El recuento de los daños

Durante un periodo complicado de la libertad de expresión en nuestra entidad como el que se está viviendo,  Artículo 7 surgió como una opción de periodismo crítico que, entre otras cosas, busca proporcionar a sus lectores notas sobre diversas situaciones que como sociedad estamos sufriendo y que, por razones de todos conocidas, otros medios no difunden.

Así, en cada uno de los 52 primeros números de este semanario y con pruebas irrefutables —hasta ahora no han desmentido una sola de nuestras notas— se han evidenciado promesas incumplidas, mentiras, despilfarro del erario, latrocinios, abusos, chantajes y otras ilegalidades del gobierno de la nueva mayoría, el cual, lejos de reconocerlos y enmendarlos, ha buscado ocultarlos y proteger a quienes los hubieran cometido.

Aquí una breve reseña de siete de ellas que valen la pena recordar:

1.-El asalto al Hospital Regional de Alta Especialidad y su posterior boicot

El 15 de mayo de 2008, unos 350 sindicalistas de la sección 67  de la Secretaría de Salud irrumpieron en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en demanda de 50% de las plazas laborales y la renuncia del director de ese nosocomio, Dr. Luis Alberto Navarreta Jaimes.

El plantón en las instalaciones del HRAE provocó que los días que siguieron a la irrupción, varios hospitales del Estado permanecieron sin servicio a la población por órdenes del impresentable Álvar Rubio, líder de la llamada "ola roja", de nefasta conducta.

10 días después, el HRAE fue liberado con la promesa de la Secretaría de Salud Federal de que 50% de las 1,200 plazas serían para sindicalizados. El 9 de junio de ese año entró en funcionamiento el hospital, pero pesando sobre él un absurdo boicot por parte del gobierno estatal que no cesó ni siquiera con la firma, el 6 de abril del actual, de un convenio entre las autoridades de salud federales y sus símiles estatales.

Mientras tanto, la salud de numerosos yucatecos sigue en vilo y en espera de atención en alguno de los saturados hospitales a cargo del gobierno estatal.

2.- El megadesayuno con Ninel para los papás burócratas.

Como si el erario fuera de ellos, el gobierno estatal ha realizado durante este primer año de vida de Artículo 7 numerosos eventos masivos en los que no se ha escatimado ni un peso con tal de alegrar al público al que los mismos iban dirigidos.

Tal es el caso del megadesayuno que se ofreció el sábado 14 de junio del año pasado a, nada más, 7.000 burócratas estatales en el complejo deportivo de la colonia Inalámbrica.  Ahí, la gobernadora departió con sus colaboradores por cuenta de Usted, yo y todos los que pagamos impuestos.

La organización del evento corrió a cargo de Jorge Canul Rubio y su Secretaría de logística y protocolo, quien cuenta con tanta experiencia ya en estos asuntos que hasta en las campañas a diputados priístas es usada —vg. el desayuno de 4,000 comensales en Progreso, en apoyo a Felipe Cervera Hernández.

En el desayuno (del día del padre 2008), consistente en pan dulce, jugo natural y lomo de cerdo acompañado de chilaquiles y puré de papa, a los padres burócratas se les obsequió, entre otros regalitos, la actuación del Bombón asesino, Ninel Conde.

Un vocero del gobierno del Estado declaró al Diario de Yucatán que el evento tuvo un costo aproximado a $220 mil. Artículo 7, con documentos oficiales, demostró que el mismo "nos salió" en $1.6 millones, más de 7 veces lo declarado.

3.- El concierto de Plácido: "más vale pedir perdón que pedir permiso".

Siguiendo el mismo método usado en la toma del HRAE, el gobierno estatal prácticamente obligó a la Federación a extenderle un permiso para la realización del Concierto de las Mil Columnas en Chichén Itzá, el cual fue mediáticamente presentado con bomba y platillo por la gobernadora Ortega Pacheco el 18 de junio de 2008 cuando la negativa del Consejo de Arqeología del INAH se había hecho pública tres días antes.

