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Hermanos se quejan de arrestos ilegales, acoso de Acosta Solís y de Friedman Peniche Rivero y protección de la policía a una demandada. Fue la venta de una camioneta la que desencadenó una serie de problemas legales que culminarían en el arresto, el escarnio público, la violación de los derechos humanos y el continuo acoso del subprocurador Rafael Acosta Solís y del director de averiguaciones previas, Friendman Peniche Rivero en contra de los hermanos González Cuervo. Éstos hasta la fecha siguen amenazados con ser enviados a la cárcel, aún cuando la misma justicia les ha dado la razón.
La Sra. Caridad González Cuervo dio a conocer a Artículo 7 que el pasado 27 de noviembre de 2008 compró, a su entonces cuñada Patricia Eugenia Febles Patrón, una camioneta por la que pagó $50,000 y por la cual recibió los documentos de propiedad, con excepción de la factura. Ante la falta de ésta, la Sra. Febles Patrón firmó un recibo en el cual reconoció la compraventa. Se comprometió a llevar posteriormente la factura. Esto no sucedió.
El 3 de diciembre, seis días después, el Sr. Carlos Alberto González Cuervo, que se encontraba en una gasolinera muy temprano por la mañana, fue sorprendido por varios vehículos que le cerraron el paso. Los hombres que bajaron de los autos, lo golpearon, lo esposaron, lo arrojaron al interior de un coche y se lo llevaron sin explicarle nada. También se llevaron el auto en el que él había llegado.
{xtypo_quote}Pensé que se trataba de un "levantón". Creí que me habían confundido con alguien y que no iba a salir vivo de esto.{/xtypo_quote}
Al respecto, el Sr. González Cuervo indicó que al llegar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo golpearon en los bajos y en la cara. Luego, lo desnudaron y lo dejaron en la celda un buen rato, hasta que horas más tarde y sin explicación alguna lo llevaron esposado a su casa.
Su hermana señaló que estaba sumamente desconcertada cuando tocaron a su puerta y al salir vio varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a su hermano esposado en uno de los vehículos.
—Entonces, uno de los hombres que irrumpieron a la fuerza al porche de la casa, me dijo que le entregara la llave de la camioneta. Que era una "orden del comandante y del director de averiguaciones previas".
—–Nosotros somos cubanos de nacimiento, pero tenemos residencia legal en este país. Yo soy ciudadana mexicana... —dijo, mostrando su IFE.
—No tenía idea de lo que los invasores de mi casa hablaban hasta que uno me dijo que la camioneta (estaba estacionada dentro de mi casa) había sido reportada como robada y "ustedes son indocumentados".
—Me quedé muda. Yo no soy indocumentada, pero, aún si lo fuera, ¿tendría ese estado migratorio relación con ser ladrón de vehículos?
—En ese momento también nos enteramos de que mi cuñada, Patricia Febles Patrón, interpuso el día anterior una denuncia en contra de mi hermano por el robo del vehículo. Les dije que había un error. Les expliqué que tenía el recibo por la compra de la camioneta y también documentos que comprobaban nuestra estancia legal en el país.
—Haberles dicho eso ocasionó que me sacaran a la fuerza de la casa. Me resistí, agarrándome de la reja. Uno de ellos le pidió a uno de los policías, Darwin Joaquín Ceballos Cetz, que me aguantara. El comandante Jorge Alberto Chel Gamboa, estuvo a cargo de la detención.
—El dispositivo policiaco motivó que mis vecinos salieran a ver lo que sucedía. Ellos fueron testigos de cómo fui arrojada al interior de la patrulla, que posteriormente me llevaría a la PGJE, en donde, al igual que mi hermano, permanecimos incomunicados.
Lo que ambos ignoraban es que los elementos de la PGJE habían levantado nuevas denuncias en su contra. En el caso del Sr. González Cuervo, por portación de armas —una navaja que resultó ser de uno de los policías de la SSP que hicieron pasar como suya— y por drogas, por un envoltorio que supuestamente le decomisaron. En el caso de la señora Caridad González, la denuncia fue por agresión al defenderse en el momento la detención. Finalmente, la Sra. Caridad González sale la siguiente noche y su hermano, que ya había sido turnado al penal, es liberado luego de pagar una fianza de $27,500.
Manifestó que unos días después de ser liberada acudió a hablar con el subprocurador Rafael Acosta Solís, quien reconoció ante ella que les habían hecho una mala jugada, pero que "todo se iba a resolver y que le dejara el asunto en sus manos".
—Pero sólo me dio largas. Nunca tuvo la intención de ayudarnos.
