2062 palabras
El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas ha sido pieza clave en la conformación del mapa político del estado de Chiapas en los últimos cuarenta años.
Reportes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), que dependía de la Secretaría de Gobernación, que datan de principios de los 60 y en poder de Artículo 7, nos abre una ventana al pasado y nos ayuda a entender brevemente el conflicto que ha prevalecido entre las etnias indígenas de Chiapas, otros sectores de la sociedad y el gobierno.
La Iglesia, así, se ha convertido en un poder fáctico que con sus tentáculos ha alcanzado a influenciar en las más diversas etnias de la selva chiapaneca, en los diferentes círculos de la sociedad y en el poder del Estado. Todo ello auspiciado y dirigido por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García.
Según un informe de la desaparecida DFS fechado el 5 de noviembre de 1979, se notifica la relación de carácter político entre los obispos Samuel Ruiz y Sergio Méndez Arceo ─en ese entonces obispo de Cuernavaca, Morelos─ y al mismo tiempo se notifica sobre el sistema de adoctrinamiento que emplean en los indígenas.
El informe describe las constantes reuniones de ambos obispos en San Cristóbal de las Casas y el método que utiliza la Iglesia Católica de gran preponderancia en el Estado para adoctrinar a los indígenas en asuntos religiosos y para inculcarles ideas filosóficas de tendencia comunista autoritaria y anti democrática.
Según ello, inicialmente empezaban por atraer a las autoridades regionales como los comisariados ejidales, agentes municipales y el Consejo de Educación para que una vez adoctrinados en las iglesias más cercanas, fueran devueltos a su lugar de origen con la categoría de diáconos y subdiáconos. Con esa facultad se acentuaban sus liderazgos y obediencia de los fieles. Les permitía administrar bautizos, casamientos, comuniones y la extrema unción. El sacerdote de la iglesia más cercana les entregaba los óleos, las dotaciones de ostias y todo lo necesario para poder desarrollar sus actividades.
Los diáconos tenían, además, la consigna de formar uniones regionales de ejidos y posteriormente formar unión de uniones regionales de ejidos. Para el año de 1979 ya se había formado en el Municipio de Ocosingo, en plena Selva Lacandona, la unión Quiptic-Ta-Lecubstesel, cuyo significado es "unidos en el esfuerzo" y conformado por indígenas del grupo linguístico Tzeltal. Otra unión fue conformada en el Municipio Las Margaritas, con el nombre de Lucha Campesina y se formaba por indígenas Tojolabales y por grupos mestizos.
En la conformación de ambas organizaciones ejidales intervinieron sociólogos y agrónomos, entre los que se encontraban Jaime Soto Yáñez, Erasmo Cayeros Coloni, René Gómez Morales Marroquín. Eran empleados de la Subsecretaría Forestal y Fauna. También se encontraba un seglar de la orden marista de nombre Javier Vargas. Todos ellos, cuando visitaban la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se hospedaban en la Curia con el obispo Samuel Ruiz.
Años después, la unión Quiptic-Ta-Lecubstesel se convertiría en la hoy denominada Asociación Rural de Interés Colectivo fracción Independiente y Democrática (ARIC-ID) conformada por 12 comunidades, localizadas en Las Cañadas ─Candelaria o Río Negro─ y la Selva Lacandona ─Agua Azul o Río Perla─ asociación que se ha confrontado sistemáticamente a los gobiernos Federal y del Estado.
Informes de agentes adscritos a la DFS documentan matanzas entre indígenas y autoridades por motivos de posesión de tierras. En esos conflictos estaban involucrados de una u otra forma miembros del clero.
Una de aquellas matanzas fue consignada en un informe de julio de 1980. El informe describe un boletín del servicio informativo denominado "Panorama de la Iglesia Latinoamericana" que informaba cómo miembros de la Misión de Bachajón, en el Municipio de Sitalá, perteneciente a la jurisdicción de San Cristóbal, fueron atacados con saldo un muerto y 2 heridos. La misión estaba a cargo de 9 sacerdotes jesuitas que se encargaban de asesorar a los indígenas, bajo la dirección del obispo Samuel Ruiz García.
La versión del clero, detallada en el boletín, decía que no se trataba de un conflicto entre ejidatarios sino de una agresión por parte de la policía del estado y acusaba al gobierno de apoyar a los grandes propietarios de tierras, de desprestigiar a los partidos políticos y de permitir el uso de armas a civiles.
