Imaginemos sólo por unos minutos que la red de especulación financiera que tejió una funcionaria municipal tuviera como finalidad FINANCIAR LA CAMPAÑA ELECTORAL, fuera del actual Alcalde o de algún allegado de Cecilia Flores.

Quien entrega cinco o diez millones de pesos, con base en la confianza personal y con la promesa de recibir GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (lo que se conoce como ESPECULACIÓN), puede perfectamente sumarse a una aventura financiera en busca de CONTRATOS PÚBLICOS u otros beneficios derivados de los poderes públicos (lo que se conoce como TRÁFICO DE INFLUENCIAS).

Dado y comprobado el papel omiso del IFE y de la FEPADE, pudieran darse esa y muchas otras formas de financiamiento ilegal a campañas y candidatos (incluyendo el “lavado de dinero”, del narco, de los “giros negros” o, simplemente, de evasores fiscales) sin que nada ni nadie moleste siquiera a los infractores. Así sucedió en cada elección anterior y así viene ocurriendo en la actual campaña federal.

No conozco en detalle lo que ocurre en cada entidad, ni las modalidades que revisten las campañas en cada distrito del país; pero sí veo, conozco y analizo lo que ocurre en Mérida, en los distritos tres y cuatro de Yucatán, y me parece verdaderamente vergonzoso el derroche de recursos que ha realizado el PRI sin que el IFE o autoridad alguna se sienta siquiera llamada a intervenir.

¿Cómo podemos esperar que los próximos diputados actúen con autonomía y vean por los intereses de sus votantes, si estarán comprometidos (y agarrados de salva sea la parte) con quienes les aportaron los 30 o más millones de pesos con los que realizaron su campaña?

¿Cómo podemos los ciudadanos creer en el sistema electoral vigente, en los partidos, en las autoridades electorales, si el “tope de las campañas”, que es de 812 mil pesos, causa risa a candidatos y autoridades, y rabia, impotencia, a la ciudadanía que sólo puede testimoniar los derroches en que incurren partidos y candidatos?

¡¡Y todavía nos dice el Vocal Ejecutivo de la Junta estatal del IFE que ellos “sólo dan seguimiento al cumplimiento de los topes de campaña, pero no son encargados de su fiscalización” (¿¿??)!!

Y luego se dicen sorprendidos del hartazgo ciudadano y del descontento que recoge y canaliza el VOTO NULO, ola de rechazo al sistema electoral que crece y que amenaza el status quo electoral, la plácida convivencia (y connivencia, también) entre partidos y autoridades electorales.