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Ciudad de México, México, febrero 22 de 2021
Becarios fallecidos, empresas fantasma, beneficiarios duplicados de otros programas sociales, apoyo a “servidores de la nación” y a personas que ya trabajaban en el gobierno, además de falta de mecanismos de control son parte de las deficiencias que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro. Las irregularidades identificadas tienen un valor de 66 millones de pesos.
De acuerdo con la última entrega de la Cuenta Pública 2019 presentada este fin de semana por la ASF, el programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en su primer año de operación no garantizó “las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia y honradez al Estado en contravención de la Constitución”.
La entidad fiscalizadora de la Cámara de Diputados hizo tres auditorías al programa de aprendices, dos de desempeño y una de cumplimiento forense. Encontró problemas desde el registro de los becarios y los centros de capacitación a través de la plataforma digital que habilitó la STPS hasta el seguimiento de los egresados.
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de vinculación entre personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan y centros de capacitación laboral en empresas o en entidades públicas para el entrenamiento y desarrollo de habilidades, tiene una duración de 12 meses.
La meta sexenal es abarcar a 2.3 millones de aprendices y en el primer año de operación se registraron 1 millón 120,543 becarios en 195,454 centros de trabajo. En 2019 se ejercieron a través de éste 23,915 millones de pesos.
Problemas desde el registro Para participar en el programa, tanto empresas como becarios deben inscribirse en una plataforma digital. Sin embargo, destacó la ASF, la estructura de la misma no es confiable, pues no cuenta con los mecanismos suficientes para comprobar la información proporcionada por las personas, además de que no cumple con la normatividad de los programas sociales gubernamentales.
“Se constató que no se estableció por parte de la STPS un control ni un procedimiento efectivo en la validación y verificación de los documentos proporcionados tanto por el aspirante a becario como por el Centro de Trabajo; las áreas responsables sólo validan que los documentos estén adjuntados en la plataforma digital, y se coteja que los datos generales capturados en los formularios correspondan con los documentos cargados en la plataforma digital; ya que, como lo manifestaron los mismos servidores públicos, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra basado en la confianza”, detalló.
Entre los registros de las personas jóvenes inscritas se detectaron las siguientes irregularidades:
Además, se informó sobre centros de trabajo registrados con direcciones falsas y usurpación de datos de empresas que realizaron actividades de capacitación, además de que hubo compañías que no pudieron informar cómo capacitaron a los becarios que recibieron.
“Los sistemas de información, los sistemas de seguimiento y control interno de la entidad fueron insuficientes y representaron un riesgo para el otorgamiento de los apoyos económicos a la población objetivo para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa”, advirtió el organismo.
Además, una vez concluida la capacitación de un año, y a pesar de contar con la estrategia “Mes 13” para apoyar a los egresados en la vinculación al mundo del trabajo, puntualizó, la STPS no cuenta con métricas, metodologías, indicadores y metas que sirvan para evaluar el impacto de la capacitación que se busca con el programa y la empleabilidad y la inclusión de los beneficiarios en el mercado laboral.
“La carencia de una métrica y la falta de información limitaron evaluar el impacto de los resultados en la población atendida mediante el otorgamiento de becas para capacitarse, lo que implicó que no fuera posible precisar la contribución para mejorar las habilidades técnicas y socioemocionales de los becarios, a efecto de incrementar su empleabilidad e inclusión al mercado laboral de los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, y que viven, prioritariamente en las zonas con población mayoritariamente indígena, con mayor grado de marginación y con altos índices de violencia”, expuso la ASF.