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México (30 de septiembre).-
El sistema penitenciario en México enfrenta grandes retos con la población menor de edad, coincidieron especialistas de organismos nacionales e internacionales.
Durante el Seminario Internacional Derecho a la Educación para Adolescentes Privados de la Libertad, las expertas advirtieron que al estar recluidos los menores no pierden sus demás derechos, por lo que el Estado tiene la obligación de brindárselos.
“La educación es una herramienta esencial para ofrecerles oportunidades para el futuro, para que al salir puedan reintegrarse”, destacó Dora Giusti, jefa de protección de la infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Hay muchos retos, dependiendo del centro (de internación), pero hay que mejorar la oferta de programas educativos y la calidad, y sobre todo hacer una vinculación entre el programa que existe dentro del centro y el currículo externo, permitir que lo estudiado adentro sea reconocido afuera para continuar con la integración”.
Erika Strand, representante adjunta en México de Unicef, recordó que las Reglas de la ONU para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Privados de la Libertad, recomienda brindar la enseñanza fuera del centro de reclusión, así como dar diplomas o constancias que no hagan referencia a la situación de internamiento.
“En lo que se tiene que trabajar es en utilizar el internamiento como última medida y que sea una medida de tratamiento, que implica de manera necesaria la educación”, agregó Ruth Villanueva, Tercera Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Es uno de los grandes retos, en donde la educación se tiene que entender como un proceso permanente de mejora de la persona”.
Esta atención, según Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), no la están recibiendo los jóvenes y menores.
“No reciben la atención que se requiere, son jóvenes que tienen necesidades de atención muy especializada, que no se les está proporcionando”, aseguró.
“Hay cero apoyo del Gobierno a estros centros, están verdaderamente con carencias enormes, con muchos problemas que necesitan reordenar, poner recursos, poner programas adecuados. Son instituciones con tremendas carencias”.
Según datos de un estudio realizado por la Unicef en conjunto con la Secretaría de Gobernación, el año pasado alrededor de 15 mil menores fueron sometidos a proceso por algún delito, de los cuales sólo 4 mil 300 recibieron penas privativas de la libertad.
De los adolescentes y menores internados en centros de reclusión, el 2.5 por ciento nunca estuvo inscrito en una escuela.
Erika Strand recordó que la recién aprobada Ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes hace corresponsables del derecho a la educación a las Secretarías de Educación, de Desarrollo Social, de Economía, de Salud y del Trabajo.