Problemas, al parecer, de índole político entre la Secretaría Estatal de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantienen retenido en la Tesorería del Estado un cuantioso pago de $67 millones, cantidad que se le adeuda a casi 1000 profesores yucatecos que se encuentran en Carrera Magisterial.

—¿Qué está pasando con nuestro dinero? Ese recurso no es de la SEP ni del sindicato, es de nosotros y lo único que queremos es que nos lo paguen —manifestó el Profr. Víctor Manuel Enríquez Cabrera, quien el sábado 1o. fue detenido y agredido por policías vestidos de civil cuando realizaba, junto con otros mentores, una protesta pacífica a las puertas del teatro Peón Contreras, sede del "informe ciudadano" de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

A consecuencia de la agresión y de la arrastrada que los elementos policíacos le dieron hasta las inmediaciones del teatro Daniel Ayala, el Profr. Enríquez Cabrera sufrió ruptura de los ligamentos de la rodilla izquierda, dolores de espalda, sobre todo en la región lumbar, así como molestias en ambos riñones.

Para el quejoso, lo ocurrido a las puertas del Peón Contreras el día del informe corresponde a los años 60 ó 70, cuando los que participaban en una manifestación eran golpeados y estropeados porque "no le convenía al sistema".

—Yo ya lo veía venir -agregó. Sabía que era parte del engranaje al que nos estábamos enfrentando. Por eso siempre les decía a los compañeros que tuvieran cuidado, porque iba a haber represión.

Aclaró que "no le quiero sacar jugo a este asunto" y por ello no demandó penalmente la agresión, aunque él y sus compañeros sí presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán por una presunta afectación a su derecho a la libre manifestación.

El Profr. Enríquez Cabrera se desempeña desde hace casi 20 años como director de la escuela Pablo Moreno y Triay (turno vespertino) de esta ciudad, un plantel muy conocido -según él- no sólo a nivel estatal, sino también a nivel federal. Este año una alumna de tercer grado ganó el primer lugar en Matemáticas a nivel nacional, contestando todas las preguntas de la prueba; y una maestra de ese mismo colegio logró que 70% de su grupo se ubique en un nivel de excelente, lo cual es un ejemplo a nivel nacional.

En una entrevista que nos concedió en su domicilio, el conocido mentor explicó que el problema es que los beneficiarios de ese pago son 953 profesores y la Secretaría de Hacienda liberó los recursos para todos.

Sin embargo, el SNTE sólo reconoce a 923 porque los otros 30 son integrantes de dos sindicatos locales independientes, uno de los cuales es presidido por Jesús Adrián Quintal Ic y el otro por Rigoberto Cervantes Romero, cercanos a la gobernadora.

Para que se pueda realizar el pago, ambas partes tienen que validar la lista de beneficiarios. La Secretaría Estatal de Educación le pide al sindicato que firme a todos, pero el SNTE responde que únicamente firmará por 923.

El SNTE argumenta que fue una negociación bilateral con la SEP y que los sindicatos independientes no estuvieron en la mesa de negociaciones, por tanto no deben ser tomados en cuenta. En efecto, la décimo séptima etapa de Carrera Magisterial culminó el 31 de agosto de 2008 y el sindicato de Rigoberto Cervantes se legalizó el 1 de diciembre de ese mismo año, en tanto que el de Quintal Ic fue reconocido apenas en julio ppdo.

El sindicato magisterial también aduce que si permiten que personas ajenas a su agrupación sean beneficiadas, "hoy son 30, el próximo año serán 60 y dentro de poco carrera magisterial va a ser un caos, no habrá control".

En tanto ambas instituciones (Secretaría de Educación y SNTE) están enfrascadas en la polémica de si pagarle o no a 30 mentores, otros 923 no han podido cobrar. Ante esta situación, los directivos de las secciones 33 y 57 del SNTE firmaron un escrito pidiendo a la Comisión Nacional de Carrera Magisterial que intervenga para resolver el problema en Yucatán.

Según el Profr. Enríquez Cabrera, en respuesta a las protestas de los profesores, quienes exigen el pago del millonario adeudo, días antes del incidente el subsecretario de gobierno, Carlos Pavón Flores, les insistía en que debían llegar a un acuerdo.

Un día antes del informe, los maestros fueron citados a las seis de la tarde en el edificio de la Secretaría de Educación del Estado, a un costado del hospital Juárez y en la reunión se les pidió que permanecieran en "stand by" durante un par de semanas.

Cuando los integrantes de la comisión negociadora le informaron lo anterior a sus representados, éstos se opusieron con el argumento de que el gobierno sólo busca darle largas al asunto y aplacar el movimiento, por lo que sugirieron ir a protestar, en forma pacífica, a la sede del evento.

Explicó que el problema se originó cuando los 20 maestros que lo acompañaban se replegaron al muro de la Uady para no tapar el paso de la gobernadora y personas que portaban playeras rojas, agentes judiciales y grupos de protección, entre otros, se pararon frente a ellos para impedirles el paso y apagar la protesta.

A mi me rodearon decenas de policías y al quedar yo dentro del círculo me empezaron a agredir, me daban codazos y patadas —afirmó Enríquez Cabrera. Luego me arrastraron varios metros hasta que un amigo mío intervino y logró que varios de mis agresores me soltaran y al nivelar las fuerzas empezamos a forcejear hasta que finalmente me dejaron a la altura del teatro Daniel Ayala.

En amable entrevista telefónica, el Lic. Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Codhey, dijo que a raíz de la denuncia interpuesta por el Profr. Enríquez Cabrera, están solicitando información a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de determinar la identidad de las personas que el quejoso señala como responsables y sobre todo si pertenecen a alguna de esas dos instituciones, para poder iniciar el proceso contra alguna de ellas.

Anticipó que en un plazo de 30 días (la denuncia se presentó el día primero) podrán definir si se va a investigar el caso o se logra una conciliación entre las partes.

En cuanto a las lesiones que el quejoso señala, Victoria Maldonado dijo que se tiene que investigar si fueron producto del acto que él señala o no.

Comentó que cualquier atentado a la manifestación libre de las personas es una violación importante a los derechos humanos, pero la ley señala que los casos considerados como graves son aquellos que se refieren a la magnitud, al número de personas implicadas o a los daños físicos producto de la tortura o la muerte.

En caso de que no se logre una conciliación, Victoria Maldonado dijo que el proceso para emitir finalmente una recomendación puede llevarse un tiempo promedio de nueve meses.