El permiso, a la postre, fue otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y no por el INAH como legalmente procedía, vulnerándose de esta manera el artículo 30 de la Ley General de Bienes Nacionales, a decir de especialistas en Derecho Constitucional y de Patrimonio Cultural, como el antropólogo Bolfy Cottom.

Cabe mencionar que en el contrato suscrito el 7 de septiembre del 2007 (a sólo un mes de haber iniciado la actual administración estatal) con la empresa San Carlos Management, S.A. de C.V. —con quien Jorge Esma Bazán tiene añeja y fructífera relación y que ya desde esa fecha extrañamente tenía la exclusividad del tenor Plácido Domingo para el concierto— el Patronato Cultur declaró falsamente que  ya había iniciado las gestiones para la obtención del permiso ante el INAH —no ante la SEP.

4.- El informe ciudadano: 15 minutos de mentiras y varias horas de apoteosis.

Parecía algo ya superado en nuestro estado y país. Sin embargo, con el pretexto de su Informe Ciudadano, la gobernadora Ortega Pacheco reverdeció —y de qué manera— los laureles de la demagogia priista el 1 de agosto de 2008.

Invitados especiales de varias latitudes; inédito despliegue de seguridad con helicópteros, francotiradores, cámaras de seguridad y perros incluídos; un terno de 8 meses de elaboración; vaquería de récord Guiness por el número de jaraneros bailando al mismo tiempo al compás impuesto por varias orquestas; decenas de camiones de acarreados; la Sonora Santanera para cerrar la noche en la plaza; una cena de lujo en la hacienda Petcanché con Los Juglares para terminarla algunos con más caché y un "me lo merezco" de la gobernadora refiriéndose al festejo, por los quince minutos de mentiras en los que alcanzó a decir, entre otras, las siguientes:

Vivienda: Que se construyeron 26,113 viviendas nuevas, cuando en realidad el gobierno del Estado invirtió recursos en apenas 1,854 acciones de vivienda (1,024 edificaciones y 830 ampliaciones o mejoramientos) y todas las demás correspondieron a otras instituciones, principalmente del gobierno federal.

Carreteras: Que lograron "el mayor avance anual en la historia de nuestro Estado" con la construcción de más de 300 kilómetros de carreteras, cuando en realidad más de 70% de esa cantidad se trató de trabajos de reconstrucción y 95% de lo construido fue por conclusión de trabajos iniciados en el gobierno anterior.

Grandes inversiones: Ahí anunció inversiones sin precedentes por más de US$2,000 millones que se destinarían al tren rápido, al gran museo de la cultura maya, a la plataforma logística de Progreso y al "conglomerado automotriz" que se desarrollaría en Hunucmá. Sobra decir que no ha llegado un solo dólar.

5.- La inverosímil explicación del jueves trágico.

Quizá como ningún otro día, el 28 de agosto pasado vio comprometido su gobierno Ivonne Ortega Pacheco. Y es que doce decapitados en un Estado caracterizado por su seguridad y paz social no es cosa de todos los días. En medio de esa crisis y la paranoia colectiva que le siguió, no faltó la burla oficial:  "los decapitados son la reacción de los sicarios a los retenes implementados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)" y todavía más, "son tan efectivos, que por eso no han aparecido las cabezas".

El último día de ese fatídico mes de agosto, Artículo 7 lanzó estas preguntas aún sin respuestas que vale la pena recordar:

¿Por qué el delegado de la PGR había declarado sólo unos días antes que no existían células del narcotráfico en Yucatán?

¿Por qué a escasos minutos de hacerse públicos los hechos con gran rapidez se retiraron del lugar los agentes de la SSP, el subprocurador Rafael Acosta Solís y el subsecretario de seguridad Héctor Cabrera Rivero?

