México (14 de febrero).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito grave y sancionar con una pena de entre dos y siete años de cárcel el robo de cables de cobre cuando ese acto provoque la interrupción de servicios públicos básicos como el suministro de energía eléctrica.

Con 387 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones, los legisladores avalaron el dictamen de la Comisión de Justicia que alerta sobre el aumento en la incidencia de la sustracción en subestaciones eléctricas, campos agrícolas y alumbrado público, para vender el metal en el mercado negro.

Para ilustrar la gravedad del asunto, la legisladora neoaliancista Lucila Garfias detalló que el robo de hasta mil 200 kilómetros de cable de cobre entre 2010 y 2011 provocó más de cinco mil apagones.

La sustracción del material generó además pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos, en contraste con los “presumibles” 387 mil pesos que los delincuentes obtuvieron por el metal.

“En toda el país se registran pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales, sin distingo de que sean públicas o privadas”, advirtió Garfias.

Al presentar el dictamen en tribuna, el legislador priista Javier Filiberto Guevara agregó que el robo de cable ha cobrado relevancia por el costo económico que representa para los servicios públicos del Estado.

“El robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, que se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes, con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos”, dijo.

En su sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó además las modificaciones a los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, para incluir traductores del lenguaje de señas y la escritura Braille en los procesos judiciales contra personas con discapacidad.

Avaladas con 372 votos, las reformas pretenden garantizar la equidad en la impartición de la justicia con medidas de atención a 5.1 millones de mexicanos, sin dejarlo al sentido común de los agentes del Ministerio Público, jueces y demás autoridades encargadas de aplicar la ley e impartir la justicia.

El dictamen detalla que, en México, cinco de cada cien habitantes tienen alguna discapacidad, y del total de la población en esas condiciones, 27 por ciento sufre una afección visual; 12 por ciento, auditiva, y 8 por ciento del habla.- (Milenio)