Agregó que el 11 de marzo contrademandó a Patricia Febles, pues con los documentos de la venta de la camioneta comprobó que su ex cuñada había mentido.
—Al enterarse Rafael Acosta de esto, mandó por la noche a mi casa una pareja de empleados de la PGJE con unos documentos para entregarme. El no ejercicio penal contra mí por el supuesto robo de la camioneta y otro documento igual que exoneraba a mi hermano.
Comentó que entre los documentos que debía firmar, venía escondido un desistimiento de la denuncia que ella había interpuesto contra Patricia Febles. Se dio cuenta de la trampa y no lo firmó. Los empleados le dijeron que no le dejarían los documentos que le trajeron.
—Acosta Solis confiaba en que firmaría sin darme cuenta. Al no hacerlo, el empleado tuvo que tachar lo que ya traían preparado y que incluía hasta la información de mi credencial del IFE.
Explicó que al ver que la demanda en contra de Patricia Febles no avanzaba, se comunicó con la titular de la agencia quinta, Anastacia Castillo Tiburcio, quien le pidió que fuera a verla para hablar personalmente sobre el caso.
El 17 de marzo fue a entrevistarse con Castillo Tiburcio, quien no la quiso atender. Según dijo Caridad González, en la diligencia hubo un malentendido con un ex funcionario del Instituto Nacional de Migración. Luego, los reporteros la abordaron para preguntarle sobre el asunto de su contrademanda.
—Les dije que no había avanzado la investigación porque las agencias son manejadas a conveniencia de Acosta Solís y que por eso se violan las garantías individuales.
Añadió que al estar a punto de salir de la PGJE un grupo de policías "le cayó por sorpresa" para arrestarla por órdenes de Acosta Solís y de Friedman Peniche Rivero.
—Al ver esto, mi hermano se metió a defenderme y también lo detuvieron. Luego lo demandaron Italia Mayoral Aké, una empleada de la PGJE que ni siquiera lo conocía y que aceptó que lo hizo porque se lo ordenaron y para no perder su trabajo. Mi hermano sólo pudo salir por pagar una fianza de $6,000 a pesar de que no cometió ningún delito.
Aseguró que al ser detenida, Friedman Peniche Rivero le dijo que sería "la última vez que le pasaría una situación como la ocurrido en los pasillos de la PGJE porque la próxima vez se le enviaría al penal".
—Ésa no ha sido la única amenaza que he recibido, pues Rafael Acosta me ha dicho lo mismo: que nos van a encarcelar.
En cuanto a la razón por la cual la justicia favorece a Patricia Febles, pese a que quedó demostrado que mintió en dos ocasiones —al interponer la demanda por robo del vehículo y por no aceptar que su firma era la que aparecía en el recibo de compra-venta aún cuando un análisis grafológico lo determinó— la Sra. Caridad González señaló que existe un nexo entre Febles Patrón y Friedman Peniche Rivero.
Explicó que al parecer sostienen algún tipo de relación personal y también de trabajo, y que en combinación con el comandante Jorge Alberto Chel Gamboa y los policías Darwin Joaquín Ceballos Cetz y Ernesto Cimé Vergara y el abogado Mohamed Abraham Kantún Barceló forman una especie de banda que se dedica a despojar a personas de sus bienes.
Precisó que gracias al trabajo de Febles Patrón –manicurista– entra a las casas de clientes potenciales, estudia su situación económica para luego informar a los policías la forma de perjudicarlos. Luego de ser apresados, son "defendidos" por Kantún Barceló, quien, sabedor de la posición económica de sus clientes, les exige cantidades exorbitantes de dinero para liberarlos de la cárcel.
—Ojalá que la gente defraudada por ellos también los denuncie y que en nuestro caso, se haga justicia y que Patricia Febles termine presa como se merece.
Carlos Alberto González Cuervo, de nacionalidad norteamericana, está en territorio mexicano con el estado migratorio que le permite el haberse casado con una yucateca —Patricia Febles Patrón. En este momento él no puede moverse libremente entre fronteras y regresar a su país, Estados Unidos, debido a que el proceso penal —a todas luces sin razón de ser— le impide hacer uso de su libertad de movimiento. Aunque puede viajar, tendría que regresar cada mes para firmar porque se encuentra, supuestamente, en "libertad bajo fianza".
González Cuervo tiene un hijo menor en los Estados Unidos. Los problemas a que se está enfrentando le han impedido cumplir con sus obligaciones de manutención en ese país. Esto podría agravar su situación al no cumplir —en contra de su voluntad— con esa obligación. L.I.