¿Por qué muchos corresponsales yucatecos que trabajan para medios de comunicación nacionales omitieron mencionar el narco mensaje dirigido a Saidén Ojeda?

¿Por qué si el Ejecutivo del Estado conocía de amenazas y anónimos contra funcionarios de su administración, una semana antes del jueves trágico en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se presumió que Yucatán seguía siendo uno de las entidades más seguras del País?

¿No era ése un tema pertinente para desahogarse en la sesión plenaria del Consejo Nacional?

¿Cuáles son los éxitos que en materia de delincuencia puede presumir la policía yucateca?

¿Es verosímil que los retenes sean el origen de la reacción de los sicarios?

¿Pone en riesgo la seguridad de los yucatecos la permanencia de Luis Felipe Saidén Ojeda al frente de la SSP?

Hoy, casi 9 meses después, este semanario pregunta:

¿Es lejana la posibilidad de un operativo federal "tipo Michoacán" en nuestro Estado?

6.- Las detenciones arbitrarias, la fabricación de culpables y el espionaje con móviles políticos.

Jueves 7 de agosto de 2008, 15 horas. Los ex-agentes de la SPV Lázaro Maldonado Pérez y Carlos Quijada Pool —quienes al inicio de la administración anterior declinaron un ofrecimiento de Luis Felipe Saidén para irse a trabajar con él a Quintana Roo y en cambio trabajaron estrechamente con Javier Medina Torre cuando el hoy candidato a diputado por el PAN presidía la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV)— regresaban de Umán, en donde trabajan, a esta ciudad. Al llegar a un retén, los dejan pasar pero los empiezan a seguir en una camioneta antimotines que algunas cuadras adelante los detiene.

Habiendo ya verificado la legalidad y vigencia de la tarjeta de circulación y la licencia del conductor, los antimotines les preguntan en dónde tienen las armas, a lo que les responden que no tienen ninguna, situación que es confirmada por uno de los antimotines que verifica minuciosamente el vehículo.

No obstante no haberles encontrado nada, son esposados, detenidos y llevados al edificio de la corporación en donde a Maldonado Pérez le "siembran" una pistola 9 milímetros: "compadre, tú sabes cómo son estas cosas, te van a poner una pistola 9 mm, te van a tomar unas fotos, nomás no te fletes y colabora para que no te partan la madre, ya ves cómo son estas cosas, sólo cumplimos órdenes", le confió un ex-compañero a Lázaro— y una credencial de la SPV a Quijada Pool —la misma que había devuelto a esa corporación , como es la norma institucional, el día en que causó baja de la misma y que, por tanto, debía obrar en el expediente del ex-policía.

Después de muchas horas, maltratos y fotos exclusivas para el Por Esto!, los dos ex-policías fueron remitidos al Ministerio Público bajo los cargos de portación ilegal de armas y usurpación de funciones.

Así, después de varias semanas de constantes intimidaciones y acoso que habían sufrido, la venganza se había consumado.

Jueves 21 de mayo del 2009, 21:30 horas. Un impresionante operativo policiaco encabezado por el subprocurador Rafael Acosta Solís que es atestiguado por numerosos vecinos, irrumpe en el domicilio del ex-edil priísta de Dzemul, Eduardo Chuc Baas, amparados en una supuesta flagrante violación de sellos oficiales  —subterfugio pseudolegal que el Colegio de Abogados reprobó públicamente— lo detienen, lo mantienen incomunicado por varias horas, lo consignan al Ministerio Público por ese supuesto delito y, ya ahí, le aplican el clásico sabadazo, de tal manera que recupera su libertad el lunes 25 del actual, después de cubrir una fianza de $13,500.

La verdadera razón de este operativo: las fuertes declaraciones que sobre la gobernadora Ortega Pacheco realizara Chuc Baas a este semanario dos semanas antes, que le produjeron una fuerte persecución política —clausuraron su minisuper aquí en Mérida y la licorería de su suegro en Dzemul—  pero que no lo amilanó.

