México (21 de junio). — Un par de días después de que nueve personas murieran a tiros durante una reunión para estudiar la Biblia en una iglesia de Charleston, la gobernadora del estado, la republicana Nikki Haley, hizo una audaz declaración pública: El agresor “desde luego” debe ser ejecutado. Pero su estado, aunque con apoyo mayoritario por la pena capital, no consigue los fármacos necesarios para la inyección letal y no ha ejecutado a nadie desde 2011.

Una hipotética ejecución de Dylann Storm Roof, de 21 años, sería dentro de varios años. Se le acusa de nueve cargos de asesinato por la masacre del miércoles. El viernes hizo una breve comparecencia ante un juez, y su próxima cita judicial no será hasta octubre.

Haley hizo sus declaraciones el pasado viernes en el programa “Today” de NBC, aunque la gobernadora no tiene poder sobre el procesamiento o la condena de Roof.

El suministro de Carolina del Sur de pentobarbital, uno de los tres fármacos en la inyección letal en el estado, caducó en 2013. El director de correccionales, Bryan Stirling, ha dejado claro a los legisladores que su agencia no puede comprar más, a pesar de tener 44 personas en el corredor de la muerte. Todos los intentos de adquirir dosis han fracasado, un problema al que se enfrentan estados de todo el país.

Algunos intentan encontrar nuevos fármacos o nuevas fuentes para los medicamentos, porque las farmacéuticas han dejado de comercializarlos para ejecuciones y los farmacéuticos son reacios a exponerse a un posible acoso.- (Agencias)