Hasta la fecha la gobernadora no ha aportado un solo peso de su sueldo al programa "Compartir", tal y como está obligada legalmente

Contra lo dicho a diestra y siniestra por la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, durante los 26 y medio meses de su mandato, la titular del ejecutivo estatal no ha aportado un solo peso al programa "Compartir", tal y como el decreto de creación de dicho programa estableció como obligación.

La siguiente investigación así lo evidencia y demuestra que, por esta situación, Ortega Pacheco y su secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, presuntamente han incurrido en responsabilidad administrativa y en algunos otros ilícitos.

Marco legal del programa: lo que debiera ser

El 1 de agosto del 2007, mediante el Decreto Número 03, el ejecutivo estatal creó el programa "Compartir", el cual da vida al "Fondo de Apoyo a Jóvenes con Alto Rendimiento Educativo" que otorgaría becas económicas a estudiantes con alto promedio académico con los recursos que se obtuvieran, principalmente, de los donativos que la plana mayor del gobierno estatal —encabezada por su titular que aportaría permanentemente el 50% de su sueldo mensual, "incluyendo la totalidad de las percepciones"— aportaran a dicho fondo, así como de otros "donativos voluntarios de personas físicas o morales de los sectores privado y social".

Para el caso de la "aportación permanente" de la titular del ejecutivo estatal, el propio decreto de creación del programa, en su artículo 2, estableció que la cantidad "será descontada directamente por la Secretaría de Hacienda [estatal] y transferida a dicho fondo". Este procedimiento fue ratificado en el artículo 10 de las reglas de operación del programa, publicadas mediante Decreto Número 14 del 5 de septiembre del 2007.

Cabe mencionar que en las referidas reglas de operación, se "sugieren" montos a aportar por otros funcionarios de la administración pública estatal según su nivel, que van de los $2,000 mensuales para los Secretarios hasta los $300 mensuales para los Jefes de Departamento.

Tanto el artículo 2 del decreto de creación del programa "Compartir" como el 10 de las Reglas de Operación de mismo, establecen que la Secretaría de Hacienda estatal descontará directamente de las percepciones totales de la gobernadora el 50% de las mismas para transferirlo al "Fondo de Apoyo a Jóvenes con Alto Rendimiento Educativo".

La realidad: otro saludo con sombrero ajeno

Según la Cuenta Pública 2008 y el listado de beneficiarios del programa "Compartir" que obra en la página de transparencia del gobierno estatal, durante el año pasado con ese programa fueron pagadas durante 10 meses (calendario escolar) becas a 82 estudiantes a razón de $1,750 cada una, para un gran total de $1 millón 435 mil, que supuestamente fueron "aportados por funcionarios de la administración pública estatal".

Como se puede apreciar en este párrafo de la página 226 de la Cuenta Pública 2008 , según el gobierno estatal cada mes son apoyados 82 estudiantes con "Compartir" gracias a la "generosidad" de los funcionarios estatales...

Estas supuestas aportaciones "voluntarias" debieran ser, por tanto, de casi $120 mil mensuales ( considerando los 12 meses del año) para poder cubrir la lista actual de 82 beneficiarios.

¿Serán las "aportaciones voluntarias" de otros funcionarios estatales "sugeridas" mediante este "tabulador" las que financian las becas de "Compartir"? ¿Serán las de otras personas "de los sectores privado y social las que lo hacen posible? Quién sabe. Lo que es un hecho irrefutable es que la gobernadora no ha aportado un solo peso para ello.

Sin embargo, como ya se asentó anteriormente, las reglas de operación "sugieren" montos para las aportaciones mensuales que efectúen los funcionarios del gobierno del Estado, pero esos montos —en realidad una pequeña fracción si se compara con el monto que su jefa permanentemente debiera aportar— parecen ser insuficientes para lograr el objetivo de recaudar casi $120 mil mensuales, sobre todo si la aportación de la gobernadora —que representa casi el 50% de ese monto mensual— simple y sencillamente no existe, tal y como es apreciable en sus diferentes recibos de nómina que acreditan fehacientemente que desde su primera quincena (15 de agosto del 2007) hasta la última de la que disponemos copia (30 de junio del 2009), Ortega Pacheco ha percibido sus emolumentos sin descuento alguno por este motivo.