Según otros informes posteriores, la agresión se debió a la invasión de tierras por indígenas.
Días después, el clero acusó de un segundo conflicto perpetrado el 15 de junio de 1980. El ejercito, con la activa participación de los terratenientes, desalojaron de forma violenta a indígenas, dejando como saldo 12 muertos e innumerables heridos, destrucción de viviendas y despojo de bienes.
Este hecho fue objeto de que los obispos de la Región Pacífico-Sur, conformado por los obispos de Oaxaca y Chiapas, encabezado por el obispo Samuel Ruiz, se reunieran en el Estado de Oaxaca y emitieran un comunicado a la opinión pública en la que externaron enérgica protesta.
El obispo Samuel en sus cuarenta años de servicio en la diócesis de San Cristóbal de las Casas logró tejer amplia red de contactos que le han permitido realizar sus actividades pastorales y políticas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Contactos que van desde políticos nacionales e internacionales, obispos de otras diócesis, sacerdotes, religiosas, maestros, sociólogos, filósofos, contactos de organismos internacionales, periodistas, hasta miembros de las mismas etnias indígenas por la cual realiza su labor.
Entre los contactos que en algún momento fueron objeto de ser investigados y documentados por la DFS se encuentra el político Carlos Hank González.
En un informe fechado el 23 de enero de 1981, cuando ya se encontraba Miguel Nazar en la DFS, se asienta que la Secretaria General del Partido Laboral Mexicano, Marivilia Carrasco Bazua, acusó al obispo Samuel Ruiz de trabajar para la oligarquía financiera anglonorteamericana y específicamente para Carlos Hank González, regente de la Ciudad de México. Agregaba que la relación entre ellos era directa y que no era casualidad que Gregorio Lemercier ─un ex sacerdote amigo del obispo Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca─ para entonces enemigo de la Iglesia, se haya pronunciado en pro de Hank González para presidente de México.
En ese mismo informe, se asentó que Mirivilia Carrasco acusaba al obispo Samuel Ruiz de ser el provocador de un incidente entre indígenas en Cactus, Chiapas, y pedía que fuera enjuiciado penalmente.
En el afán de poder dar cobijo a miles de indocumentados guatemaltecos que a diario cruzaban la frontera de Guatemala con México, el obispo Samuel Ruiz comenzó a comprar ranchos para que de esa forma pudiera construir galeras y dar un techo a los refugiados guatemaltecos. Varios informes de la DFS dan cuenta de ello.
En uno del 23 de abril de 1983, se informa que el obispo Samuel Ruiz adquirió de César Solís Argüello, un rancho de 200 hectáreas en $8 millones. El rancho de nombre "San Caralimpio" pertenece al municipio de la Trinitaria, Chiapas. Se reportaba que dicho rancho fue escriturado a nombre de 5 campesinos del municipio de Comalapa. Seguía el informe comentando que cuarenta trabajadores se encontraban construyendo una casa de campo y que había el temor entre los vecinos de que sirviera como refugio para guerrilleros.
En otro informe de junio de ese mismo año, se reporta que el sacerdote de nombre Javier Ruiz Velasco de la diócesis de San Cristóbal compró un rancho en el municipio de Ocosingo, Chiapas, por órdenes y con dinero del obispo Samuel Ruiz.
Otra gran extensión de terreno propiedad del obispo Samuel era el rancho "La Gloria" que se ubica en el kilómetro 214 de la carretera Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, donde en un reporte de junio de 1984 se acusaba la presencia de 1000 refugiados guatemaltecos que fueron trasladados desde los campamentos "Las Delicias" y "Chupadero".
Un informe que fue clasificado como "confidencial" por la DFS, reporta que el obispo Samuel Ruiz intentó comprar la finca "Tapancuapa" propiedad del señor Julian Olvera Ortega por la cantidad de $30 millones que incluía toda la maquinaria del lugar. La operación no se llevaría a cabo porque Olvera pedía 50 millones de pesos. Según el informe, el señor Olvera fue amenazado por el obispo: de no ceder a la compraventa, el rancho sería invadido.
En otro informe se asienta que el presidente municipal de Comitán, Ernesto Cifuentes López, manifestó que miembros del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), entre ellos un candidato a diputado, Manuel Alborez Salazar, presionaban y amenazaban al señor Olvera Ortega para que vendiera al obispo Samuel con dinero que le llegaría de Alemania y Suiza. Continuará.