Los "embutes", que antes los gobiernos priistas pagaban "por fuera", con cinismo el gobierno de la "nueva mayoría" los incluye dentro del presupuesto ejercido

"El chayote florece a su máximo esplendor desde que Gustavo Díaz Ordaz institucionalizó su irrigación. Mientras el entonces presidente de la República pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz: '¿Ves aquel chayote? Están echándole agua. Ve allá.' Allá, semioculto por la trepadora herbácea, un funcionario de la presidencia entregaba el chayote, nombre con el que desde entonces se conoce el embute en las oficinas de prensa..." (Scherer García, Los Presidentes, 1986: p. 162)

En el argot periodístico de nuestro país al dinero o favor que un funcionario público o un particular otorga a un comunicador o medio de comunicación para dar realce, omitir o de plano manipular una nota, se le llama "chayote" o "embute".

Esta nefasta práctica ha sido —y desafortunadamente es— tan frecuente que de la discreción cómplice rápidamente se pasó al cinismo. El propio Julio Sherer García narra en el mismo libro que en una reunión del IEPES del PRI en Sonora un reportero escribió y publicó: "... los periodistas que cubren la campaña electoral presentaron una ponencia para que se aumente el riego del chayote".

{xtypo_quote_left}"No pago para que me pegues”. José López Portillo, ex-presidente de México{/xtypo_quote_left}

Sobra decir que en estos "arreglos" ganan todos —y de qué forma— menos los ciudadanos que somos los que los pagamos con nuestros impuestos. Sobra decir también que la información que así se publica es propaganda y no noticia. Al respecto, en meses pasados, la revista Transparencia & Corrupción publicó un texto titulado "Publirreportajes: gato por liebre", en el que señala: "Desde el punto de vista ético es una aberración, pues el medio engaña al público al venderle información por propaganda, y desde el periodístico una pérdida de tiempo y esfuerzo, porque no existe ninguna novedad informativa, es la repetición de la propaganda oficial del momento".

Yucatán no es la excepción. En efecto, la información pagada ha sido usual en los medios yucatecos de comunicación y, con este gobierno de la nueva mayoría, ha crecido a proporciones insospechadas, especialmente en la prensa escrita. Pero ahora tiene una variante: se le da visos de legalidad al ser pagada oficialmente con el erario —porque antes también era pagado con el erario, pero no se registraba en la contabilidad gubernamental— a través del ambiguo concepto "cobertura informativa".

La versión yucateca del "chayote"

Como Usted, estimado lector, recordará, en su número 47 este semanario le presentó un reportaje intitulado "Por Esto!, el más pagado por el gobierno estatal", en donde se señaló, con datos oficiales, que la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) había ejercido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2008 $69.4 millones sólo en la partida 3601, Gastos de Información.

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 1, de ese importe, $47 millones correspondieron a pagos efectuados por facturas cuyos conceptos eran "Cobertura de actividades del mes", "Cobertura y publicidad de programas y obras del Poder Ejecutivo del Estado durante el mes..." ó "Cobertura y publicidad correspondiente al mes...", sin precisar en qué consistió esa cobertura o publicidad: cuántos spots, inserciones o desplegados incluyó; qué campañas, obras o actividades fueron publicitadas; etcétera; datos todos ellos indispensables para supervisar y evidenciar la prestación del servicio pagado y despejar cualquier duda al respecto.

De hecho hay pagos por varios millones de pesos que al no realizarse a algún medio directamente ni precisarse la información, se desconoce inclusive en qué medio o medios se realizó la supuesta cobertura o publicidad pagada (ver copia de las facturas).

Es de llamar la atención que varias de las personas físicas y morales enlistadas se dieron de alta después de mayo del 2007, amén de que no existe información sobre la mayoría de ellas y los servicios que ofrecen en el directorio telefónico o en alguna página de Internet, lo que hace que los pagos a ellas efectuados pudieran derivar en un sinfín de probables irregularidades que ameritarían una minuciosa revisión por parte de las autoridades fiscalizadoras.

A fin de darle cierta apariencia de legalidad, con algunos proveedores se suscribieron contratos que les garantizaban a éstos una jugosa iguala mensual y a la CGCS que la información que los mismos difundieran estuviera acorde con la "política de comunicación social del Poder Ejecutivo". Sobra decir que "dentro del paquete" también está incluido algo de publicidad que sólo sirve de pantalla para el verdadero fin: la absoluta complacencia a los deseos "comunicadores" de la autoridad y el silencio cómplice con todo aquello que se saliera del sketch del "Yucatán de Maravillas".