Como se puede observar en estos tres recibos de nómina de la gobernadora correspondientes a la primera quincena de agosto del 2007, la segunda de diciembre del 2008 y la segunda de junio del presente año, la Secretaría de Hacienda estatal nunca le ha descontado el 50% de sus percepciones para aportarlas al fondo de "Compartir". Las únicas deducciones que se aprecian son las correspondientes al ISPT y a la cuota al ISSTEY.

En dichos recibos se detallan las percepciones brutas (sueldo base, aguinaldo, prima vacacional y "ajuste de calendario", según el mes de que se trate), las deducciones (por ISPT y cuota al ISSTEY) a las mismas y las percepciones netas o "líquido" que resultan de ambas y que fueron depositadas en la cuenta de cheques de la mandataria estatal directamente por el banco que maneja la nómina electrónica del gobierno del Estado (Banorte), sin intervención alguna de la Secretaría de Hacienda estatal para ello y sin existir posibilidad, por tanto, de que dicha dependencia efectúe un descuento posterior que no se refleje en el recibo respectivo.

Por ende, a la fecha no se sabe con qué recursos se han cubierto las becas, si con las "aportaciones voluntarias" realizadas por otros funcionarios distintos a la gobernadora según un "tabulador" que pone en serias sospechas el carácter "voluntario" de las mismas, o si con los donativos de otras personas "de los sectores privado y social" que, motivados por un generoso ejemplo —ahora sabemos falso— de la gobernadora, han efectuado al fondo de "Compartir".

Lo que sí sabemos es que, contra lo que se ha dicho a los cuatro vientos, Ortega Pacheco no sólo no ha aportado un solo peso a dicho fondo como procedía, sino que, por el contrario, por cortesía de su secretario de Hacienda, ha dispuesto de recursos que legalmente no le correspondían a ella sino a este fondo constituido por ella misma. Ahora veremos por qué.

No es lo mismo una promesa de campaña que un programa oficial con decreto de creación

No hay que olvidar que la idea de aportar la mitad de su sueldo —y en ese entonces también hablaba del sueldo de sus colaboradores, pues sin empacho decía que los sueldos que devengaban los funcionarios de la pasada administración eran "exhorbitantes"— a un fondo para becas, la concibió Ivonne Ortega Pacheco cuando era candidata al gobierno del Estado. Hasta ahí, esa promesa no pasaba de ello ni era exigible en modo alguno legalmente —aunque no así éticamente.

Sin embargo, el mismo día en que asume el poder, la hoy gobernadora emitió un decreto en donde esa promesa aparentemente se hacía una realidad —que a la postre no fue así— pero también asumía el carácter de obligatoria además de legalmente exigible.

Y es que con la expedición de ese decreto, por principio de legalidad, lo que antes era un acto personal de voluntad (el "generoso donativo que la gobernadora podía o no dar al fondo de becas), se convirtió en un programa público sujeto al estricto cumplimiento de su decreto de creación.

Así, la promesa hecha decreto se debió materializar, hasta la fecha, en aportaciones por más de millón y medio de pesos a "Compartir", realizadas por la Secretaría de Hacienda por cuenta exclusiva de doña Ivonne Ortega, y provenientes del 50% de sus percepciones totales hasta ahora devengadas, previos descuentos realizados al efecto por dicha dependencia. Como ya vimos, empero, al no realizarse los descuentos, mucho menos las aportaciones por cuenta de la gobernadora pudieron haberse llevado a cabo.

Así también, el decreto "afectó" —como las pensiones alimenticias que decreta un juez con cargo al salario del ex-marido que no provee alimentos a sus hijos— los emolumentos de la titular del ejecutivo en forma permanente, de tal suerte que el 50% de sus percepciones totales ya no deben considerarse un derecho o propiedad de la gobernadora, sino aportaciones pendientes de enterar a "Compartir" y que, por tanto, no pudieran tener otro destino más que ése. Sin embargo, como ya vimos también, esos recursos fueron ilícitamente depositados en la cuenta de cheques de Ortega Pacheco.

Estas dos situaciones —y algunas otras— presuntamente configuran ilícitos punibles por el Código Penal del Estado, mismos que analizaremos en la siguiente entrega. JECM