México (27 de enero) Documentos oficiales desclasificados revelan que 227 mandos militares con sus tropas escudriñaron en viviendas de colonias populares y de poblados en busca de sus enemigos, para lo cual también establecieron retenes en carreteras, caminos de terracería y en las entradas de ciudades y pueblos de las regiones Centro, Costa Grande y Costa Chica de Guerrero. Ellos contaron con el apoyo de 54 policías forjados para no tener piedad y por un número indefinido de criminales.

Revisaron cada vehículo o camión de pasajeros y decidieron quién era sospechoso de ser detenido. En la serranía, inspeccionaron rancherías, milpas, cuevas. Y en su asedio por la montaña utilizaron morteros que dispararon proyectiles de gran destrucción.

Los mandos militares detuvieron sin orden de aprehensión entre 500 y mil 500 estudiantes, profesores, activistas, campesinos, indígenas, mujeres, infantes y ancianos. En sus reportes oficiales los nombraron “paquetes para su revisión”. En helicópteros o camiones trasladaron a los “paquetes” a instalaciones castrenses para torturarlos y, a la gran mayoría, desaparecerlos.

Los nombres de esos 227 mandos militares que actuaron en Guerrero entre 1960 y 1979 —en la llamada Guerra sucia, en la que se aniquiló a grupos guerrilleros de la época—, están en el informe final que la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad) entregó al Congreso estatal y al Ministerio Público el 17 de octubre de 2014, sin que hasta el día de hoy —100 días después— se inicie investigación alguna.

Enrique González Ruiz, uno de los cinco comisionados de la Comverdad, creada a instancias del Congreso guerrerense en 2011, advierte que la trascendencia del documento se “opacó” por la gravedad de los hechos ocurridos 22 días antes, con la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, considera que el reporte elaborado durante dos años, que integra documentos oficiales desclasificados, podría arrojar claridad sobre la responsabilidad de las fuerzas federales en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, al mostrar las estrategias históricas para combatir a las disidencias políticas.

En el informe “van a entender los hechos de Iguala, cómo el Ejército actúa cuando ve fenómenos de riesgo a los intereses que representa”, afirma González.

“El Grupo Sangre era tenebroso, y ahora lo son los Guerreros Unidos, es lo mismo”. Explica: “La delincuencia organizada y el Ejército en Guerrero no son antagónicos, los primeros están bajo el control de los segundos, en el informe se ve claramente cómo desplegaban sus tácticas para perseguir subversivos”.

Los impunes

El informe enlista a 326 responsables de desapariciones forzadas, de los cuales 17 son políticos de orden federal y estatal, y 21 son agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Entre los 227 mandos castrenses hay 59 generales, siete de los cuales son generales de brigada diplomados del Estado Mayor. Sumando a estos siete militares más de tropa o de los que no se precisa cargo, y 54 policías judiciales bajo sus órdenes, da un total de 288 victimarios, que representan 93% del listado total.

Es decir: el Ejército es el principal responsable de los 512 casos de desaparición forzada documentados por Comverdad, cifra que se eleva a mil 500 casos de desapariciones forzadas tan sólo en la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, según el testimonio citado de uno de los victimarios, el ex policía militar Gustavo Tarín, quien asegura que las víctimas fueron arrojadas desde aviones a mar abierto.

El informe registra el nombre del mando castrense, fechas y lugares de actuación, y en algunos casos señala los nombres de las personas desaparecidas o ejecutadas de las que se le responsabiliza o se consigna su traslado a instalaciones militares. También habla de diferentes operativos castrenses, como el Atoyac, que en 1974 desplegó a unos 5 mil elementos y tuvo como finalidad reprimir a posibles simpatizantes de las guerrillas.

De los 512 casos de desaparición forzada de Comverdad, cuatro eran profesores y 20 estudiantes, 15 de ellos preparatorianos.

Uno de los casos es el del profesor Inocencio Castro Estrada, amigo del líder guerrillero Lucio Cabañas. Estudió con él en la Normal Rural de Ayotzinapa y fungió como parte del brazo urbano de la guerrilla de Cabañas. Fue uno de los intermediarios en la liberación del senador Rubén Figueroa, secuestrado por el guerrillero.

El informe revela: “Es uno de los 48 casos de secuestrados por militares a los que, eludiendo su responsabilidad, la Secretaría de la Defensa Nacional pretende justificarlos como muertos en combate”. Del profesor Castro precisa su destino tras su detención ocurrida el 20 de junio de 1974, de acuerdo con documentos desclasificados: “Trasladado al Campo Militar No. 1”, en el DF.

