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Ciudad de México, México,abril 20 de 2017
Estados Unidos y México acordaron que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, sea entregado a las autoridades estadunidenses y, una vez que sea juzgado en ese país, será llevado ante un juez mexicano para que responda por las acusaciones en su contra aquí.
Yarrington fue detenido el 9 de abril en Florencia, Italia, con fines de extradición, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.
Sin embargo, también Estados Unidos lo reclama para juzgarlo por presuntos vínculos con el narcotráfico.
A través de un comunicado, el Departamento de Justicia de EU informó que la extradición fue acordada por los procuradores Jeff Sessions (EU) y Raúl Cervantes Andrade (México).
Una vez que sea juzgado en ese país, será entregado temporalmente a México para su juicio.
El gobierno de México aceptó la petición de Estados Unidos para que el exgobernador de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba, sea extraditado a Norteamérica, y una vez que sea juzgado en ese país, será entregado temporalmente a México para su juicio.
Los gobiernos de ambos países informaron que la extradición del exmandatario fue acordada en Washington, durante una reunión entre el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, y el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions.
“De las pláticas entre autoridades mexicanas y estadunidenses se ha acordado que en caso de que el gobierno de Italia conceda la extradición de Yarrington a los Estados Unidos de América, se autorice, en el mismo acto, la extradición temporal a México a fin de que enfrente a la justicia por los delitos que se le imputan en nuestro país, una vez que sea procesado y sentenciado por las autoridades americanas. Lo anterior, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos entre ambos países”.
Tanto la Procuraduría General de la República como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguraron que la decisión fue tomada a partir de los cargos que se le imputan y las condenas que puede alcanzar si es encontrado culpable en cada país.
“A partir de los elementos con los que se cuentan, se considera pertinente solicitar al gobierno de Italia que dé preferencia al requerimiento planteado por los Estados Unidos de América, donde se acusa a Tomás Yarrington de tráfico de drogas y delitos relacionados con lavado de dinero, para que en su momento la autoridad italiana, una vez agotadas las etapas del procedimiento de extradición correspondiente, ordene su entrega a los Estados Unidos”.
En entrevista, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aseguró que la extradición a Estados Unidos, no vulnera la credibilidad de México.
“No, por los acuerdos que se han celebrado, va también a ser juzgado en México, y vamos a tomarle declaraciones, tanto en Italia como en Estados Unidos, para que nos dé toda la información de las redes involucradas en todos los actos ilícitos que haya cometido en el momento en que sea juzgado en Estados Unidos, no que cumpla su sentencia, será entregado temporalmente a la justicia de México”, dijo.
La extradición de Yarrginton a Estados Unidos se presenta a una semana de que los gobiernos de ambos países pelearan juzgar al exmandatario.
México aseguró que no se entregaría a Tomas Yarrington e incluso negó las versiones dadas a conocer sobre aceptar la entrega del exgobernador. La PGR reiteró en diferentes ocasiones que la decisión de extraditar a México o a Estados Unidos, sería tomada por el gobierno de Italia, a partir de seis puntos.
Entre ellos: la gravedad de los diferentes delitos que se le imputan en cada país; el que las solicitudes fueron presentadas con base a un tratado internacional; el tiempo y el lugar de la comisión de los delitos. Además, la nacionalidad y el lugar de residencia habitual que tenía, y las fechas respectivas de las presentaciones de solicitudes.
En Estados Unidos, Yarrington es acusado de los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario, y estructuración de operaciones de dinero, entre los años 1999 y 2003. Por estos delitos puede alcanzar una sentencia de dos cadenas perpetuas y 90 años de prisión.
En México es acusado de delitos contra la salud, por lo que puede obtener una condena de 20 años. En ambos casos, los expedientes incluyen acusaciones por su relación con el cártel del Golfo.