Al catálogo de irregularidades cometidas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría estatal en este caso, habrá que adicionar el inverosímil rechazo del Ministerio Público para recibir las denuncias que los familiares de Chuc Baas y el diputado González Crespo pretendieron interponer, tal y como es su derecho.

Cabe mencionar que el día de la liberación del ex-alcalde priísta, el procurador José Guzmán Pacheco, quizá ignorando las fotos y el video que Artículo 7 hizo públicos y las quejas que en el lugar de los hechos Acosta Solís recibió del diputado panista Rodolfo González Crespo, se atrevió a declarar que el siniestro subprocurador nunca estuvo ahí.

Miércoles 8 de octubre del 2008. El hoy candidato del PAN a diputado por el IV distrito, Javier Medina Torre, presenta una denuncia contra quien resulte responsable por los delitos contra la intimidad personal previsto en el artículo 243 bis del Código Penal del Estado de Yucatán, por descubrir en el vehículo que la SSP le tenía asignado para su escolta de conformidad con un decreto vigente, sendos aparatos de espionaje consistentes en un micrófono, un GPS y una antena que permite escuchar conversaciones y transmitirlas a otro lado, así como monitorear y observar las diferentes ubicaciones del vehículo en cualquier parte donde se encuentre o desplace.

El único lugar en donde al vehículo de referencia se le pudo haber instalado el equipo mencionado, fue el taller de la SSP, a donde unas semanas antes había ingresado para un sencillo cambio de aceite que sospechosamente tardó dos días en realizarse.

La denuncia, sobra decir también en este caso, no sólo no ha dado resultado alguno sino que, a decir del subprocurador Acosta Solís, pudiera revertírsele a Medina Torre...

Jueves 14 de mayo de 2009. El Sr. Alejandro Patrón Laviada denuncia públicamente la intervención de dos de las nueve líneas telefónicas de su oficina: casualmente las personales. Una falla persistente en su servicio telefónico y el anuncio de Telmex de que la central no reportaba ninguna falla, hizo que contratara a un particular para que revisara sus líneas y el técnico fue el que detectó la intervención telefónica —casera, "como la que ponen los espías políticos de la policía", dijo el técnico.

Aparentemente el Sr. Patrón no presentó denuncia porque aseguró que no servía para nada, "ya puse 40 y ninguna camina, nadie hace nada", dijo.

7.- Un gobierno de mercadotecnia: escandaloso derroche en publicidad.

Tal y como hizo durante su campaña, Ivonne Ortega Pacheco ha otorgado a la mercadotecnia y a la publicidad altísima prioridad en su gobierno y para ello ha destinado cantidades sin precedentes a esa labor.

Sólo en los primeros 20 meses de su gestión, su gobierno ha erogado más de $234 millones en este concepto, superando esa cantidad a la destinada a otras importantes áreas como el empleo, la cultura, la protección al medio ambiente o la prevención y readaptación social. Esa cantidad, por otro lado, casi triplica lo invertido por Patricio Patrón Laviada durante todo su sexenio y ubica a nuestro Estado como una de las entidades que mayores recursos destina a este —sobre todo en plena crisis mundial y teniendo tantas necesidades básicas sin atender— muy discutible rubro.

Como una constante burla a los diputados, en los presupuestos que le han sido autorizados por el Congreso del Estado a la administración actual, a las partidas destinadas a estos gastos se les presupuestan montos que después —con ampliaciones presupuestales provenientes principalmente de recursos federales adicionales y que sólo son informadas a los diputados— son excedidos groseramente por el gobierno de Ortega Pacheco.

Por último, cabe recordar que la mayor parte de esos montos  se han pagado a medios de comunicación (prensa, radio, televisión) que, como el Por Esto! —sólo de enero a noviembre del 2008 cobró casi $24 millones a la Coordinación General de Comunicación Social— diariamente se los retribuyen a Ortega Pacheco con forzadas notas favorables a su gobierno. JECM