México, D.F., 10 de septiembre de 2014.- La senadora Rosa Adriana Díaz Lizama expresó que la iniciativa preferente para expedir la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no contiene un impacto presupuestal para nuevas atribuciones y que su enfoque sea meramente asistencialista.

Lo anterior, durante el segundo día de audiencias públicas para el análisis de la iniciativa preferente propuesta del Ejecutivo federal.

“Me preocupa mucho que el diseño de la ley no traiga un impacto presupuestal, pero sí se crea, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes; se habla de personas capacitadas, preparadas pero esto recargaría aún más el trabajo del DIF, aún con la limitación que hoy día tiene en cuanto a recursos económicos”, indicó la legisladora federal durante la reunión con organismos internacionales.

Ante ello, la secretaria de la Mesa Directiva del Senado sugirió a las seis comisiones dictaminadoras analizar el costo que tendrían las nuevas atribuciones y facultades que se confieren en la propuesta de ley del Ejecutivo.

Además, la Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado señaló la necesidad de identificar durante los trabajos de dictaminación las deficiencias que existen en las dependencias que se encargarían de llevar al cabo las nuevas tareas de protección a la niñez, a fin de corregir los vacíos existentes.

La senadora por Yucatán coincidió con la representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Isabel Crowley, en el enfoque asistencialista que se propone en la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto.

“Yo coincido con Unicef en que la iniciativa es asistencialista, pero precisamente para eso estamos: para escucharles, para tomar sus opiniones pero, sobre todo, para trabajarlas junto con las comisiones unidas, plasmarlas y aprobarlas”, señaló.

La representante de la Unicef en México dijo que los niños y niñas mexicanas deben ser representados por un órgano rector que pueda coordinar las acciones de las dependencias que trabajan para la infancia en México.

“Hay que hacer un órgano rector que tenga dientes, que tenga presupuesto, que pueda realmente representar a los 40 millones de niños que tenemos en nuestro país. Que tenga un carácter deliberativo y decisorio y no consultivo; es decir, que sus decisiones sean vinculantes en relación con los diferentes sectores y órganos de gobierno encargados de la ejecución de los derechos de la infancia y la adolescencia en este país”, expuso.