengan fines y propósitos comunes, lo que ya contempla la propuesta presentada por la SCHP en junio, con la fusión de 261 programas en 99.

1. “Hay otras cosas, por ejemplo en el gasto corriente, específicamente en el gasto correspondiente a comunicación social de la presidencia”, apunta Elizondo sobre otro posible ahorro o medida de austeridad.

Su comentario hace referencia a un reporte de Fundar y Artículo 19, donde se indicó que el gobierno de Peña Nieto gastó el año pasado 7,052 millones de pesos para que sus dependencias se anunciaran en los medios.

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“Tenemos que eficientar el gasto en términos de no desproteger ciertos mandatos que tiene que cumplir el Estado, pero sí utilizar el gasto de mejor forma y evitar este tipo de gastos por encima de lo que aprueban los legisladores, respecto a partidas del gasto corriente, y en específico el gasto a comunicación social, como el caso de la presidencia”, menciona Elizondo.

1. Integrar y transparentar la información relativa al gasto federalizado, Ramos 23 y 33, con reportes de las entidades sobre la aplicación, destino y resultados del gasto, que sean actualizados trimestralmente en una plataforma electrónica.

2. Hacer público el padrón único de beneficiarios de programas sociales, en formatos de datos abiertos, como una medida para poder dar seguimiento al buen uso de los recursos.

“Realizar mejoras para la definición e identificación de la población potencialmente beneficiaria, a fin de que se rinda cuentas sobre la aplicación de los recursos en los distintos programas y acciones que integran la política social federal”.

1. Fortalecer el equilibrio de poderes, generando los mecanismos que le permitan al Congreso vigilar el apego a las normas fiscales, y asegurar una respuesta sostenible con perspectiva de mediano y largo plazos, ante los cambios en la economía global.

“Nuestro Congreso no cuenta actualmente con un órgano con la suficiente independencia técnica y de gestión que le permita supervisar y prospectar el desempeño de las finanzas públicas y su contribución a la sostenibilidad de la política fiscal y macroeconómica del gobierno federal”, indica el colectivo.

1. Fusionar el Programa Hábitat (S-48) con el Programa de Rescate de Espacios Públicos (S-175), ambos del Ramo 15, en un nuevo programa presupuestario: Programa de Ciudades Sustentables (S-200).

En el nuevo programa se incluirían subsidios para infraestructura urbana básica y subsidios para inversiones en movilidad urbana sustentable.

También se sugiere “fusionar los a Fondos Regionales (U-19), Proyectos de Desarrollo Regional (U-128) y Programas Regionales (U-22) en un solo programa de desarrollo regional dado que existen similitudes evidentes entre sus funciones, subfunciones y actividades institucionales”.

Con esas fusiones, según el colectivo, se lograrían ahorros cercanos a 3,000 millones de pesos.