*México (23 de agosto).-

Puede parecer increíble que una ciudad de casi un cuarto de millón de habitantes, capital de estado por añadidura, carezca de una biblioteca pública. Pero desde hace más de nueve meses, Chetumal, capital de Quintana Roo, sede de los tres poderes del estado y de importantes centros de educación media superior y superior, se encuentra en tal situación.

Quienes desean utilizar el acervo de la Biblioteca Pública Central Lic. Javier Rojo Gómez, encuentran que está “cerrada por remodelación hasta nuevo aviso”, según el aviso oficial. Pero no hay tal remodelación. Ni siquiera reparaciones. El acceso del público al edificio y los servicios que ahí se prestan fueron suspendidos a raíz del derrumbe parcial del techo en octubre del año pasado, y la subsecretaría de Cultura, de la cual depende la biblioteca, optó por dejarla abandonada para que el próximo gobierno atienda el asunto.

La explicación oficial es que el desplome fue consecuencia de intensas lluvias ocasionadas por una onda tropical. Pero ondas tropicales y fuertes precipitaciones pluviales las hay todo el tiempo en Chetumal, y no por eso se andan cayendo los techos por todas partes. Lo que ocurrió —según fuentes dignas de crédito del interior del gobierno estatal— fue que no se le dio el mantenimiento apropiado al edificio, no obstante que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) envió fondos para tal fin. El dinero se esfumó —como ocurrió con el de otras partidas presupuestales—, pasaron los años, y finalmente…

Como justificación, las autoridades alegaron que lo mismo —desplomes de techos y otros daños— ocurrieron en el Hospital General, la Secretaría del Trabajo y algunas otras dependencias del gobierno estatal. Pero tal explicación implica que tampoco en esas instalaciones se hicieron los necesarios trabajos de mantenimiento.

Las cosas, por lo demás, no pararon ahí. Cajas de libros enviados a la Javier Rojo Gómez por Conaculta como parte de sus programas de mejoramiento del acervo de las bibliotecas públicas, fueron reetiquetadas con el lema del gobierno estatal y canalizadas a otras bibliotecas como si fueran adquisiciones del gobierno estatal. Ello —hay que subrayarlo— va contra de la normatividad oficial, ya que las aportaciones de libros de Conaculta tienen un destino específico y no pueden ser manejadas a criterio de los gobiernos estatales o municipales.

El caso de la biblioteca resulta hasta cierto punto simbólico como muestra del desinterés por la cultura, rayano con el desdén, manifestado por Roberto Borge Angulo durante los casi seis años que ha estado al frente del gobierno. Pero no es único. De manera semejante han desaparecido cientos o miles de millones de pesos de otras partidas presupuestales, como el impuesto al hospedaje o los recursos económicos destinados a la limpieza de sargazo en las playas.

Sobre esto último, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Carlos Gosselin Maurel, declaró a un medio de prensa que como el gobierno saliente “se llevó todo el dinero… no hay recursos para atender” la invasión de sargazo que ahora se presenta.

En justicia, sin embargo, debemos aclarar que el gobierno de Borge no se llevó todo. Sólo la mitad. En efecto, según Gosselin, el gobierno federal entregó al estatal 150 millones de pesos para atender la recolección del sargazo. De ellos se gastaron 80, así que sólo han desaparecido 70 millones de esa partida presupuestal.

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