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Fueron puestos en libertad hoy viernes, luego de que las autoridades estatales y federales determinaron que no incurrieron en delitos electorales ni de otra índole, como se les atribuyó desde un principio y se difundió en algunos medios de comunicación locales.
Los dos menores fueron entregados a sus padres por la Procuraduría General de Justicia del Estado entre las 3 y 4 de la mañana; mientras que los otros cuatro fueron consignados a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), de donde salieron al mediodía en compañía de los senadores Beatriz Zavala Peniche y Alfredo Rodríguez Pacheco, quienes los acompañaron a petición de familiares de los detenidos.
Ambos legisladores federales reprocharon la actitud del Procurador del Estado, abogado José Guzmán Pacheco, de quien, dijeron, "no es digno de confianza", ya que esta mañana el funcionario afirmó en una entrevista radiofónica que la detención había sido porque "los inculpados estaban repartiendo propaganda política y difundiendo una encuesta".
—Resulta gravísimo que el procurador, nombrado por la gobernadora Ortega Pacheco, haya mentido y falseado información en esa entrevista de radio —dijo la senadora Zavala— porque lo que dijo ni siquiera consta en el expediente que se hizo en su procuraduría.
Además, denunció que precisamente en la Procuraduría estatal hicieron declarar a uno de los menores de edad, a quien la defensora de oficio y el agente investigador trataron varias veces de inducirlo para que dijera que estaba repartiendo volantes en vez de periódicos, lo que que a final de cuentas tuvieron que omitir, gracias a la pericia del declarante, quien pese a su desconcierto, pidió que se corrigiera su declaración.
Entrevistados en las instalaciones de la PGR mientras aguardaban la salida de los jóvenes, ambos legisladores por Yucatán dieron detalles de lo que consideraron "una arbitrariedad y un atentado contra la libertad de prensa".
El senador Rodríguez Pacheco explicó que la odisea comenzó el jueves alrededor de las 11 horas, cuando un grupo de personas —no policías, como se ha dicho— encabezadas por Luis Trejo, presidente del PRI en Tizimín, detuvo a los jóvenes. Se hizo, incluso, con lujo de violencia porque, al menos, a uno de ellos le sujetaron los brazos contra la espalda para inmovilizarlo mientras llegaban los policías.
Los detenidos fueron trasladados al Palacio Municipal, donde fueron encerrados durante cuatro horas en un baño, pese a que no había orden de aprehensión, ni se les detuvo en flagrante delito, y, no se les permitió que sus familiares hablaran con ellos.
Fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de Tizimín, donde rindieron declaración y alrededor de las siete de la noche fueron llevados al edificio central de la Procuraduría estatal, ubicado en el Anillo Periférico de Mérida.
Por cierto, el legislador destacó que cuando el convoy policíaco que trasladó a los detenidos salió rumbo a Mérida, iba a velocidad inmoderada de, al menos, a 150 kilómetros por hora.
Detrás de los vehículos oficiales iban en otro vehículo los licenciados Isabel Febles y José Mezo Gástelum, abogados de los detenidos. Intempestivamente se les impidió el paso en plena carretera por la policía, a unos 10 kilómetros de Buctzotz, por 45 minutos. Los uniformados recibieron por radio, finalmente, información de que el convoy ya estaba por Baca y que "podían dejar ir a los profesionistas".
Los detenidos llegaron a la Procuraduría en Mérida alrededor de las nueve de la noche. Allí se le hizo rendir declaración a los adultos. De los dos menores, María Paula Nahuat Tamayo, de 15 años, se acogió al beneficio del artículo 20 y no declaró; pero el otro, Manuel Castro Cupul, también de 15, sí lo hizo.
La senadora Zavala Peniche se entrevistó con el Procurador, a quien le pidió hablar con los detenidos, pero aquel se lo negó diciendo que aún no llegaban, pese a que la legisladora ya los había visto entrar.
—Le hice notar al Procurador que dos menores de edad habían sido privados de su libertad durante varias horas, sin que se les permitiera ver a sus progenitores y él admitió que la Policía Municipal de Tizimín actuó mal —aseveró la legisladora.
—Cuando le pregunté el motivo de la detención —agregó Zavala Peniche— el Procurador me contestó que los menores no estaban detenidos, pero tampoco me supo decir en calidad de qué los tenían ahí.
En el caso de los cuatro adultos, el Procurador explicó que —según la senadora— de acuerdo con la versión de la Policía de Tizimín, se les consignó porque se les descubrió "repartiendo propaganda de un candidato".
Llama la atención que el Ministerio Público no plasmó esa aseveración en el expediente, pues lo único que se encontró fueron ejemplares de Artículo 7, semanario con certificado de licitud y registros.
Indicó que cuando hicieron declarar al menor Manuel Castro Cupul no le permitieron a la mamá de éste que nombrara a un defensor, sino que le asignaron uno de oficio, que resultó ser la licenciada Leticia Margarita Cen Pérez.
Durante la declaración, en reiteradas ocasiones la licenciada Cen Pérez y el agente del Ministerio Público le decían al menor "estabas repartiendo volantes ¿no es así?" y él decía confuso "volantes de Artículo 7" y nos callaban cuando pretendíamos aclarar que eso no era lo que quería decir, mientras insistían en inducir al menor a decir la palabra "volantes".
Al final, cuando le dieron al menor a leer su denuncia, él tachó de su puño y letra la palabra "volantes" y pidió que se pusiera "periódico Artículo 7", lo cual se tuvo que corregir.
Los dos menores permanecieron hasta casi las cuatro de la mañana en la Procuraduría, cuando se los entregaron a sus padres.
Sin embargo, los otros cuatro: Julio Arturo Ay Canché, de 19 años de edad; Martín Alfredo Canché Iuitz, 26; Marisela de los Angeles Chan Rosado, 18, y Erik Ávila Rosado, de 36, fueron consignados a las cinco de la mañana ante la Fepade, en el edificio de la PGR, donde volvieron a rendir su declaración y al mediodía fueron puestos en libertad al no encontrárseles delito alguno.
La senadora Zavala anticipó que podrían haber contrademandas porque es probable que los padres de los menores de edad presenten una denuncia contra los agentes de Tizimín y quien resulte responsable.
Martín Alfredo Canché Iuitz, uno de los jóvenes afectados, comentó al salir de las instalaciones de la PGR que efectivamente quienes lo detuvieron personas encabezadas por el dirigente municipal del PRI y un taxista de nombre "Javier".
—Lo que más me duele es que nuestras compañeras iban llorando en el camino porque los agentes decían "esto es cosa grande, es política, ya no van a salir de esto" El daño psicológico no se cura en unos cuantos días -concluyó.