El Por Esto!, el rey del "chayote"

Sin embargo, el caso que más llama la atención por lo cuantioso y la forma desvergonzada en que se llevó —y presumiblemente se lleva— a cabo, es el del periódico Por Esto!. Lo pagado a ese medio casi importa 50% del total de la cobertura informativa "comprada" por el gobierno actual con cargo a nuestros impuestos. Sólo en los primeros 11 meses del año pasado: $23 millones. De hecho, los últimos tres meses de los que este semanario dispone información al respecto —agosto, septiembre y octubre del 2008— el Por Esto! facturó al gobierno estatal $3 millones mensuales por "cobertura de actividades", por lo que, conservadoramente, a los $23 millones habría que adicionar $6 millones sólo para cerrar el año 2008 y otros $15 si quisiéramos acumular la cifra hasta mayo del presente (véase, como ejemplo, las facturas A060992 y A060993 de Compañía Editora Nuestra América, S.A. de C.V., empresa editora del referido diario, de un total de 13 facturas de esa casa editorial que suman los $23 millones, cuyas copias nos fueron entregadas mediante solicitud de acceso a la información pública).

Es importante recalcar que estos importes sólo se refieren a cobertura informativa —no incluye la publicidad e inserciones que también le pagó el gobierno estatal. Es decir, en el caso de este periódico ni siquiera se guardaron las formas, sino que, sin empacho alguno y sin dimensionar las consecuencias legales que ello pudiera ocasionar, la CGCS del gobierno estatal incorporó el "chayote" como un concepto lícito a cubrir con cargo al presupuesto estatal.

Esta situación quedó acreditada en la respuesta del Director Administrativo y Finanzas de la CGCS, quien respecto a la evidencia documental —además de las facturas— de la cobertura pagada, sólo alcanzó a asentar: "después de una búsqueda en los archivos de esta dependencia, es inexistente documentación alguna que lo contenga" (ver Oficio que se anexa), con lo cual reconoce tácitamente que los pagos amparados con dichas facturas no fueron por publicidad o inserciones —que es lo único que, legalmente, se puede pagar con recursos públicos a los medios— toda vez que, por normatividad, para que procedan esos pagos es necesario que una copia del respectivo anuncio o inserción se adjunte como evidencia documental a la factura, por lo que, si ese fuera el caso, sin lugar a dudas esa oficina contaría con la evidencia de la que carece.

Cabe recalcar que la cobertura de la información considerada de interés general —incluyendo la que se genera por el quehacer de las autoridades— es no sólo una obligación de los medios de comunicación, sino su razón de ser. Por ello, el pagar por la misma es tan absurdo como pagar a alguien porque salga el Sol, sobre todo si hay medios que lo hacen, como debe de ser, en forma gratuita, o ¿acaso el Diario de Yucatán ha dejado de cubrir la información del gobierno del Estado por no pagársele por ello?

Poniendo el asunto en perspectiva

Esta situación, estimado lector, no es menor. Estamos hablando de un posible desvío de recursos cercano a los $50 millones. Esta cantidad hace de éste un asunto que pudiera tener repercusiones de gran consideración; no hay que olvidar, por ejemplo, que el affaire Megamedia-Lotería Nacional fue por un presunto y fallido intento de desvío de recursos por poco más de $3 millones.

Sólo la multa, si se siguiera el mismo criterio que en la reciente imputación al ex-secretario de Desarrrollo Industrial y Comercial, Guy Puerto Espinosa, ascendería a otros $50 millones adicionales al monto desviado; el cual, además, debería ser resarcido al erario por las personas físicas y/o morales que hubieran recibido ilícitamente esos recursos o por los funcionarios involucrados.

Los funcionarios, adicionalmente, serían inhabilitados por varios años y, por el monto, existiría la posibilidad de que no alcanzaran el privilegio de la libertad bajo fianza.

Por otro lado, al verse involucrados recursos federales excedentes que fueron transferidos a la CGCS, las implicaciones también pudieran ser de competencia federal. JECM

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Emplazamiento y exigencia

Artículo 7 hace un emplazamiento a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a los líderes de opinión y a los partidos políticos, para que realicen las gestiones necesarias ante las autoridades estatales y federales que ayuden a esclarecer este asunto que, hasta hoy, parecen pasar por alto.

Asimismo, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Auditoría Superior de la Federación, les exigimos investigar con objetividad e imparcialidad esta pública denuncia y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.

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