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El derecho a la libertad de expresión —en una sociedad decente— es sagrado, intocable.
El derecho a la información verdadera es como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, al alimento. Los esfuerzos por hacer el gobierno de México transparente son el sustento parcial para satisfacer ese derecho.
¿Por qué en Yucatán hoy —enero de 2010— estamos sufriendo un fuerte retroceso en esos derechos de los ciudadanos? ¿Qué está pasando?
En el interior del gobierno del estado —se dice— hay un personaje que no es originario de Yucatán. Está en Yucatán para asesorar a la C. Gobernadora en asuntos de política "fina" —y no tanto...
Es un personaje que se molesta, se exalta, casi pierde la compostura, cuando tiene ante sí a un ciudadano mexicano de Yucatán con posición social representativa de la sociedad local y —según el foráneo— ha declarado algo que no favorece al régimen estatal.
Hay furia en el personaje foráneo, agente externo que vino de asesor...
Y tiene razón ese agente externo. La información pública es la más importante para provocar ajustes en las preferencias políticas de los ciudadanos.
Artículo 7 es un medio terco en destapar lo que por descuido o por decisión activa, otros medios insisten en mantener "tapado" o "escondido" de la conciencia del ciudadano.
Y esta semana —a partir del martes 12 de enero de 2010— la presencia de A7 en Internet fue activamente dañada, necesariamente, por instrucciones expresas de quienes se sienten molestos por lo que A7 considera importante para satisfacer el derecho a la información verdadera de sus lectores.
Ustedes, lectores, saquen sus propias conclusiones: ¿quién estuvo detrás del delictivo ataque? ¿Quién lo promovió? ¿Se quedará impune?
Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer los que estamos conscientes de que algo muy malo está pasando en las entrañas de nuestra sociedad?