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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluirá en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, las presuntas irregularidades cometidas en el programa Vivienda Rural, atribuibles a la Cousey —ahora Instituto de la Vivienda en Yucatán— cuya titular era Angélica Araujo Lara, actual candidata del PRI a diputada federal por el III Distrtio, en perjuicio de diversas comisarías de Tizimín.
El diputado local panista Daniel Avila Ruiz denunció dichas anomalías el pasado 29 de mayo ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, por el posible mal manejo, aplicación y ejecución de $2.644,061 destinados a la construcción de récamaras y baños para habitantes de 12 comisarías tizimileñas.
El Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, envió un oficio al legislador federal Antonio Ortega Martínez, presidente de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con copia para los nueve diputados integrantes de la comisión de Vigiliancia de la Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión, notificándoles acerca de esa decisión.
En el oficio, firmado por González de Aragón, se especifica que el resultado de la revisión del caso, en el que se incluyen recursos federales y municipales, se incluirá en el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior del ejercicio 2008, el cual se presentará ante la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero de 2010.
De acuerdo con un boletín del diputado Avila Ruiz, en el oficio se especifica que la dependencia fiscalizadora incluirá como parte de sus pendientes el caso de las acciones de vivienda que no se realizaron antes del 31 de diciembre de 2008, como estipulaba el convenio firmado entre Fonhapo, Sedesol federal y la Cousey, hoy en día Instituto de la Vivienda de Yucatán.
En ese convenio, firmado el 11 de julio del año pasado, se describían las responsabilidades que cada organismo público tendría en el desarrollo del programa. Fonhapo y Sedesol aportarían una parte de los recursos, complementándose con los montos que darían el ayuntamiento de Tizimín y los beneficiarios. La entonces Cousey sería la instancia encargada de ejecutar los fondos que se reunieran, pero todo debió concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2008, lo cual no fue así y por ello la denuncia de Avila Ruiz.