Más registros oficiales dan cuenta del internamiento de civiles desaparecidos en el Campo Militar número 1, considerado el centro de reclusión clandestino más grande de la época. Así quedó constancia del ingreso de María Guadalupe Castro Molina, María Isabel Jiménez Hernández, Luis Cabañas Ocampo y Margarito Roque Texta, el 25 de junio de 1972, a las 7:00 am.

Coludidos con el crimen

Otra de las aportaciones del informe es que se da a conocer por vez primera cómo el Ejército y el gobernador Rubén Figueroa Figueroa se valieron de ex militares, ex policías y criminales para aplastar a media docena de guerrillas y a la oposición política que actuó en Guerrero en la época. Uno de esos grupos paramilitares, conocido como Grupo Sangre, estuvo a cargo del capitán Francisco Javier Barquín.

De acuerdo con el reporte desclasificado de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fechado en 1976, el grupo tenía como objetivo “vengar insultos al gobernador o personas que han tenido problemas con el Ejército, traficantes de drogas [para tener un acuerdo]”.

El escrito asegura que las detenciones se realizan por “órdenes expresas del comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Acapulco, general de división de Estado Mayor, Salvador Rangel Medina”, con el fin de eliminar a presuntos contactos de Lucio Cabañas.

El documento oficial describe que a los capturados se les interroga “por diferentes medios” y luego “se les da a tomar gasolina y se les prende fuego; posteriormente se les abandona en lugares solitarios, en donde aparecen con desfiguraciones provocadas por las llamas y presentando impactos de armas de fuego”.

Comverdad advierte además que los dos mandos militares señalados como los principales responsables de las desapariciones forzadas en Guerrero: el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, y el teniente coronel Francisco Quiróz Hermosillo, conformaron sus propios grupos represores en los que incluyeron a civiles.

Quiróz Hermosillo, de 1974 a 1975 fue comandante en jefe de Operaciones en la República Mexicana en el combate al crimen organizado y a grupos guerrilleros. Su grupo funcionó con “100 elementos de la Policía Militar y 40 civiles”.

Comverdad agrega que entre los torturadores que más destacaron por su brutalidad están precisamente algunos civiles o policías judiciales que estuvieron bajo mandos militares.

“Los hermanos Gustavo, Manuel y Alfredo Tarín Chávez , así como Ramón y Bruno Muñoz Márquez, Pascual Tarín, y los agentes judiciales Gabino Monroy, Julián Almazán (teniente de la Policía Militar), David Avilés Mendoza y Miguel López Sotelo (ex guerrillero convertido en agente torturador)”, entre otros.

El telegrama

Una contribución nodal de Comverdad es que por primera vez se revela en registros oficiales una verdad histórica: la estrategia de combate del Estado contra la oposición política y la guerrilla.

El secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, ordena en un telegrama enviado a sus mandos castrenses en Guerrero en 1971: “Ratifícase orden sentido incremento de actividades fin localizar, hostigar, capturar o exterminar gavillas”.

González Ruiz advierte que si bien la finalidad del informe era que se procediera jurídicamente contra los responsables, el Congreso del estado no sólo no ha creado la comisión investigadora del mismo, sino que ni siquiera lo ha publicado.

La Comverdad, precisa, se ha disuelto tras la entrega del documento, por lo que ahora corresponde actuar al Congreso estatal y al Ministerio Público. “Ahí están los nombres de los perpetradores, el Ministerio Público tiene que llamarlos y fincarles responsabilidades”, externa.

Tita Radilla, hija del desaparecido Rosendo Radilla en 1974, y parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en México, coincide en que los victimarios deben ser juzgados, aunque la mayoría ya están muertos. “No ha habido sanción para nadie responsable de esos hechos”, lamenta en la plaza de Atoyac, “y por lo tanto cualquiera puede con total impunidad desaparecer y matar a una persona y no hay justicia”.

González Ruiz coincide en que si no se hace justicia en este capítulo guerrerense, tampoco la habrá en el caso Ayotzinapa. “Ya se comprobó que quemaron a uno de los 43 desaparecidos, dicen que fue la delincuencia organizada, pero ¿quién le dio la orden a la delincuencia organizada, suponiendo que ellos fueron? ¿Qué ganaba ésta quemando estudiantes?, no tiene lógica”, dice.

“Es el Ejército y hay que buscarle por ahí, es lo mismo que hacían antes y que quedó impune”, advierte el comisionado de la Comverdad.- (Agencias)